Pablo Martínez Tizka

Fiscal María José Aguayo encabezó diligencias y aseguró que hay varios delitos que se investigan.

Ayer se confirmó la salida tres miembros del círculo cercano del gobernador.

Exseremi Eduardo Vivanco presentó querella por audio filtrado de reunión con Camila Polizzi.

El inédito allanamiento de computadores y documentaciones en el Gobierno Regional por parte de la PDI, más la renuncia de tres altos cargos cercanos al gobernador Rodrigo Díaz, marcaron la jornada de ayer en el Caso Convenios y generaron impacto a nivel nacional y estupor entre quienes pudieron presenciar el operativo policial desde el salón mural.

Consejeros y parlamentarios se refirieron al trabajo de la PDI y de Fiscalía, marcando que era una medida que debió tomarse antes. Asimismo, hubo reacciones sobre si las renuncias del administrador regional, Rodrigo Martínez; el jefe de gabinete, Rodrigo Alarcón; y el jefe de División de Desarrollo Social y Humano, Simón Acuña, son suficientes en materia de responsabilidad política.

Por su parte, el exseremi de Gobierno, Eduardo Vivanco, se refirió al audio filtrado de su reunión con Camila Polizzi, por el cual se querelló contra quienes resulten responsables por invasión a la privacidad e indicó que no hubo amenazas hacia ella, así como aclaró términos indicados en ese audio.

fiscalía y gore

Durante la tarde de este lunes, efectivos de la PDI y la fiscal de la Unidad Anticorrupción del Biobío, María José Aguayo, ingresaron al edificio del Gore, en el contexto de las investigaciones de oficio por eventuales delitos en el traspaso de recursos del Gobierno Regional hacia fundaciones.

Finalizada la diligencia, la fiscal explicó a los medios el motivo del allanamiento. "Es una diligencia paralela a las cinco investigaciones vigentes relacionadas con el Gobierno Regional, en la que se procedió a incautar documentación, equipos tecnológicos no solo fiscales, sino también relacionadas con particulares", dijo.

La fiscal no se refirió a la arista de la Fundación En Ti, representada por Camila Polizzi, ya que reiteró que hay secreto en esa indagatoria.

Sobre el tiempo de investigación, dijo que "todas tienen naturalezas distintas y hoy no se puede pronosticar cuánto va a tardar. Por supuesto que el encargo del Fiscal Nacional es acelerar las indagatorias, pero por la complejidad y por las cuestiones a tratar no serán de corto tiempo".

En cuanto a posible destrucción de evidencia, la fiscal dijo que no hay antecedentes suficientes para afirmarlo. "No obstante, si a lo largo de la investigación se puede determinar que un funcionario público o particular destruye evidencia o la altera, lo que se puede ver por el análisis de los equipos incautados, se abriría una investigación por obstrucción a la justicia".

"Los delitos que se están investigando van desde fraude al fisco hasta negociación incompatible y no se descarta ningún delito relacionado a corrupción o enriquecimientos ilícitos. Hay personas que tienen la calidad de imputada y sujetos de interés, tanto personas naturales como personas jurídicas", subrayó.

Asimismo, la persecutora indicó que "no existen órdenes de detención vigente y, si existieran, porque no lo estoy confirmando ni descartando, no lo podría anunciar por la prensa".

Finalmente, dijo que desde el Gobierno Regional, "existió todo tipo de colaboración para incautar los equipos fiscales".

En ese sentido, desde el Gobierno Regional se emitió una declaración pública en la que anunciaron su colaboración en la entrega de la información necesaria para esclarecer cualquier situación que pudiera ser irregular. "De manera voluntaria, entregamos documentos y computadores para el mejor trabajo de órgano investigativo que esperamos permitirá esclarecer cualquier situación que pudiese ser irregular y determinar las responsabilidades", se indicó.

Desde la PDI no se refirieron al tema, recalcando el carácter secreto de la investigación y que Fiscalía tiene la vocería.

renuncias

Más temprano, el Gobierno Regional dio a conocer la renuncia del círculo cercano del gobernador: el administrador regional, del jefe de gabinete del gobernador y del jefe de División de Desarrollo Social y Humano, lo que se dio a conocer en otra declaración pública.

El gobernador, Rodrigo Díaz, indicó que la medida se les comunicó el domingo por la tarde. "Los motivos que me llevaron a tomar la decisión (de aceptar las renuncias) tienen que ver con la responsabilidad política. Nosotros tenemos un problema político real y, a la par, tenemos una arista administrativa que debe ver Contraloría, y otra legal y penal que debe ver el Ministerio Público y los Tribunales", dijo Díaz.

Añadió que "yo trabajo de gobernador y he tomado una decisión bien dura. Sacar al administrador regional, al jefe de gabinete y al jefe de división de Desarrollo Social sería el equivalente a si el gobierno sacara a alguien como el ministro Jackson, a la ministra Vallejo y al ministro de Educación".

Por otra parte, en entrevista con radio Biobío, Díaz no descartó que exista una operación política en perjuicio de las regiones. "Hay personas que son profundamente centralistas en este país y aprovechan cualquier minuto para poder volver al estado centralista (...) los Gobiernos Regionales terminamos siendo chivos expiatorios para que otros problemas grandes que existen en el país no se vean", sostuvo.

reacciones

Consejeros y parlamentarios reaccionaron al allanamiento en el Gore y, además, a si las responsabilidades políticas ya están asumidas desde la gobernación con la renuncia de las tres personas cercanas al gobernador Díaz.

El consejero Javier Sandoval señaló que "esto da cuenta de la magnitud de la crisis, de la gestion de recursos públicos y del fracaso del mecanismo de asignación que ha dañado la región y que el programa del gobernador Rodrigo Díaz era de despilfarro. Nosotros solicitamos esta diligencia desde el inicio y creemos que se cumplió algo muy importante".

En cuanto a la renuncia del círculo de confianza del gobernador, Sandoval indicó que "creemos con la consejera Camila Arriagada que hay otras jefaturas que deben asumir responsabilidades, como la de Finanzas, y creemos que el gobernador quiere alejarse de su responsabilidad. Estamos analizando antecedentes que configuren una destitución ante el Tricel electoral de parte de los consejeros, por abandono notable de deberes".

El consejero Rodrigo Vera, por su parte, sostuvo que "las instituciones tienen que funcionar y trabajar para que se sepa toda la verdad. Lo importante son los resultados". Asimismo, dijo que "el gobernador asume una responsabilidad política con pedir la renuncia de su círculo cercano. En cuanto a una destitución, hay que ser claros, no hay ningún antecedente de Contraloría o Fiscalía que nos permita evaluar esa acción jurídica".

Desde el Congreso, el diputado Eric Aedo, que también forma parte de la comisión investigadora que analiza el Caso Convenios desde este lunes, señaló sobre el allanamiento que "espero que se llegue hasta las últimas consecuencias en esta investigación que tiene que ser abierta a la comunidad. Todo el país y el Biobío debe enterarse".

Sobre las renuncias en el Gobierno Regional, Aedo sostuvo que "dan cuenta del verdadero terremoto político que se vive en la gobernación".

En tanto, la diputada María Candelaria Acevedo dijo que "valoro la acción de solicitud de renuncia en el Gore Biobío, pero eso no viene a solucionar los problemas que son mucho más de fondo. Hace mucho tiempo estamos diciendo que hay que mejorar la ley que tiene relación con los gobiernos regionales".

La diputada Marlene Pérez marcó sobre el allanamiento que "me parece que se está haciendo con una tardanza que preocupa. Hoy la Fiscalía allana al Gobierno Regional, algo que lo habíamos solicitado con muchas semanas de anticipación y creo que les dio tiempo a quienes hoy están incurriendo en hechos que no corresponden a actuar y eso no ayuda en nada a buscar finalmente a los responsables".

Por último, el senador Gastón Saavedra señaló sobre las renuncias en el Gore que "me parece bien la decisión del gobernador de la región del Biobío. Espero una medida similar del poder central. Debiera ser imitado en el resto de la administración pública donde ocurren estos hechos".

análisis político

Lucas Serrano, director de Administración Pública Advance de la Universidad San Sebastián, analizó los efectos políticos del allanamiento en el Gore y las renuncias de cercanos al gobernador.

Sobre el operativo, dijo que "la lectura política es compleja porque quiere decir que hay suficientes antecedentes para que haya algo de materia que puede estar en rango criminal. Las imágenes son complejas, aunque no debieran ser sorpresivas en esta casi teleserie".

En cuanto a las personas que renunciaron, el académico indicó que "eran personas que pertenecían a su círculo de hierro y van en la dirección correcta. Será interesante ver quiénes los reemplazarán, si vendrán del mundo privado o serán de partidos políticos, ya que son cargos importantes".

Por último, el académico dijo que "si bien el gobernador no se ha escondido y no creo que esté en una posición de muerte segura, está caminando sobre un espacio muy frágil, en especial si los consejeros regionales logran llegar a 10 para llevarlo al Tricel por notable abandono de deberes".