El vocero de la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria de la Región del Biobío, Iván Montes, llamó al Gobierno a hacerse cargo de los compromisos adquiridos en el Plan de Fortalecimiento Industrial, luego del anuncio de cierre que llevó a cabo PacificBlu.

Montes señaló que "de concretarse el término de sus operaciones, tendrá un fuerte impacto sobre el empleo de cientos de trabajadores y sus familias de forma directa, en su mayoría mujeres jefas de hogar", dijo.

Añadió que "por eso hacemos un urgente llamado al Gobierno a agotar las instancias para solucionar este problema y hacerse cargo del compromiso con la región en el Plan de Fortalecimiento de la Industria Regional del Biobío. También a los parlamentarios de la región, que a excepción del senador Saavedra y del diputado Bobadilla, han estado siempre presentes".

El dirigente sindical, finalmente, indicó que dependiendo de las gestiones que realice el Gobierno, evaluará su participación en la mesa del Plan de Fortalecimiento.

2026 iniciaría con el cierre de PacificBlu el próximo 1 de enero, según lo anunciado por la firma.

Pablo Martínez Tizka

Compañías pesqueras de la Región del Biobío confirmaron a La Estrella que habrá un proceso de ralentización en materia de operaciones tras la aprobación de la Ley de Fraccionamiento en la Comisión Mixta del Congreso Nacional.

Tras la decisión de PacificBlu de anunciar el cierre de la compañía el próximo 1 de enero de 2026, otras pesqueras de la zona manifestaron cautela respecto al futuro.

Sin embargo, aseguraron que tal como está la ley en estos momentos, habrá efectos negativos.

Pesqueras

Andrés Daroch, gerente general de FoodCorp, aseguró que los cambios que se aprobaron en la Comisión Mixta va a generar un escenario complejo.

En específico, el ejecutivo de la empresa ubicada en Coronel sostuvo que "ralentizarán todo el programa de crecimiento de la compañía".

Remarcó que existen contextos desfavorables como la disminución de la temporada de jurel en un mes y medio, lo que afectará la duración de los empleos. "No podemos descartar algún tipo de reorganización", señaló.

A esto, criticó que existe una eventual propuesta de gravar el traspaso de cuotas internacionales de pesca para financiar la ley. "La compra de cuotas artesanales nos deja en una posición compleja y eventualmente deficitaria, porque existen contratos vigentes de largo plazo que no se pueden reducir para compensar el eventual impuesto".

Desde Landes, su gerente general, Andrés Fosk, indicó que "la nueva legislación pesquera que impulsa el Ejecutivo es una lápida para nuestra industria y, más grave aún, golpea el bienestar de cientos de familias, empujando iniciativas que violan la Constitución y afectan derechos patrimoniales".

Asimismo, reiteró que la empresa solicitó una medida prejudicial contra el Estado de Chile, debido a esta ley. "Nos reservamos el derecho de adoptar todas las medidas necesarias para proteger el empleo de nuestros trabajadores", indicó Fosk.

David Cademartori, abogado socio de Barros & Errázuriz, oficina que tramita la acción de Landes, sostiene que "observamos con mucha preocupación cómo acá se incumplieron las reglas fijadas para una correcta discusión legislativa, en la que se ponderen todos los intereses: por una parte, los derechos adquiridos de las empresas, y por otro, el cuidado de los recursos".

Desde Blumar se indicó respecto al proyecto, que "daña la certeza jurídica necesaria para que Chile vuelva a crecer".

En cuanto a posibles decisiones a futuro, se indicó desde la pesquera que "si bien aún hay que esperar qué pasará a partir de la próxima semana, es probable que tenga un efecto negativo en las inversiones y en el empleo de calidad".

En tanto, desde Camanchaca se indicó sobre los efectos del proyecto de ley de fraccionamiento que "frente a este escenario de incertidumbre y cambios reiterados en las reglas del juego, consideramos que lo prudente es esperar a conocer con claridad lo que el Congreso apruebe formalmente para así evaluar y determinar las acciones pertinentes", manifestaron.

4 pesqueras reaccionaron a lo que por el momento es la Ley de Fraccionamiento.