Leo Riquelme

En un revés para la Fiscalía, que pedía prisión preventiva, la Corte de Apelaciones de Santiago descartó la solicitud del Ministerio Público y optó por mantener bajo el régimen de reclusión domiciliaria total a la exalcadesa de Maipú, Cathy Barriga, quien está imputada por fraude al Fisco y falsificación y/o uso malicioso de instrumento público en su administración municipal.

Los miembros de la sexta sala cuestionaron que lo defraudado ascendiera a los 30 mil millones de pesos y el presidente del tribunal de alzada, Juan Cristóbal Mera, votó incluso por acoger el recurso de la animadora de televisión, que solicitaba quedar solo con reclusión domiciliaria nocturna.

La fiscal Constanza Encina admitió su disconformidad con la decisión y expresó su extrañeza con el cuestionamiento al informe de Contraloría que alertó del déficit y perjuicio a las arcas municipales de Maipú. Añadió que por lo menos supera los $21 mil millones.

Entre los argumentos expuestos por el Ministerio Público en la audiencia para sustentar la solicitud de prisión preventiva estuvo un intento de contacto al fotógrafo municipal, que la fiscal Encina dijo que se hizo a nombre de la exalcaldesa.

"Esos son rellenos que hace el Ministerio Público", manifestó el abogado de Cathy Barriga, Marcelo Hadwa, quien agregó que "de a poco se va a ir demostrando que los argumentos que entrega el Ministerio Público son inexactos".

El defensor también criticó que el Fiscal Nacional Ángel Valencia solicitara la prisión para Cathy Barriga, y agregó que lo que conversen con ella sobre su exposición en redes sociales cuando está bajo arresto domiciliario son asuntos privados.

El actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, lamentó la decisión y aseguró que no se trata "de una persecución política (...) Estamos persiguiendo delitos graves que se cometieron dentro del municipio".

El tribunal sí le quitó el arresto nocturno al exasesor de Barriga, Luis Japaz, quien quedó con arraigo y prohibición de acercarse a los implicados.

La presentación de una demanda por daños a la honra y difamación de parte de Giorgio Jackson en contra del senador PS Fidel Espinoza no amilanó al parlamentario, quien insistió en relacionar el robo de 24 computadores y una caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social con los convenios irregulares que implican a militantes de RD.

"No creo nada el tema del robo. El entorno de Jackson debe ser investigado y eso no es imputarle a él ningún delito. Fue un tongo ese robo y eso lo voy a seguir diciendo, aunque Jackson quiera que yo le pida disculpas", dijo Espinoza al canal del Senado.

Esta semana la Corte de Apelaciones de Valparaíso designó al juez Mario Gómez para revisar la causa en contra del socialista, quien en medio de los escándalos por los convenios llamó a Jackson como "el líder de una banda".

Espinoza ha sostenido que hizo "críticas políticas" hacia el exministro, al que calificó de un hombre "inteligente pero soberbio". "Él no puede sentirse fuera del Gobierno. No puede sentir que va a trabajar al mundo privado. Cree que el Estado le debe algo a él, y eso es una equivocación", planteó.

Espinoza ha sido de los más críticos con el Ejecutivo desde que estalló el caso, a mediados del año pasado.

"A mí me quisieron callar (...) Me dijeron dejémoslo ahí en Democracia Viva y yo dije no, aquí hay más involucrados. Y el tiempo me terminó dando la razón", dijo.

A la persecución administrativa y política abierta por el caso, ayer la bancada de diputados RN sumó una arista penal al presentar un recurso en la Fiscalía y recurrir al Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo al que le solicitaron que investigue la entrega de pensiones de gracia por el estallido social, y que la Contraloría cuestionó por considerar a 58 personas condenadas por delitos graves y supuestas deficiencias en los informes médicos.

Los diputados José Miguel Castro, Andrés Longton y Diego Schalper compararon lo ocurrido con el caso de los "Falsos exonerados" de 2008, cuando se descubrió a personas que mintieron para recibir pensiones, y ayer presentaron una denuncia en la Fiscalía Nacional por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y de fraude al Fisco.

Los legisladores acusaron "negligencias manifiestas, potencialmente fraudulentas y que han significado el acceso a beneficios fiscales a personas que no debían ser asignatarias de estos".

El Gobierno reiteró ayer que fue un error entregar las pensiones a personas con antecedentes por delitos graves, pero insistió en que el procedimiento de otorgamiento no incluía la revisión y databa de la administración de Sebastián Piñera.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo que en el gobierno anterior se entregaron 21 pensiones a personas con antecedentes, incluido uno condenado por abuso sexual a menores. "Yo entiendo que en ninguno de los dos casos hubo mala fe, se respetó el procedimiento", dijo, asegurando que se revocarán las entregas en estas condiciones.

58 de los beneficiados con pensiones por el estallido social tienen condenas, según Contraloría.