Una junta de amigos en una vivienda de Conchalí terminó con un muerto y dos heridos durante la noche del jueves. El grupo se encontraba en una casa cuando al domicilio llegaron dos vehículos, de los cuales bajaron entre siete a ocho personas, quienes estaban armados, vestían chaquetas falsas de la Policía de Investigaciones (PDI) y comenzaron a disparar hacia la vivienda desde la calle. Los tiros hirieron a dos de los contertulios, por lo que sus mismos amigos lo subieron a un auto y salieron a toda velocidad hacia el Hospital San José. En ese trayecto el piloto perdió el control del vehículo e impactó una reja de avenida Independencia. A causa del choque el motor salió eyectado. Uno de los ocupantes murió y el otro baleado fue internado de urgencia en el hospital.

El fiscal regional coordinador del Equipo Contra el Crimen Organizado y los Homicidios (ECOH), Héctor Barros, sostuvo que el hallazgo de dos casas dedicadas a la tortura en Maipú se relacionan con una pugna por el mercado de las drogas. "Lo que está ocurriendo acá es una disputa por un mercado que es la venta de ketamina. Y de acuerdo a los antecedentes investigativos, lo que buscan las organizaciones venezolanas es que se fije un precio igualitario entre lo que venden ellos como venezolanos y lo que venden los inmigrantes colombianos", dijo Barros a radio Pauta.

El persecutor dijo que en medio de esa disputa han surgido secuestros, extorsiones y ejecuciones, que se producen cuando los parientes de las víctimas no pagan lo que se exige para la liberación.

"Ellos (los autores) no tienen problema en que los cuerpos aparezcan a ocho minutos del lugar o a muy poca distancia, porque muchas veces lo que buscan las organizaciones es dar un mensaje a las potenciales víctimas. Es un acto de comunicación de 'si usted no paga, estas son las consecuencias'", prosiguió.

"La frialdad con la que actúan es impresionante para la cultura delictual que nosotros tenemos", dijo el fiscal, quien añadió que se trata de una realidad en lo operativo "que existía en Centroamérica y que ahora se extrapoló a nuestro país, a propósito de la inmigración", razón por la que se mostró a favor de una mayor regulación.

Leo Riquelme

Un niño de 12 años murió en la noche del jueves, cuando recibió un balazo en la cabeza mientras acompañaba en un vehículo a un tío de 18 años y a dos amigas que esperaban presuntamente a un vendedor de droga en Pudahuel. La joven víctima se convirtió además en el séptimo menor de edad que fallece en balaceras desde diciembre en el país.

El hecho ocurrió a las 23.35 horas cuando estaban estacionados en San Daniel con el pasaje Huequén, en la citada comuna. De acuerdo a la investigación, el tío y sus amigas habrían contactado a un traficante a través de la aplicación Grindr.

Las personas aguardaban la transacción y en un momento el joven descendió para concretar la compra. Ahí apareció un pistolero, quien percutó cerca de 20 tiros en contra del automóvil, donde el único herido fue el niño.

El delincuente escapó y el tío condujo raudamente hasta el Hospital Félix Bulnes, donde finalmente el niño falleció.

En el sector un joven que había ido a visitar a unos amigos recibió un disparo en la pierna supuestamente en una bala loca que fue parte del hecho, según el fiscal Gamal Massú, del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Ayer, los equipos investigadores trabajaban en la tesis de que los disparos no eran contra el vehículo, sino contra el vendedor de droga. Vecinos del sector coincidieron por su parte en que las balaceras se han hecho frecuentes en esa zona.

Exigen medidas

La muerte del menor en Pudahuel es la séptima que se produce en el país desde diciembre, ninguna de las cuales ha tenido detenidos. El Defensor de la Niñez, Anuer Quesille, llamó a todas las instituciones a acordar medidas y políticas que posibiliten garantizar ambientes seguros para la infancia.

"Frente a hechos tan grave, no sólo los alcaldes, el Gobierno también considera que las estrategias y operativos tienen que fortalecerse", dijo a su vez el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien contó que trabajan con los municipios para tener mejor información de inteligencia sobre las bandas que operan en las comunas.