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El Gobierno promete proyecto para favorecer menores precios del gas

Ante revés en Contraloría de plan municipal, parlamentarios presentaron mociones y la Cámara ya comenzó a a tramitar uno de los proyectos.
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Leo Riquelme

El rechazo de Contraloría a las opciones de que los municipios entren al mercado del gas licuado, en los que estaban en tratativas unas 150 alcaldías del país, podría resolverse gracias a un proyecto de ley que planea ingresar el Gobierno en unas dos semanas, según indicó ayer el vocero Jaime Bellolio.

"Es muy importante para las personas, particularmente para las más vulnerables", dijo el ministro, quien aseguró que su par de Energía, Juan Carlos Jobet, ya trabaja en la materia.

Bellolio dijo que la iniciativa apuntará a mejorar las condiciones de venta de cilindros, a fin de lograr menores precios que los que pagan actualmente los consumidores y mejorar la calidad del servicio.

De acuerdo a un reciente informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el alto valor de este combustible se explica en parte a la escasa competencia que hay entre las tres empresas del rubro y a que los vendedores minoristas están imposibilitados de vender productos de distintas empresas. Por tal razón aconsejó sacarlas de esta parte del negocio.

El presidente de la recién creada Asociación de Municipios por el Gas a precio Justo, el alcalde de Chiguayante Antonio Rivas, había llamado al Ejecutivo a impulsar una ley que sorteara la interpretación efectuada ante las tratativas con la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP).

La idea de los municipios era distribuir balones de 15 kilos a precios que podían ser hasta 10 mil pesos inferiores a los del mercado.

Aunque la compañía se había manifestado a favor de respaldar la venta directa de cilindros a las municipalidades, el ente contralor indicó ante una consulta que las administraciones comunales podrían ingresar a ese mercado sólo si una reforma Constitucional lo autorizaba, y lo diferenció de las llamada farmacias populares en que la salud primaria es un ámbito propio de sus funciones.

Ante ello, ayer diputados de distintos partidos anunciaron, presentaron y promovieron mociones para que se permita a las municipalidades ingresar a este negocio y también para que ENAP pueda distribuir y comercializar, a consumidores finales, gas licuado de petróleo y gas natural.

Una que apunta en ese último sentido, del PS Gastón Saavedra, comenzó ayer mismo a discutirse en la comisión de Minería y Energía de la Cámara. El parlamentario lo justificó en que, por ejemplo, ENAP vende en su planta de llenado de San Fernando el kilo de gas licuado a 556 pesos en invierno, que, luego se adquiere tres veces más caro por la ciudadanía.

Prorrogan hasta marzo el Ingreso Laboral de Emergencia

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La tasa de desempleo llegó en el trimestre agosto -octubre a un 8,1%, es decir, 3,5 puntos por debajo de lo que se registraba hace 12 meses, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que destacó además que sin la variable de estacionalidad en el país se crearon 86.695 puestos respecto a la entrega anterior.

De acuerdo al organismo, la economía ha recuperado 1,3 millones de ocupaciones comparado al peor momento de la pandemia, lo que equivale al 71% de lo perdido a causa de las restricciones asociadas al covid-19.

Pese al mejor momento, el Gobierno anunció que prorrogará hasta marzo la vigencia del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Laboral, que ha beneficiado a cerca de 400 mil trabajadores.

La medida amplía el periodo de postulación a enero, febrero y marzo, mientras que quienes resulten beneficiados en noviembre y diciembre de 2021 recibirán hasta 3 meses de pago del subsidio, siempre que permanezcan empleados. El subsidio entrega hasta $200 mil para hombres entre 25 y 55 años, y hasta $250 mil para mujeres entre 18 y 24 años, hombres mayores de 55 años, personas con discapacidad, y asignatarios de pensión de invalidez.

Desalojo de ambulantes tensiona al barrio Meiggs

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Barricadas y enfrentamientos con Carabineros hubo ayer en el barrio Meiggs de Santiago, luego que el municipio solicitara el despeje de toldos de vendedores ambulantes callejeros ilegales que se han tomado el sector.

La directora de Seguridad del municipio capitalino, Natalia Silva, informó que hicieron la petición de operativo a la policía y a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana porque son tantos los comerciantes que ya dificultan el funcionamiento del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Número 5, han obligado a desviar siete recorridos del Transantiago y les imposibilitan efectuar labores "tan esenciales" como el aseo.

En el despeje los vendedores arremetieron contra funcionarios de Carabineros. La subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, dijo a radio Cooperativa que existe una mesa de trabajo permanente con los municipios de Santiago y Estación Central, Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos y la fiscalía, pues en ese sector "estamos enfrentando mafias que muchas veces ocupan armas y se vinculan al narcotráfico".