Daniel Parra Roa

El fiscal metropolitano oriente, Manuel Guerra, se refirió en una entrevista a Radio Universo a la polémica que se ha creado en torno a la "primera línea", asegurando que formar parte de estos grupos no significa ningún delito. El fiscal definió a estas entidades como "grupos de personas que encabezan la oposición al actuar de la fuerza policial" y agregó que "no se ha creado en Chile el delito de primera línea".

Sin embargo, aseguró que esto no los resta de ser perseguidos en caso de participar en destrozos o agresiones. Al respecto, agregó que "las personas que forman parte de ese grupo, los que agreden a la policía, provocan daños en la vía pública, lanzan bombas molotov, son distintas figuras penales que debemos perseguir".

En esta línea, la autoridad aseguró que como Fiscalía "hemos investigado conductas y hemos detenido personas que cumplen ese rol (de primera línea) que cometen delitos".

Sin embargo, recalcó que actualmente "el desorden público tiene una penalidad baja, la mayoría no tienen antecedentes, muchos son menores de edad y la persona no va a quedar con prisión preventiva".

Caso del ak-47

En la entrevista también se refirió al caso de compra ilegal del fusil AK-47, comentando al respecto que "nosotros no tenemos lo que algunos manifestaban, un supuesto grupo de ultra derecha, que pretendía realizar ciertos desmanes y atentados en marzo".

El fiscal además quitó relevancia al hecho, asegurando que desde la institución "tenemos simplemente delincuencia, una de las personas formalizadas ofrece una AK-47 que poseía a un segundo sujeto que pretendía comprarla. Lo que nosotros entendemos, es que esa persona tiene vínculos con delincuentes".

Al ser consultado por el proceso de investigación, reconoció que "es un caso interesante, que se está indagando de forma reservada. Creemos que pueden haber casos similares, porque de algún lado sacan armas los delincuentes".

Desde el Ejecutivo aseguran que debido al carácter reservado de la investigación, recién en marzo podrían decidir el querellarse por la Ley de Seguridad del Estado, como ya lo han hecho en casos anteriores relacionados al estallido social. Las declaraciones se dan tras el anuncio del Presidente Sebastián Piñera de un "gran acuerdo nacional contra la violencia".

A pocos días de iniciar el año escolar, los Ministerio de Transportes y de Justicia y el Registro Civil informaron ayer que 9.406 personas están inhabilitadas para trabajar con menores de edad al estar condenados por delitos sexuales. Del total, 9.318 son hombres, correspondiendo al 99% de los casos. La ministra de Transportes, Gloria Hutt, hizo un llamado a los padres informarse sobre quiénes transportan a sus hijos, por lo que recomendó "verificar que el vehículo esté registrado en la base del ministerio y revisar los antecedentes del conductor y acompañante". El ministro (s) de Justicia, Sebastián Valenzuela, señaló que en la página del Registro Civil está el servicio gratuito "para verificar a las personas que han sido condenadas por delitos sexuales en contra de menores de edad". En ella se puede ver el cumplimiento de las prohibiciones e inhabilidades, que en su mayoría son perpetuas, para trabajar en contacto con niños. Los datos se actualizan a diario y que llevan más de seis millones de consultas.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, reveló que existen 260 personas en seguimiento por sospecha de coronavirus (Covid-19) en el país. Tienen el mínimo riesgo de contagio y "están en su casa en aislamiento, porque esa es la medida que se ha recomendado. No pueden salir durante los 14 días, deben usar mascarillas, además. Las personas en observación se encuentran siendo monitoreadas por sus respectivos seremis".

La subsecretaria Paula Daza aseguró que estos casos "están en riesgo de haber estado en contacto, pero no son casos sospechosos". Según Mañalich, "hemos tenido a esta altura más de 300 casos de personas que han cumplido con la condición de eventualmente ser un caso sospechoso (...) de estas 300 personas, hay aproximadamente 25 ya que abandonaron la cuarentena y, por lo tanto, ya están liberadas de seguimiento. Las otras se mantienen con uso de mascarilla y con aislamiento".

El titular del Minsal aseguró que "tenemos que tener un nivel de vigilancia enorme". Por ello, "desde el viernes será obligatorio que las personas firmen una declaración jurada diciendo su historial de viaje". A partir del lunes se contará con un "triage efectivo" (protocolo de clasificación) para realizar tests preventivos.

Las autoridades esperan una inminente presencia del virus en el país. Mañalich dijo que "es altamente plausible que si esta enfermedad llega, lo haga en coincidencia con el brote de influenza que está empezando a llegar a Chile".