Acusan que ley no regula distancia entre terrenos forestales y poblaciones
Expertos dijeron que es necesario realizar cambios para evitar que el peligro llegue a los vecinos.
La intensidad de los incendios forestales ha ido descendiendo con el paso de los días y la baja en las temperaturas, lo que sin duda trae un alivio para los miles de afectados por la enorme tragedia. Como es habitual, después de cada suceso, se buscan culpables.
A través de redes sociales, las responsabilidades han sido endosadas hacia las forestales y su mecanismo para generar plantaciones de pino y eucaliptus, especies que serían de rápida combustión, entre otras características nocivas para el ecosistema.
María José Ruiz-Esquide, gerente técnico de la Asociación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (Aifbn), sostuvo que "es posible que hayan especies que se queman más rápido y más violentamente que otras, pero la causa del problema no son los árboles".
"Si la vegetación fuera el problema, entonces tendríamos que transformar toda la zona central de Chile en un gran desierto para reducir el riesgo de incendios y su propagación, y eso obviamente es un absurdo", añadió.
Para la Aifbn, el problema es la legislación, la que consideran muy permisiva. "El establecimiento de plantaciones forestales en Chile no se ha enmarcado en una planificación territorial que considere criterios ambientales, sociales y económicos", señaló.
Apelando a eso, explicó, se han plantado grandes extensiones de pinos y eucaliptus, en cercanías de ríos, esteros, caminos, poblados y ciudades, sin cortafuegos. "Comunidades han quedado sin agua y, en estos momentos, facilitan la expansión de incendios forestales", indicó.
Corma
Fernando Raga Castellano, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), apuntó con respecto al exceso de forestación que "no creo que haya una expansión desmedida. De hecho, aún hay más de 1,5 millones de hectáreas en peligro de erosión que debieran ser forestadas".
Ante las acusaciones de plantar en áreas urbanas o cercanas a poblaciones, Raga lo ve diferente. "La situación varía dependiendo de las poblaciones. En muchos casos éstas se han expandido con poco o ningún control hacia áreas forestadas", manifestó.
Considerando los peligros que han quedado de manifiesto en esta tragedia, asume que es un problema y urge hacer algo al respecto. "Es necesario regular la existencia de áreas de protección que no puedan ser utilizadas con construcciones", sostuvo el presidente de la Corma.
De acuerdo a las cifras entregadas por dicha corporación, se han registrado pérdidas de 70 mil hectáreas con la gran cantidad de incendios forestales, lo que en dinero, asciende a los 350 millones de dólares. Ahora, viene el difícil camino de recuperar ese monto.
"Es posible prever que los forestadores privados tendrán problemas de financiamiento y escasez de plantas para hacerlo en plazo corto, por lo que el proceso re-reforestación puede tomar tiempo", aseguró Raga.
El proceso, señaló, tiene sus problemas. "Hay riesgo de que se produzca erosión en las áreas no reforestadas", anticipó.
Por ese motivo, cree que las grandes empresas forestales tratarán de hacerlo con urgencia. "Posiblemente tratarán de reforestar los terrenos a la brevedad posible para evitar la erosión, e iniciarán programas de restauración de las áreas de conservación afectadas por los siniestros dentro de sus propiedades", sentenció.
Pide que se legisle con urgencia
El senador por Bío Bío Costa, Alejandro Navarro, manifestó su preocupación por el tema de la cercanía de predios forestales y asentamientos urbanos. "El proyecto de Ley está hace cinco años en el Senado. Ahí se establece una franja de seguridad de 500 metros y la prohibición de plantaciones forestales en áreas urbanas", manifestó. Si bien reconoce que no existe una norma, está seguro que "no se condice con el plano regulador". En este contexto, junto a vecinos acudió a la Corte de Apelaciones y presentó un recurso de protección. "Queremos que las empresas hagan franjas de seguridad ahora", subrayó.