Pablo Martínez Tizka

Un total de 60 instituciones que se encuentran ubicadas exclusivamente en la Región del Biobío son investigadas -hasta ahora- por la Contraloría General de la República, en las cuales, un total de mil 191 funcionarios públicos habrían solicitado licencias médicas y luego viajaron al extranjero entre los años 2023 y 2024.

Este desglose se dio a conocer luego que la institución informara de los datos a nivel nacional, en el que 25 mil funcionarios públicos son indagados por esta acción.

En el informe, se indicaron las 10 instituciones con mayor cantidad de casos investigados, liderados por Junji con 2 mil 280 y la Fundación Integra con mil 934.

En ese primer análisis, ninguna institución de la región del Biobío aparecía como investigada.

Sin embargo, Contraloría dio a conocer la lista con los 777 organismos que presentan estos casos, entre los que hay 60 de la Región del Biobío, siendo la Municipalidad de Talcahuano la que tiene el mayor número de casos con un total de 199.

El resto de municipios que presentan situaciones a investigar por mal uso de licencias para viajes al exterior, son Hualpén (103), Coronel (73), Lebu (35), Chiguayante (33), Cañete (29), Lota (24), San Pedro de la Paz (23), Tirúa (18), Tomé (11), Concepción (11), Santa Juana (7), Penco (3), Los Álamos (3), Hualqui (3), Curanilahue (2) y Florida (2).

No obstante, Contraloría diferenció los casos de cada municipio con los que hay presentes en algunos departamentos o direcciones, que en su mayoría son de Educación o de Salud.

En cuanto a Educación, la cantidad de casos a investigar es liderada por la Dirección de Educación Municipal de Tomé con 113, seguida por las de Penco (43), Lota (36), Curanilahue (29) y Los Álamos (23). A esto, se suman tres casos en el Servicio Local de Educación Andalién Sur.

En Salud, el número de funcionarios investigados es encabezado por la Dirección de Salud Municipal de Concepción (91), seguido por el Departamento de Salud de Los Álamos (19), el de Hualqui (18), Lota (17), Curanilahue (12), el Hospital Naval de Talcahuano (12), el Servicio de Salud Arauco (7), el Cesfam de Penco (6), el Servicio de Salud Talcahuano (5), el Servicio de Salud Concepción (2) y el Departamento de Salud Municipal de Florida (2).

En otras instituciones, hay dos licencias investigadas de funcionarios del Gobierno Regional del Biobío, una en la Universidad del Bío-Bío y una en la Seremi de Vivienda y Urbanismo.

Ante esta información de Contraloría, ha existido una condena transversal desde las autoridades regionales y comunales, en el que alcaldes como Eduardo Saavedra de Talcahuano y Rodrigo Vera de Penco han anunciado sumarios administrativos contra los responsables.

En ese sentido, abogados expertos en materia de transparencia y derecho administrativo conversaron con La Estrella respecto a la efectividad de este procedimiento en cuanto a sanciones y desvinculaciones, además de qué factores pueden favorecer un proceso serio y efectivo.

Voluntad política

Alberto Precht, abogado socio de AGPP, consultor y speaker internacional en materias de Integridad, Anticorrupción y Transparencia, señaló que "para que un sumario administrativo avance rápidamente depende más bien de la voluntad política".

En ese sentido, explicó que "hay que analizar caso por caso. En algunos, la desvinculación podría ser una medida excesiva. Por ejemplo, aquellos que han tenido conducta intachable anterior, que haya sido un solo día de licencia o que hayan devuelto los fondos".

Marcó que "esto es muy distinto de aquel que haya hecho uso reiterado y descarado de esto, además de que no haya devuelto los fondos. Evidentemente que en ese caso se aplicaría una falta grave a la probidad y habría una mayor probabilidad de desvinculación".

Trabas

Giovani Péndola Belmar, académico de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB) sede Concepción, señaló, en primer lugar, cuáles son las sanciones a las que se exponen los investigados.

"En cuanto al mal uso de licencia médica en el sector público, cabe señalar que la Contraloría General de la República es lapidaria con aquellos casos, siendo invariable la jurisprudencia administrativa que califica aquel hecho como una falta grave a la probidad, lo que no solo importa una responsabilidad administrativa sancionada con la destitución, sino que, incluso podría ser configurativo de delito penal", dijo.

Sobre el proceso, explicó que "como toda destitución, esta debe ser tramitada en sumario administrativo el cual, si bien tiene sus plazos definidos en el Estatuto Administrativo General (el cual no debería durar más de 3 ó 4 meses) aquellos tienden a dilatarse por años, muchas veces por la pasividad de los fiscales administrativos encargados de sustanciar aquel procedimiento".

No obstante, Péndola indicó que estos fiscales pueden encontrarse con trabas propias del sistema sanitario chileno.

"Al estar la licencia médica bajo el secreto de la ficha clínica, de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, hace que, muchas veces, los fiscales administrativos deban actuar a ciegas sin saber el cuadro médico del funcionario investigado. Por ejemplo, si el viaje al extranjero obedecía a aspectos exclusivos de tratamiento médico y no de agrado, si la licencia médica permitía el viaje al extranjero por motivos de recreación como puede suceder en las licencias psiquiátricas, etc".

Otra reflexión realizada por el docente se relaciona a que "los recursos utilizados en el pago de licencias médicas en el sector público son millonarios, lo que se recrudece aún más en casos como el que actualmente se ventila en prensa, dado que la coyuntura será la siguiente: las licencias médicas de todos aquellos funcionarios deberían ser rechazadas",

En ese sentido, señaló: "¿Qué sucede con todas aquellas remuneraciones pagadas por la Administración que fueron desembolsadas entre la emisión de la licencia y su rechazo por el viaje al extranjero? Aquellos montos estarán en el bolsillo del funcionario que viajó al exterior, el cual ahora deberá restituir aquellos mediante una serie de procedimientos administrativos, como un sumario, lo que vuelve aún más engorrosa la devolución. Esto último es un capítulo separado, que merece su propio análisis".

Etapas

Philippe Giraudo, abogado y docente de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo (UDD), indicó que "el sumario administrativo tiene cinco etapas que son: constitución de la fiscalía, etapa indagatoria, etapa acusatoria, etapa resolutiva y etapa de impugnación. Hay plazos por etapas que no son muy prolongados".

El experto explicó que "al tratarse de un sumario, debiera ser relativamente rápido. Por ejemplo, el periodo indagatorio dura 20 días, que pueden prorrogarse 10 días más por una sola vez".

En cuanto a posibles desvinculaciones, Giraudo manifestó que "depende de la prueba que recolecte el fiscal sustanciador, así como los distintos elementos que puedan determinar que existe responsabilidad administrativa. Si eso es de tal gravedad, obviamente se puede solicitar la pena máxima administrativa posible".

Asimismo, remarcó que estas personas podrían ser objeto no solo de responsabilidad administrativa.

"El Artículo 120 del Estatuto Administrativo establece que la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal y, en consecuencia, las actuaciones o resoluciones referidas a ésta, (…) no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos", indicó el experto.

En definitiva, los académicos esperan un proceso justo y que estas situaciones no ocurran en el país.