Cristian Aguayo Venegas

Descompensaciones de residentes y externalidades negativas que incluso han afectado a transeúntes, se han seguido sucediendo, según vecinos, en la residencia del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SPE Biobío) ubicada en la esquina de Castellón con San Martín, del sector céntrico de Concepción. El lunes por la noche, por ejemplo, peatones fueron mojados desde un segundo piso del inmueble.

En este sentido, funcionarios del SPE (ex Mejor Niñez), plantearon una serie de observaciones que impiden -según ellos- desarrollar un trabajo óptimo en beneficio de los menores protegidos por la unidad estatal.

"Si el modelo de protección que señala la orientación técnica se aplicara, se contaría con una cantidad óptima de personal. No obstante, es recurrente el ingreso de usuarios con problemáticas de consumo abusivo y dependiente de drogas, lo que hace que la supervisión y la capacidad de control escapen a las competencias del personal", indicó Rodrigo Bustos, representante de los trabajadores de la citada organización pública.

"A esto se suma la necesidad de enfocarse en proteger a los jóvenes más vulnerables, para evitar que aquellos con problemas de consumo (de drogas) los agredan. En estas intervenciones, muchos profesionales son agredidos física y psicológicamente", agregó.

"El aumento del ingreso de jóvenes con problemas de infracción de ley y consumo de drogas cambia la dinámica residencial, generando múltiples conflictos, ya que intentan robar y agredir tanto a funcionarios como a sus pares, con el fin de obtener dinero para adquirir drogas. Además, se producen actos de destrucción de mobiliario, entre otros, más la salida de funcionarios con licencias médicas por agresiones", comentó.

"Cabe señalar que la Ley de Garantías y Derechos de la Infancia no deja de ser, en la práctica, sólo una disposición programática, con muy poca aplicación real. Esto se evidencia en que, en materia de infancia, ni el sistema de salud, ni Senda, ni Senadis, han realizado las inversiones necesarias para generar dispositivos de atención para quienes requieren prestaciones que, por ley, les corresponde brindar a dichos servicios", explicó el dirigente.

"El Servicio de Protección Especializado debe hacerse cargo de brindar atención en sus centros, sin contar con el personal calificado, las condiciones de infraestructura ni las orientaciones técnicas necesarias para responder a las necesidades de los jóvenes", cerró.

DIRECCIÓN

Andrea Saldaña, directora regional del SPE Biobío, indicó que "como servicio convocamos a un grupo de asesores que se han estado reuniendo los últimos meses para entregar recomendaciones y propuestas que permitan una atención especializada dirigida a menores de catorce años, que presentan conductas transgresoras de ley".

"Además, en la región mantenemos constantemente la coordinación con otras entidades relevantes en estas materias, como la Defensoría de la Niñez, Carabineros y Senda, para buscar mejores formas de articular medidas", aseguró. "Estamos trabajando para actualizar protocolos y buscar estrategias que permitan que los funcionarios se sientan protegidos para realizar su trabajo", concluyó.

"Si el modelo de protección (...) se aplicara, se contaría con una cantidad óptima de personal".

Rodrigo Bustos,, dirigente de los funcionarios

18 funcionarios en sistema de turnos. En cada uno hay 5 de trato directo en Castellón.

La Fiscalía Metropolitana Sur investiga una detonación ocurrida en la madrugada de ayer en un edificio comercial en Providencia, la que dejó daños en las mamparas del inmueble. El Gobierno calificó la acción como un "acto terrorista".

Pasada la medianoche vecinos de la comuna escucharon un fuerte estruendo y al cabo de unos minutos personal policial se trasladó hasta las afueras de un edificio ubicado en avenida Pedro de Valdivia con Alfredo Barros, donde se constató la detonación de un artefacto explosivo. Ese lugar alberga a diversas empresas, entre ellas un laboratorio de Abott.

Por orden del Ministerio Público, al lugar se trasladó personal del GOPE de Carabineros que registró las cámaras de seguridad y se percató que minutos antes de la detonación una personas en bicicleta pasó por afuera de ese lugar, se bajó del vehículo y dejó afuera del edificio un paquete.

Ayer se desconocía si fue el paquete dejado por este sujeto el que provocó la explosión. Sí se confirmó que el grupo "Células Revolucionarias Belén Navarrete - Nueva Subversión" se adjudicó lo sucedido en un comunicado, asegurando que el hecho "es deliberadamente un acto vengativo". Apuntaron a "la distribución de pastillas anticonceptivas defectuosas por parte de laboratorios Abbott - Recalcine" que ocasionó "cientos de embarazos no deseados", y criticaron que la indemnización haya sido de $38.900, "suma ni siquiera cercana a la mitad de lo que nos costó armar este artefacto explosivo".

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, dijo que es un hecho "grave", que , "pudo haber ocasionado daño a personas, no solo a bienes" y aseguró que "grupos anarquistas utilizan este mes de mayo para amedrentar recintos (...) utilizan mayo como expresión de sus reivindicaciones anarquistas y antisociales, y que utilizan los medios explosivos con ese fin".

Además, dijo que "la evaluación inicial es que un acto de estas características está dentro de lo que la ley califica como delito terrorista (...) mi opinión es que este es un caso de Ley Antiterrorista", y que "el Ejecutivo está estudiando la presentación de esta acción".