Por 56 votos a favor, 31 en contra y seis abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó ayer un informe en contra del programa Chile Crece con Orgullo, también conocido como Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG), el cual está dirigido a personas trans y de género no conforme entre los 3 y 17 años y para sus familias.

El documento fue elaborado por una comisión investigadora de la Cámara e incluye una serie de recomendaciones, entre ellas la suspensión inmediata del programa y de nuevos tratamientos hormonales en menores de edad y propone que el programa se reformule y se restrinja solamente para mayores de edad y plantea realizar modificaciones a la Ley de Identidad de Género para garantizar el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en programas de cambio de sexo, y limitar el acceso a ellos a personas mayores de 14 años.

Por otra parte, propone un nuevo proyecto de ley que limite los tratamientos hormonales y las cirugías de reasignación de sexo a mayores de 18 años y que se entreguen datos a la Fiscalía para investigar eventuales delitos asociados a estos procedimientos.

La diputada Emilia Schneider (FA) dijo estar en contra del informe y afirmó que si se recogen estas recomendaciones "se retrocede en los pocos derechos que tenemos las personas trans".

Carabineros detuvo ayer a un sargento segundo del Ejército, quien es acusado de ayudar a una mujer venezolana a ingresar a Chile por un paso no habilitado en Colchane.

El caso quedó al descubierto cuando una mujer llegó a un puesto del Ejército que resguarda la frontera de Chile con Bolivia preguntando si por allí podría entrar al país. Los militares le contestaron que ese era un paso no habilitado y ella les mostró diversos audios en los que le daban indicaciones para entrar al país por dicho sector vulnerando el control y fiscalización militar.

En uno de esos audios uno de los soldados reconoció la voz del detenido, quien trabaja en la 2ª Brigada Acorazados, en el Punto de Observación Fronteriza ubicado en Cerrito Prieto N° 2 y que en ese momento se encontraba de servicio.

El caso fue informado a Carabineros, que tras realizar algunas diligencias identificó y detuvo al presunto responsable de este hecho, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Ante este hecho, la Jefatura de Área Fronteriza del Ejército emitió un comunicado en el que señaló que "condena firmemente toda conducta individual que se aparte de los principios, valores y normativas institucionales, y continuará cooperando activamente con las autoridades judiciales y administrativas correspondientes para el completo esclarecimiento de los hechos".

Matías Gatica Lindsay

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, desestimó ayer las acusaciones de "espionaje político" al Presidente Gabriel Boric por parte del Ministerio Público que planteó el Frente Amplio a raíz de la investigación a la Fundación ProCultura.

Esta tesis fue expuesta por la presidente del FA, Constanza Martínez, a raíz del "pinchazo" al celular de Josefina Huneeus, psiquiatra y expareja del fundador de ProCultura, Alberto Larraín, quien sostuvo una conversación telefónica con el Presidente Boric, la cual fue grabada y se encuentra en manos del fiscal Patricio Cooper, que investiga un presunto financiamiento irregular de la campaña del mandatario.

Martínez reafirmó el miércoles su postura, la que ha sido criticada tanto desde la oposición como algunos partidos del oficialismo y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien tildó de "grave" esta acusación.

En esa línea, ayer el ministro Cordero dijo a radio Cooperativa que "si hubiera espionaje (político en Chile) es altamente probable que no solo me hubiera querellado, sino que además hubiera tomado una decisión más drástica (...) El Presidente de la República en esto ha sido bien claro, lo ha dicho él explícitamente, las instituciones tienen que funcionar y tienen que funcionar bien".

A ello agregó que "yo dificulto que el fiscal Cooper o alguno de sus miembros hubieran utilizado sus atribuciones para espiar al Presidente de la República".

Por otra parte, la Fiscalía defendió ayer el "pinchazo" a Hueneeus, quien presentó un recurso de amparo, que está siendo revisado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, pues a su juicio no se justificaba debido a que ella es testigo y no imputada.

Sobre ello, el fiscal de Coquimbo, Eduardo Yáñez, dijo que "doña Josefina Huneeus comienza a relatar diversa información en virtud de esta interceptación, que nos hizo sospechar de su participación en el delito que estamos investigando, motivo por el cual damos cuenta de esta información al Juzgado de Garantía de Antofagasta, que valida la petición y la actualización de interceptación telefónica (...) Conforme a los antecedentes que comienzan a relatarse por parte de Josefina Huneeus, (pasamos a) darle el trato de imputada".

Ayer la bancada de diputado de RN solicitó la realización de una sesión especial para abordar los casos de "financiamiento ilegal de la política", entre ellos el caso de ProCultura. Se realizaría el lunes 19 y citaron al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, al fiscal nacional, Ángel Valencia, y al presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle.