Acusan omisiones de la administración Díaz en demanda por Procultura
Mediante acciones judiciales y administrativas, el Gobierno Regional del Biobío busca restituir los cerca de mil millones de pesos adeudados por Fundación Procultura en el marco del Caso Convenios. En ese ámbito, ayer se conoció que una demanda, presentada en febrero de 2024 por la administración de Rodrigo Díaz, no habría sido notificada ni tramitada.
"Evidentemente nos percatamos de una situación que es grave y preocupante. Cuando asumimos solicitamos información actualizada sobre el estado de la demanda contra Fundación Procultura, la que, según se nos informó públicamente por la administración anterior, e incluso durante el proceso de traspaso, ya estaba en tramitación. Sin embargo, al revisar los antecedentes, no solo detectamos errores de procedimiento, sino que además durante 14 meses no se realizó ninguna acción efectiva, porque la demanda nunca fue notificada", señaló ayer el gobernador Sergio Giacaman.
"Por lo tanto, nunca se avanzó en el reintegro de los recursos por más de 990 millones de pesos. Aquí no solo estamos ante una omisión relevante, sino también frente a un problema que se repite: la ausencia de control jerárquico y seguimiento dentro de un servicio público. Esa falta de supervisión permanente impidió detectar y corregir a tiempo lo que hoy representa un perjuicio concreto al patrimonio regional", sostuvo.
"Por eso, instruimos corregir de inmediato el procedimiento, notificar la demanda y abrir un sumario administrativo para esclarecer responsabilidades", sentenció.
La oposición concreta la AC contra el delegado Durán
En la tarde de ayer diputados de oposición presentaron la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, por los incidentes ocurridos el 10 de abril afuera del Estadio Monumental, donde dos jóvenes murieron en medio de un intento por ingresar a ver el partido de Colo Colo con Fortaleza.
El recurso lo encabezó el diputado UDI Henry Leal, quien acompañado por parlamentario de RN, Evópoli, Republicano, PNL y PSC dijo que el delegado "ha infringido la Constitución" por su "deber de resguardar la integridad de los ciudadanos (...) Por acción o por omisión, incumplió el deber que es evitar que la persona sea lesionada o pierda la vida (...) Él pudo haber tomado medidas a tiempo y no las tomó. Actuó de manera negligente y por eso estamos convencidos que le asiste responsabilidad política. Esperamos que la Cámara apruebe la acusación".
Al cierre de esta edición la AC, de 31 páginas era respaldada por casi la totalidad de la oposición y se esperaba la definición de Demócratas y la Democracia Cristiana.
Antes de presentarse el libelo, Durán dijo que "esto no tiene mérito jurídico. Hemos cumplido rigurosamente todas las acciones que nos corresponden por ley (...) No hay fundamentos jurídicos en esta ofensiva". Además dijo que el partido no se suspendió porque no depende exclusivamente de la delegación y que si se suspendieran partidos cada vez que hay llamado de avalanchas "prácticamente no habría ningún partido en Chile".