Debate por dichos de Díaz en relación a la pena capital
Abogados dicen que jurídicamente es casi imposible, ya que iría en contra de la Constitución y de tratados.
Expertos en Derecho analizaron las declaraciones del gobernador regional, Rodrigo Díaz, quien señaló tras el asesinato de tres carabineros en Cañete que se debería reponer la pena de muerte para quienes maten policías y que la Defensoría Penal Pública no defienda a estas personas.
"Yo espero que el Gobierno envíe un proyecto de ley al Parlamento y que sea acogido por los parlamentarios. Por ejemplo, para reponer la pena de muerte para quienes asesinan a los policías. A estos carabineros o a cualquier otro policía", enfatizó Díaz.
El gobernador señaló que otra iniciativa es "que la Defensoría Penal Pública jamás defienda a personas que asesinan a policías", agregó.
"Que haya gente, que haya planificado un atentado el 27 de abril es una provocación máxima a la institución policial y es una provocación máxima al Estado de Derecho en Chile. Me parece positivo que el Presidente de la República junto a representantes de los demás poderes del Estado se trasladen a Cañete para repudiar el acto horrible acaecido. Pero quiero decirlo con todas sus palabras. Nosotros no necesitamos un acto de comunicaciones. Necesitamos que pasen cosas a partir de esta unión del Estado", recalcó.
Abogados
Carlos Maturana, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, consultado sobre si ve factible establecer la pena de muerte, señaló como contexto que "en varios países occidentales, cada vez que ocurre un crimen atroz se instala este tema, pero posiblemente sea una discusión de pocos días".
Sobre la posibilidad de que la pena de muerte exista, dijo que "es muy complejo porque tenemos el tratado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Americano de Derechos Civiles y Políticos que impiden reestablecerla. Además, en la Constitución se establece que los tratados internacionales no pueden ser suspendidos por norma interna".
Con lo cual, señaló que "la única posibilidad sería que Chile se retire de esos tratados y el país sería denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A mí me parece jurídicamente imposible reestablecer la pena de muerte, al constituir un retroceso en la evolución de derechos humanos que son, esencialmente, progresivos".
Respecto a los dichos del gobernador en cuanto a que la Defensoría no defienda a quienes maten policías, Maturana expresó que "son declaraciones que se hacen desde el impacto que generan los delitos, pero que no tienen lógica, ya que la defensa jurídica es un derecho fundamental. No es un derecho fundamental de los inocentes, sino de todos. Es el juez quien debe determinar responsabilidades",
Concluyó que "las políticas públicas no se pueden construir bajo la sensación del momento de pena o de amargura. Se deben construir de forma coherente y pensando en el desarrollo social y del Estado".
Por su parte, Andrés Cruz, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, señaló que "ante tragedias de esta envergadura, uno espera que los líderes políticos asuman una actitud templada y prudente. Hay que efectuar un análisis calmo para derrotar a las bandas delictuales instaladas en la región. Es un discurso populista para ganar, de alguna manera, la simpatía de ciudadanos".
Sobre la situación de la pena de muerte, dijo que "no está abolida completamente en Chile, ya que se mantiene en aquellos casos contemplados en el Código de Justicia Militar por hechos punibles en tiempos de guerra. Sin embargo, en Derechos Humanos, hay una obligación internacional que es la prohibición de retrocesos (Convención Americana). En mi opinión, yo soy contrario a esta pena, se ha constatado en otros lugares que se han cometido errores y que no se puede resarcir la aplicación de esta medida. Además, no sirve para nada, ya que los delitos se siguen cometiendo".
Sobre la propuesta relativa a Defensoría, Cruz dijo que "es inviable la postura del gobernador. El derecho a defensa es fundamental para todo imputado, en todas partes. En el caso de que el imputado no pueda contratar a un abogado, el Estado le debe brindar uno. Todo esto está contemplado en tratados de Derechos Humanos que ha suscrito Chile. Por eso lamento estos dichos y esto nos demuestra porqué estos grupos siguen operando, ya que la clase política no está a la altura".
Finalmente, en el escenario de que no se respetaran esos tratados, señaló que "por aplicación del artículo 5 de la Constitución, sería inconstitucional. También seríamos objeto de sanciones y de la afectación de la credibilidad internacional".