Cristian Aguayo Venegas
Diez computadores y nueve teléfonos celulares (incluido el del gobernador Rodrigo Díaz) fueron requisados ayer por personal de la Policía de Investigaciones, quienes, instruidos por el Ministerio Público, realizaron una diligencia intrusiva en el edificio del Gobierno Regional, en el marco de las indagatorias que se desarrollan por el llamado Caso Convenios.
"El día de hoy se realizó una diligencia de entrada y registro en dependencias del Gobierno Regional del Biobío. Fue autorizada por el Tribunal de Garantía de Concepción que dice relación con, además de la entrada, de la incautación de cierta documentación y otros antecedentes y objetos de interés para la investigación", afirmó la fiscal de Alta Complejidad de la Región del Biobío, María José Aguayo.
"Los antecedentes en general en cuanto a qué diligencia o en qué investigación se está realizando y los antecedentes que fundan esta diligencia, se encuentran bajo reserva decretada por parte de la Fiscalía", dijo.
Gobernador
Al ser consultado por este operativo, el gobernador Rodrigo Díaz especuló que la acción podría estar enfocada en la llamada arista Fundación Bonhomía del Caso Convenios.
"Señalamos que esa fundación tenía otro proyecto en el Gobierno Regional, que si bien había sido evaluado, no se le había asignado ningún dinero. Aquí estoy especulando que puede tener que ver con esa situación", afirmó. "Siempre hemos dado las mayores facilidades, porque el que nada hace, nada teme. O sea, hay que cooperar siempre", agregó.
"Se llevaron el computador de la oficina y el teléfono celular. Así que llevo dos, el que entregué voluntariamente, y este actual, y probablemente en los próximos días, vamos a ingresar un escrito al Ministerio Público para que se nos restituyan aquellos equipos que ya han sido periciados y puedan volver, porque nos interesa ahorrar dinero fiscal", señaló.
Cabe señalar que, antes de que llegaran los detectives a realizar el procedimiento, Díaz estaba reunido con el ministro de Economía, Nicolás Grau por la situación de Huachipato.
"En el momento en el que ingresaron al primer piso, no estaba, porque terminaba una reunión con el ministro Grau en el cuarto piso, y a mi oficina llegó la señora fiscal junto con algunos funcionarios de la PDI, por cierto, los hice pasar y se dispensaron todas las atenciones que corresponden y la libertad para que desarrollaran su trabajo", sostuvo.
Reacción
"Realmente es lamentable lo que sucede hoy con el Gobierno Regional. En medio de la crisis de Huachipato, la pesquera, forestal, con la pérdida de empleos en la región, de productividad, es una mala noticia que los temas de corrupción e investigación sigan llevándose toda la energía de la institución", opinó el diputado Eric Aedo (DC).
"Lamento esta situación. Espero que se resuelva pronto y espero que la Fiscalía y la justicia hagan su trabajo con celeridad para salir de esta situación de crisis de corrupción que ha vivido el Gobierno Regional, y que se pueda centrar en los temas que aquejan a los ciudadanos del Biobío", añadió.
"Los antecedentes que fundan esta diligencia se encuentran bajo reserva decretada por Fiscalía".
María José Aguayo, fiscal de casos de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional del Biobío
10 computadores y 9 teléfonos fueron requisados por los funcionarios PDI.