Gobierno apunta posible "conflicto de interés" en el caso de videollamadas
Titular de Justicia se refirió a la polémica por la autorización de llamadas a reos de la CAS, luego de que se conociera que el juez que otorgó el beneficio tenía el mismo abogado que uno de los reclusos.
Matías Gatica Lindsay
La polémica en torno al juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, quien permitió que reos recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad mantuvieran videollamadas con familiares y parejas, sumó una nueva arista luego que se revelara que el magistrado compartía abogado con uno de los reclusos que obtuvo este beneficio.
Según publicó el martes el medio Ex-Ante, el juez Urrutia fue representado en algunos casos de amenazas y calumnias por el abogado Carlos Quezada Orozco, quien también fue abogado defensor de Rafael Marín, un ciudadano colombiano condenado a 15 años de cárcel por tráfico de drogas. Este último fue uno de los 13 reos que obtuvo un beneficio por parte del juez.
Ante esta nueva arista, el ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo ayer a radio Universo que ese antecedente "al menos pone en riesgo la condición de independencia" del Poder Judicial, y señaló que "hay un principio que podría generar una hipótesis de conflicto de interés", lo que aseguró que es "conveniente que lo despeje tanto el juez Urrutia como su abogado".
En la misma línea, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que "me parece completamente inconveniente, y el juez tendría que dar una muy buena explicación. A primera vista uno tiende a pensar que hay un conflicto de interés".
Más tarde, el abogado Carlos Quezada aclaró que ya no representa a Rafael Marín. "Lo que podemos señalar es que por lo menos este profesional no tiene patrocinio y poder vigente en ninguna causa vigente con el imputado que se señala en la nota. Hay otro colega que se hizo cargo de la defensa hace ya un tiempo y él está llevando adelante esa defensa", señaló.
"Respecto a que puede existir un conflicto de interés, la verdad es que esta parte no lo ve así; no entiende cómo una visita conyugal puede generar un conflicto de intereses", agregó Quezada.
Actualmente, la Corte de Apelaciones se encuentra analizando una presunta ilegalidad en los beneficios otorgados por el juez Urrutia.