Conmoción en Santa Sabina por homicidio de una mujer
Fiscalía no presentó suficientes pruebas para vincularlo a un femicidio y el Tribunal decretó ilegal la detención del sujeto.
Una mujer de 39 años de edad, identificada como Priscila Miranda Salazar, falleció durante la madrugada de ayer en las cercanías de una escalera, ubicada en la intesercción del pasaje Bolivia con la calle Jotabeche, del sector Barrio Norte de Concepción .
"Se recibió un llamado telefónico por parte de Carabineros, que dio cuenta del hallazgo de una mujer muerta en una escalera en el sector Santa Sabina. Con las primeras diligencias y la declaración de testigos, se pudo establecer que la mujer falleció en ese lugar, toda vez que se escuchó un disparo en el mismo", indicó la fiscal Claudia Peña.
La Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Concepción quedó a cargo de la investigación del caso que busca aclarar la dinámica de lo sucedido.
Cabe señalar que en el marco de las primeras diligencias efectuadas fue detenido por Carabineros la pareja de la víctima, un hombre de 42 años de edad, que más tarde fue dejado en libertad.
De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial, la magistrada Tania Galgani determinó en audiencia de control de la detención, que la captura del individuo no fue ajustada a derecho y tras aquello el Ministerio Público no formalizó cargos en su contra.
La abogada Carla Canales, de la Defensoría Penal Pública, que representa al individuo, sostuvo que "ante el Juzgado de Garantía de Concepción se llevó a cabo audiencia de control de detención de un detenido por un presunto delito de femicidio. A petición de la defensa el Tribunal decretó ilegal la detención. Considerando que con los antecedentes que existían, no se permitía vincular directamente a mi representado con el hecho por el cual fue puesto a disposición del Tribunal".
Agregó que "entre otros antecedentes estaba la distancia en la cual él se encontraba al momento en que fue detenido, más de 2 kilómetros del lugar de los hechos".
Además la abogada explicó que "en consideración a esa resolución, el Ministerio Público no pudo solicitar la ampliación de la detención por existir una prohibición legal, y decidió, al no contar con antecedentes suficientes, no formalizar investigación. En virtud de ello, y del principio de presunción de inocencia, se decretó la libertad de mi representado".
"Con los antecedentes que existían no se permitía vincular directamente a mi representado con el hecho".
Carla Canales,, Defensoría Penal Pública