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Polizzi se querelló contra Polanco y desmiente que compró lencería

Acción legal va contra Sebastián Polanco y representantes de OTEC. Por otra parte, detienen a exadministrador regional por poseer droga.
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Pablo Martínez Tizka

Durante la jornada de este miércoles se dio a conocer que Camila Polizzi interpuso una querella contra Sebastián Polanco y representantes de la OTEC Frumisal, quienes formaron parte en el proyecto de Fundación En Ti al que le fueron traspasados $250 millones desde el Gobierno Regional y que hoy Fiscalía investiga por eventuales delitos, en la arista conocida como "Caso Lencería".

En el documento, al que tuvo acceso La Estrella, se indicó que la acción legal es por los delitos de apropiación indebida de dineros, estafa y falsificación de instrumento privado mercantil. Así también, Polizzi da cuenta de detalles sobre cómo conoció al representante de la fundación, Gerardo Silva, y negó que fuera ella quien comprara lencería u otras especies adquiridas en el comercio,

Por otra parte, la PDI realizó allanamientos en los hogares de Rodrigo Martínez, exadministrador del Gore; de Rodrigo Alarcón, exjefe de gabinete del gobernador Rodrigo Díaz; y de Simón Acuña, exjefe de División de Desarrollo Social del Gore. En esas diligencias, Martínez fue detenido por microtráfico de drogas al poseer, según Fiscalía, 100,14 gramos de marihuana.

querella

En la acción judicial, Camila Polizzi confirmó que el proyecto en Barrio Norte fue presentado en el Gobierno Regional en mayo de 2022 con la ayuda de Polanco, quien era alguien de su confianza. También indicó que el Gore le informó que su fundación Conce Solidario no cumplía los requisitos para obtener los recursos.

"Yo le transmití todo esto a Sebastián (Polanco), él entendía de estas cosas (...) y sabía cómo postular a esta clase de fondos y proyectos. Le comenté lo de la fundación y el dijo que buscaría una. Así conocí al Sr. Gerardo Silva y la Sra. Alejandra, de Fundación En Ti, y les presenté nuestro proyecto. Ellos se mostraron disponibles", se testificó en el documento.

Posteriormente llegó la firma del convenio y se señaló en el documento que la primera transferencia de recursos desde el Gore fue el 11 de enero de 2023 por $75.200.000.

Luego contó que se reunió con Simón Acuña, quien le explica el proceso de rendición de cuentas y que él le sugirió trabajar con una Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC).

"Entonces Sebastián Polanco me presenta a Matías Godoy y me cuenta que va a ir a comprar una OTEC a Santiago y trabajaríamos con él (...) En el camino de regreso, Sebastián me cuenta que Matías compró la OTEC Frumisal, que nos ayudará a ejecutar capacitaciones para el proyecto", sostuvo Polizzi en la querella.

En el testimonio se indicó que Polanco era el intermediario entre la fundación y la OTEC y que, en cuanto a los informes de rendición al Gore, ella le pedía a Polanco que le solicitara a Godoy los informes y facturas, mientras ella presentaba el proyecto a los vecinos.

Posteriormente, Polizzi señaló que en junio le surgió una primera alerta, discutiendo con Polanco preocupada por el retraso de las rendiciones al Gore correspondientes a mayo. "Sebastián me dice que él es quién redacta los informes del trabajo de la OTEC y también hace los de la Fundación y por eso es que no alcanza a terminarlos a tiempo", dijo.

Luego el caso se dio a conocer a la prensa y Fiscalía anunció la investigación de oficio. Polizzi indicó que le pidió a Polanco todos los informes, facturas y rendiciones pendientes. Señaló que ahí se percató de que hay cosas pendientes desde la OTEC y que Polanco le confesó que era él quien administraba Frumisal.

"Yo siempre confié en Sebastián la responsabilidad de todos los temas administrativos y contables de la Fundación y el Proyecto, pero al enterarme de esta situación con la OTEC (...) es que decido realizar esta querella, esperando la debida restitución de los recursos no ejecutados por parte de la

OTEC y que corresponde restituir al Gobierno Regional del Biobío", indicó Polizzi.

Por ende, sostuvo "quienes tenían el control de gastos de la OTEC seran Sebastián y Matías, sin que yo tuviere injerencia alguna en ellos".

Por ello, y en mayúsculas, Polizzi aseguró que "así, todas las compras que hoy aparecen en los medios de comunicación, de especies que yo hubiese adquirido en el comercio, no corresponden, ya que los representantes de dicha OTEC tenían la exclusividad del movimiento y uso de tarjeta de débito. Hoy se ha hecho caudal por las compras de ropa interior que tales representantes realizaron y se me imputan sin tener razón alguna".

Quien representa a Camila Polizzi en la acción es el abogado Renato Zegpi, quien en la querella pidió a Fiscalía las diligencias que permitan, entre otras, incautar dineros en poder de los querellados, así como interrogarlos".

A nivel presencial, antes de conocerse esta querella, Polizzi otorgó breves declaraciones a la prensa, en las que señaló que "le pido a la prensa que dejen de molestar a mi familia, a mis hijas. Esto está en materia de Fiscalía, la justicia va a llevar el caso. Yo espero que se aclare de la mejor manera y estoy colaborando, estoy disponible y ubicable" y agregó después que "voy a dar mi versión, pero no lo voy a hacer ahora, no puedo hablar ahora. Tengo amenazas. Les pido un poco de respeto".

allanamiento

Durante la mañana de este miércoles, se dio a conocer el allanamiento de la PDI a los hogares de los tres jefes del Gore que dejaron sus cargos esta semana, en el contexto del caso Convenios. Tras ello, el exadministrador regional, Rodrigo Martínez, fue detenido por microtráfico de drogas, luego que se encontraran 110,14 gramos de marihuana, de acuerdo con el fiscal Nelson Vigueras.

En el control de detención realizado en el Juzgado de Garantía de Chiguayante se confirmó que Martínez tendrá firma quincenal y arraigo nacional como medidas cautelares.

El fiscal Vigueras señaló que "se encontró droga en un dormitorio matrimonial en el domicilio del imputado, especificamente cannabis santiva, con la cantidad de 100,14 gramos. Por lo tanto, el personal policial procedio a la detencion del imputado".

Asimismo, indicó que "el señor Martínez es el dueño de la casa, él es el responsable del domicilio y, por lo tanto, en ese sentido, él era la persona que estaba en el lugar".

En tanto, el defensor Felipe Rojas indicó que "esta causa no dice relación con el tema de traspaso de dineros".

Sobre lo señalado por su cliente, indicó que "según nos dijo, no tiene el conocimiento del origen de esa sustancia incautada y, por consecuencia, el resto será materia de investigación. Lo cierto es que hay más personas que viven en ese domicilio. Estamos en una etapa muy preliminar".

análisis jurídico

El abogado, académico y exfiscal Andrés Cruz, señaló que la entrada y registro de lugares cerrados entrada y registro de lugares cerrados es requerida por el fiscal, quien pide la autorización al juez de garantía quien, de acuerdo con antecedentes entregados por el Ministerio Público, puede determinar que existe evidencia que puede esclarecer los hechos.

"El objetivo de esta diligencia es que solo se incauten aquellos antecedentes o elementos, objetos, documentos, que específicamente estén señalados en la resolución judicial. No obstante, hay supuestos en que pueden existir hallazgos casuales, es decir, investigo un hecho punible pero descubro otra cosa. En ese momento se pueden incautar objetos no relacionados con el hecho investigado, pero todo ello debe ser remitido al Ministerio Público".

Ejemplificado con este caso, Cruz indicó "la droga tal vez no estaba vinculada con lo que estaba pesquisando, pero la diligencia no es ilegal, ya que lo descubierto puede constituir un hecho punible que debe ser investigado".

Por último, sobre otras posibles diligencias en materia del caso Convenios, indicó que "indudablemente que la información de testigos es indispensable, luego están los análisis informáticos y contables a través de pericias de distintas naturaleza para especificar el destino del los fondos respectivos, el origen, el motivo por los que se efectuaron las transferencias de estos dineros. Esto no es fácil, es una labor que requiere tiempo".

cores

Consejeros regionales de la zona reaccionaron a los allanamientos y a la detención del exadministrador regional.

La consejera Camila Arriagada dijo que "podrían existir pruebas de que aquí había, por lo bajo, ocultamiento de informacion. Es importante que investiguen los dispositivos personales como computadores y celulares ya que, a la luz pública. Sobre la detención de Martínez, es otra arista que toma esta investigacion".

Por su parte, el consejero Piero Blas indicó que "sobre los allanamientos encuentro que la respuesta ha sido tardia, ya que hemos pedido esto hace mas de un mes. Por otra parte, la detencion del exadministrador regional por posesion de drogas termina siendo un tema aparte".

El consejero James Argo marcó que "estos tres allanamientos van en la línea de lo que habiamos solicitado, de que las instituciones funcionen. Uno no puede condenar ni absolver a nadie, pero estas pesquisas son necesarias. De la detencion del exadministrador aplico la misma regla. Se debe aclarar".

Por último, la consejera Ana Araneda indicó en ambos casos que "las investigaciones pondrán a disposición todos los antecedentes. Ya están los argumentos sobre la mesa y como consejera he continuado trabajando día a día".