El destacado académico, abogado y exconvencional constituyente, Andrés Cruz, analizó el significado jurídico del secreto de la investigación en la arista de la Fundación En Ti en el Caso Convenios, así como los posibles delitos que podrían imputarse.

En primer lugar, señaló que "el secreto es para los terceros no vinculados, es para quienes tendrían el derecho de conocer el contenido de la carpeta fiscal, de los intervinientes como el querellante, la presunta víctima, los imputados y los defensores. El objetivo es que el conocimiento de las diligencias ordenadas por el fiscal y los resultados de las mismas no lleguen a quienes, con ese conocimiento, puedan entorpecer la investigación. Es para lograr el éxito de las diligencias".

Consultado sobre el futuro de Camila Polizzi, quien arrendó la Fundación En Ti, indicó que "hacer especulaciones sería una irresponsabilidad. La investigación y los tribunales lo deben determinar. No se puede prejuzgar".

En ese sentido, respecto a las consecuencias del Caso Convenios, dijo que "se está llegando al lamentable efecto de hacer sinónimos la función pública con la corrupción, cuando hay muchas personas que realizan una labor seria. Esto se puede usar como excusa para no tener una ley de rentas regionales y desconfiar de las provincias. Pueden existir actos de corrupción, pero hay que ser prudentes y templados".

¿Qué delitos se podrían imputar en las investigaciones de oficio que realiza Fiscalía? Cruz indicó que "depende de muchos factores. Podemos estar frente a tráfico de influencias, negociación incompatible, fraude al fisco, cohecho. Además, habiendo fondos públicos comprometidos, el artículo 160 del Código Penal amplía la figura de empleado público no solo a quien está contratado por el Estado, sino también a quien administre fondos públicos. Además, hay que ver si son delitos funcionarios, si son cometidos por privados, si hay más de un hecho punible, si existen conductas reiteradas".

Finalmente, el académico sostuvo que "podríamos estar en un escenario en el que no nos debe extrañar si existen imputaciones por delitos cuyas penas sean de cinco años y un día".

"El secreto de una investigación es con el objetivo de lograr el éxito de las diligencias".

Andrés Cruz

Pablo Martínez Tizka

Un traspaso de $130 millones desde el Ministerio de Vivienda a la Fundación Procultura, que se dio a conocer durante la jornada de este domingo, fue cuestionado por parlamentarios de la zona. Esto, debido a que el actual jefe de Campamentos de la Seremi de Vivienda del Biobío, Pablo Durán, trabajó anteriormente en dicha fundación.

La diputada Flor Weisse señaló sobre este caso que "el Minvu entrega millones de pesos a una fundación en la que trabajó una persona que está en la Seremi para realizar diagnósticos. Nos llama la atención que se entreguen recursos sin mayores estudios, análisis y revisiones".

Por ello, dijo que "al no realizarse esa labor, después se descubre este tipo de noticias. Además, más que diagnósticos, lo que se necesita son soluciones concretas para las personas", subrayó.

Por su parte, el diputado Eric Aedo indicó que "esto me parece, a lo menos, incestuoso. Digo esa palabra, ya que una persona pasa de una fundación a tomar decisiones en el Gobierno que impactan en el financiamiento de la fundación que fue parte".

Finalmente, el parlamentario de la zona indicó que "fui parte de Chile Barrio entre 2000 y 2006 y había que hacerse cargo de construir 35 mil viviendas, pero, en este caso, solo veo financiamiento de diagnósticos que están super claros. Dedíquense a construir viviendas para la gente".

Seremi

La seremi de Vivienda, Claudia Toledo, descartó que el funcionario haya llegado a a la institución pública antes de que existiera la firma del convenio con la fundación.

La titular de Vivienda en la región explicó que "su rol, en cuanto a los convenios, es de un funcionario que no toma decisiones ni forma parte del ciclo de pago. Además, él llegó de manera posterior a que existiera este convenio con Procultura".

Asimismo, dijo que "debo aclarar que estos convenios que fueron, de alguna forma, implementados durante fines del año pasado, en realidad ya venían solicitados desde la administración anterior, incluso desde febrero de 2022 y que fueron aprobados en julio de 2022, donde este funcionario no formaba parte de nuestra institución".

2022 fue el año en que se llevó a cabo este traspaso de recursos cuestionado por diputados.

2 diputados criticaron el traspaso de recursos y piden construcción de viviendas.

El senador Gastón Saavedra señaló que se debe solucionar el problema de fondo en la postulación de organizaciones para obtener recursos, en el contexto de las investigaciones de Fiscalía por eventuales delitos en los traspasos de recursos a fundaciones.

Señaló que "las organizaciones privadas que postulan a la asignación de recursos públicos tiene que cumplir con méritos, rigores y ser probas, con el fin de cumplir con los propósitos".

En ese sentido, el legislador llamó al Congreso a legislar en esta materia. "Hay que garantizar un buen funcionamiento de la democracia regional y defender el proceso de descentralización que no se puede detener".

Por último, dijo que "la asignación de recursos debe continuar, pero bajo un nuevo marco riguroso que dé confianza a la ciudadanía".