La Corte de Apelaciones de Iquique acogió una solicitud de extradición requerida por la Fiscalía Regional de Tarapacá en contra del ciudadano irlandés/mexicano Morris O'Shea Salazar, a quien se le involucra en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y asociación ilícita. De acuerdo a la investigación, sería el líder de una célula del cartel de Sinaloa que intentó instalarse en la región en 2020, desde donde pretendía enviar droga traída desde Bolivia para llevarla a Europa. Por el caso hay dos imputados, quienes son madre y tío de Morris O'Shea, y que llegaron a la zona para coordinar la compra y recepción de clorhidrato de cocaína para su exportación. Al momento de la detención de sus parientes, O'Shea estaba en España, pero se sospecha que hoy reside en México.

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, aseguró ayer que él era el "más interesado en que pueda esclarecerse" el robo de 23 computadores y de una caja fuerte de la cartera, ocurrido la semana pasada y que por ahora cuenta con dos detenidos. La autoridad mencionó que tras el hecho pudieran haber ejecutantes y planificadores.

"En mi caso fue una suplantación de identidad a mi persona, por tanto soy el más interesado en que esto pueda esclarecerse, de tal manera que la opinión pública tenga todos los antecedentes", dijo.

"Vamos a apoyar el trabajo de la Fiscalía y todas las instituciones, para que tanto los autores materiales como los autores intelectuales puedan ser llevados a la justicia y tengan las mayores sanciones posibles", agregó.

Del botín han sido hallados los computadores, mientras que la caja fuerte sigue desaparecida.

Por el hecho hay dos personas formalizadas, un hombre que cumple condena en la cárcel y que es sindicado como quien se hizo pasar por el ministro en una videollamada en la que engañó a los guardias del ministerio; y su abuela, que recibió los laptops que llegaron en un vehículo de aplicación.

Este robo fue el primero de una seguidilla de hurtos con el mismo tipo de botín que han afectado a reparticiones públicas. Ayer se informó que el Ministerio de Transportes, el cual habría ocurrido hace unos 17 días.

Leo Riquelme

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, calificó como "una irregularidad del sistema" que no existiera la exigencia a las fundaciones de entregar boletas de garantías para adjudicarse convenios del programa de asentamientos precarios, cuestionados a partir de lo ocurrido en Antofagasta.

"Esta es una de las irregularidades principales que hay en todo un sistema. Desde el 2019 no se exigían boletas de garantía y otras cosas más no se exigían... se siguió el sistema que había cuando se transfería recursos del Estado al municipio, ese mismo se aplicó a estas entidades, algo irregular que lo estamos modificando, que va a cambiar", aseguró.

La falta de boletas en el caso antofagastino con Democracia Viva saltó a la vista esta semana, cuando la ONG recurrió ante tribunales para oponerse a la devolución de 391 millones de los 426 millones pagado. Según esa fundación, lo que debía reponer por el término anticipado del contrato son 291 millones, por lo que para asegurarse que se pague la totalidad de lo exigido el Consejo de Defensa del Estado consiguió esta semana que el tribunal civil congelara las cuentas de la entidad.

Montes afirmó ayer en el Biobío que la Seremi de Antofagasta rechazó el recurso de reposición de la ONG, por lo que siguen corriendo los 30 días para que reintegre la totalidad lo calculado, y que quedó supuestamente sin gastar cuando se supo que el convenio se suscribió en circunstancias sospechosas entre militantes de RD.

En medio de esta polémica el ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo el jueves que "fue un error" que no se solicitaran boletas a "buena parte" de este tipo de convenios, algo que contaba con la anuencia de Contraloría.

El ministro Montes recordó ayer que el 4 y 5 de julio expuso en el Congreso que esta inexistencia de boletas de garantía era una falla advertida que debía corregirse.

La senadora RN María José Gatica no quedó conforme con las respuestas. "Cuando una pyme hace un trabajo para el Estado lo primero que se le pide es una boleta de garantía. Aquí claramente no hay intención de cuidar los recursos del Estado. Citaremos nuevamente (a la comisión de Vivienda) al ministro Montes para que nos cuente la verdad, pero completa, no a goteras", dijo.