La entrega del Presidente Gabriel Boric de una medalla al juez español Baltasar Garzón fue una "decisión presidencial" y no tiene carácter de Estado, aclaró el canciller Alberto Van Klaveren, quien respondió a la controversia abierta con la oposición, donde recuerdan que el magistrado que consiguió la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998 defendió a Bolivia en la demanda marítima.

"El señor Baltasar Garzón es un jurista, un abogado, los abogados justamente ejercen su profesión y cuando es a nivel internacional a veces asesoran a distintos países, no es un caso tan excepcional", lo justificó el ministro, que acompaña a Boric en Bruselas en su gira por Europa.

"(La medalla se le entregó) por su trabajo en términos de luchar contra la impunidad en la Comisión contra Crímenes de Lesa Humanidad, en distintos países del mundo. Ese es el sentido del reconocimiento que se le hizo. Más allá de las diferencias que podamos haber tenido y que pueden incluso seguir presentes", agregó.

El canciller aclaró también que no fue una condecoración como Estado, pues no se trató de la "Orden al Mérito" ni la "Orden Bernardo O'Higgins", sino "un reconocimiento, una medalla que se le entregó a Joan Manuel Serrat y que en el futuro con motivo de la conmemoración se le va a entregar a otros artistas y juristas".

Leo Riquelme

El fiscal nacional, Ángel Valencia, advirtió que en todas las regiones donde han abierto investigaciones por convenios suscritos entre fundaciones con los ministerios de Vivienda y Desarrollo Social o con gobiernos regionales han detectado indicios de ilícitos.

"El viernes tuvimos una reunión de coordinación en la que participaron todos los fiscales regionales en cuyas regiones se están llevando investigaciones por este caso convenios. Pude constatar que en cada uno de los casos donde los fiscales han iniciado investigaciones de oficio lo hicieron porque hay hechos que revisten carácter de delito", dijo en CNN Chile el jefe del Ministerio Público.

Valencia expresó que han detectado "aspectos comunes" en la serie de tratos descubiertos a partir de la denuncia iniciada en Antofagasta, tras un acuerdo entre representantes de RD en la Seremi de Vivienda y la ONG Democracia Viva.

De hecho, añadió que "muchas de las fundaciones (investigadas) fueron constituidas hace muy poco tiempo, muy cercana a la celebración de los contratos".

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, valoró el trabajo de la fiscalía y añadió que el Ejecutivo ha entregado "los antecedentes que sean necesarios para su investigación", para "que si hay responsables que cometieron delitos sean juzgados".

Los convenios también los investiga Contraloría, que la semana pasada adelantó que es posible que detecten reproches éticos más que ilícitos.

El presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, dijo en radio ADN que las palabras de Valencia evidencian que en este caso hay "un puñado de inescrupulosos y eventualmente delincuentes", quienes se valieron "tráfico de influencias".

"No pueden hacerse los locos. Hay que actuar con toda rigurosidad y entregar todos los antecedentes. Esa debe ser una cuestión básica que compartan todos los partidos políticos", dijo, valorando la comisión de expertos que trabaja en propuestas para reducir el riesgo de corrupción ante este modelo que permite la participación de privados en la acción del Estado.