Durante el siglo XIX, palabras como agua potable y alcantarillado no existían en el vocabulario de las personas. Era común que las casas en la urbe penquista solo tuvieran pozos negros. Los planes de desarrollo para la ciudad contemplaban que empresas extranjeras como la compañía Hughes y Lancaster planificara el alcantarillado, y que Mulgrew y Cía. desarrollara el mejoramiento del agua potable. Es así como esta última transfirió el servicio de agua potable al municipio el 11 de octubre de 1900. Desde esos primeros momentos, surgieron dificultades relacionadas a los considerables gastos que demandaba la administración del servicio.

Para esa fecha, la población aproximada en Concepción era de aproximadamente 55 mil personas. Para un servicio tan reducido, resultaba un gasto abultado y desproporcionado. En esa época se contaba con escasos dineros en el presupuesto, los cuales se comenzaron a desviar para la creación de cargos inútiles, mientras se descuidaba la ciudad.

A lo anterior se agregaba la incapacidad para cumplir sus funciones, lo que se traducía a la larga en mayor consumo de materiales, como por ejemplo, pago de arreglos y repuestos. Todo esto sin contar con las solicitudes de liberación de derechos que diversos establecimientos presentaron ante la autoridad, que significó un menor importe de entradas para la municipalidad.

Esto llevó a que el 20 de diciembre de 1900, se solicitara al Gobierno un auxilio extraordinario de 60 mil pesos, para las necesidades del servicio de agua potable. Por otro lado, en pocos años se conformó la urgencia de buscar nuevas fuentes de abastecimiento de agua para satisfacer las necesidades de la población, por lo que el 12 de agosto de 1904, en reunión municipal extraordinaria se le dio curso al estudio de este problema.

El subsecretario del Ministerio del Interior había demostrado interés frente al intendente en favor de dar solución a la problemática del agua, quien acogió la idea de enviar a la ciudad un ingeniero especialista recién llegado a Chile. En la reunión, también se habló del aprovechamiento de las aguas de La Leonera.

Junto con el agua potable, la población anhelaba también la construcción del alcantarillado. La municipalidad resolvió en dicha sesión formar la comisión encargada de ir a Santiago a gestionar una ley o decreto que ordenaría las obras de desagües y agua potable para la ciudad.

Poder fiscal

Cuando ya se creían perdidas las esperanzas de mantener el servicio de agua en poder de la municipalidad, en la sesión del 14 de diciembre de 1904, se aprobaron las siguientes bases para llegar a un acuerdo con el Gobierno.

1. El Supremo Gobierno ejecutará con fondos fiscales todos los trabajos necesarios para el mejoramiento y ampliación del servicio actual del agua potable que debe abastecer a la ciudad de Concepción, y tomará a su cargo por el ministerio respectivo, la administración de la empresa que hoy existe, con su activo y pasivo.

2. El producto líquido de dicha empresa, deducidos los gastos de la administración, conservación, mejoramiento y demás anexos al servicio, lo percibirá al Estado, y se aplicará a reintegrar los gastos efectuados con fondos fiscales, con más el interés del 5% anual sobre el capital invertido. Semestralmente se hará en la liquidación correspondiente y una vez efectuado el total reintegro de las sumas invertidas por el Fisco, la empresa volverá a la municipalidad. En todo tiempo quedará dicha empresa sometida a la ley N° 1.230 de 28 de julio de 1899.

3. La dirección de este servicio correrá a cargo de una junta compuesta de tres miembros, dos nombrados por el Presidente de la República y uno por la municipalidad. Estos durarán 2 años en sus funciones y desempeñarán gratuitamente sus cargos.

4. El Presidente de la República dictará los reglamentos que fueren necesarios para la administración de la empresa consultando las necesidades de la población y los acuerdos y disposiciones de la municipalidad.

5. Las obras de desagüe y de saneamiento que emprenda el Fisco estarán a cargo del Supremo Gobierno, hasta que con el impuesto que la ley autorice cobrar por este servicio y con las entradas a que se refiere el N°2 de este acuerdo, sí hayan reintegrado los fondos nacionales invertidos.

Aún cuando se había llegado a un acuerdo sobre entregar la explotación del servicio de agua potable al Fisco mediante una concesión, el municipio vuelve a discutir el tema durante sesiones realizadas en 1905. En noviembre de ese año, por ejemplo, se insinuó la idea de mejorarlo y continuar su explotación. Debates como ese, se dieron durante un tiempo, los que buscaban salvaguardar los intereses de la municipalidad, respecto de la propiedad de la isla La Mochita, oficinas y demás instalaciones de este servicio.

Finalmente, en las sesiones del 5 de abril y 19 de agosto de 1907, se da por terminado el debate sobre el problema, acordando de forma definitiva el traspaso del servicio de agua potable por parte de la municipalidad al Fisco.

Alcantarillado

En octubre de 1906, bajo el Gobierno de Pedro Montt, el municipio es informado acerca del interés demostrado por el Presidente de la República en favor de la construcción del alcantarillado de aguas servidas. Promesa que sería cumplida en los años siguientes, ejecutándose la instalación en las principales calles de la ciudad. En 1909 se encomendó a la firma Hughes y Lancaster la construcción del alcantarillado de la ciudad, con un costo total de $2.410,765, oro de 18 peniques.

Desgraciadamente, no se ejecutaron al mismo tiempo los trabajos del alcantarillado de aguas lluvias, servicio cuya construcción sólo fue iniciada en 1934, con la colocación de los primeros colectores en calle Las Heras.