La UDI se querella por convenio sellado por la delegada del Biobío
Cuestionan acuerdo entre Urbanismo Social y el Minvu y otro para sepultar animales por la gripe aviar con empresa que cambió giro tras cerrar el trato.
Los diputados UDI José Antonio Coloma, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, presentaron ayer en Concepción una querella para indagar eventuales delitos en convenios suscritos entre el Serviu y la Fundación Urbanismo Social, y otro entre una empresa y la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, a quien el Presidente Gabriel Boric ha defendido frente a los pedidos de renuncia por parte de la oposición.
El primero se refiere a la organización cuestionada por adjudicarse de manera directa proyectos en Antofagasta y el Maule, y que le costó la salida al seremi Rodrigo Hernández, militante RD que hasta asumir en abril de 2022 era gerente de la ONG.
El segundo caso apunta a la delegación presidencial por la asignación directa por 145 millones con la empresa Cluster Chile para manejar y sepultar animales muertos por la gripe aviar en la Isla Santa María.
Los diputados indicaron que el convenio se aprobó el 4 de mayo, y el 6 de junio la firma amplió su giro a "recogida de desechos peligrosos", que era el fin del contrato. Añadieron que esta era la primera factura que dicha empresa emitía.
"Cuánto cuesta ganarse un proyecto por uno, dos, tres millones de pesos (...) y acá son fundaciones que fueron creadas este año y que la primera factura que emiten es de 145 millones", dijo Coloma a la salida del Ministerio Público penquista.
Añadió que así como Boric "blindó" hace dos semanas al seremi del Maule y luego le pidió la renuncia al detectar irregularidades, "nosotros creemos que la delegada Dresdner tiene sus días contados".
Por su parte, Bobadilla dijo que "están identificadas las empresas que han emitido estas facturas", añadiendo que ambas "a nuestro entender, no tienen experticia ni trayectoria en estos servicios que van a prestar y eso es lo que llama la atención".
Por ello, aseguró, "pedimos que se cite a declarar a la delegada presidencial (Dresdner), porque creemos que existe tráfico de influencias y situaciones que podrían ser sancionadas desde el punto de vista legal, y creemos que la delegada debe responder por esto".
La delegada presidencial, en tanto, afirmó estar disponible para entregar "todos los antecedentes, en todas las instancias que corresponda".
Finalmente, los parlamentarios de la UDI acusaron que existe un "mecanismo" en muchas regiones para crear ONGs y "contratarse entre ellas mismas". En ese sentido, dijeron que analizarán también los antecedentes que apuntan a que la fundación Horizonte Ciudadano (ver pág. 2) se adjudicó en 2022 un proyecto por $379 millones.