Pablo Martínez Tizka

La Fiscalía Regional del Biobío anunció ayer que se inició una investigación de oficio para esclarecer eventuales irregularidades en el traspaso de recursos públicos a la Fundación Urbanismo Social, desde Serviu y a la ONG Red Cultivarte, desde el Gobierno Regional del Biobío.

Otras fiscalías regionales como Antofagasta y Maule tomaron la misma determinación anteriormente para indagar a las fundaciones Democracia Viva y Urbanismo Social, respectivamente, con el fin de determinar posibles delitos.

En el caso de la Región del Biobío, desde Fiscalía se indicó que "inició de oficio (por iniciativa propia) dos investigaciones mediante de las cuales se buscará esclarecer la presunta existencia de delitos en los traspasos de recursos públicos hacia determinadas fundaciones".

Se informó que "en la primera de ellas se indagan eventuales irregularidades en los aportes recibidos por la fundación Urbanismo Social de parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu). La segunda está relacionada con la Organización No Gubernamental (ONG) Red Cultivarte y se investigan eventuales irregularidades en la asignación de fondos entregados por el Gobierno Regional".

La institución indicó en su comunicado, finalmente, que ambas causas se encuentran radicadas en la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional del Bío Bío y están a cargo de la fiscal de anticorrupción, María José Aguayo.

Parlamentarios

Representantes de la Región del Biobío en el Congreso se refirieron a esta información de Fiscalía.

La diputada Marlene Pérez señaló que "esta situación es sumamente grave y podría constituir delitos como tráfico de influencias, presiones indebidas y mal uso de recursos para favores políticos".

Por su parte, la diputada María Candelaria Acevedo marcó que "me parece sumamente necesario que se investigue tal como lo he señalado desde el primer día, por ende, valoro de forma positiva que la Fiscalía cumpla su rol. En la misma línea debo señalar que en mi condición de parlamentaria he oficiado a los ministerios de Vivienda, Trabajo y Desarrollo Social, para que entreguen los antecedentes relacionados a traspasos de dineros a fundaciones, corporaciones y otros desde 1990 a la fecha".

El diputado Eric Aedo también se refirió a estos casos e indicó que "nos parece que es una medida efectiva, importante y que había solicitado como diputado. Agradezco a la Fiscalía que haya tomado cartas en el asunto".

Asimismo, dijo que "es momento que la delegada presidencial comience a explicar cómo se entregan estos recursos, por parte de Vivienda, a una fundación sobre las que hay sospechas como Urbanismo Social y que, probablemente, estaba realizando una tarea que debió hacer el Ministerio de Bienes Nacionales".

El senador Gastón Saavedra remarcó que "en la situación que hoy vive el país se requiere que la institucionalidad pública funcione y aplique las medidas que corresponden con un proceso investigativo que asegure la aplicación imparcial de la ley. Se requiere una actuación coherente, consecuente y que dé tranquilidad a la población".

Gore y serviu

El gobernador regional, Rodrigo Díaz, señaló que "me alegra mucho que el Ministerio Público inicie esta investigación, lo agradezco. Además, di instrucciones al equipo del Gobierno Regional para que pongan a disposición todos los informes que se han requerido a Fiscalía. Partiremos hoy ingresando todos los antecedentes relativos a distintos contratos que tenemos con organizaciones que prestan servicio al Gore. Somos los más interesados en que esto se esclarezca y se aleje todo manto de dudas del comportamiento que, a nuestra opinión, es probo por parte de quienes trabajan en el Gobierno Regional".

Finalmente, desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) se indicó que "declaramos que estamos completamente a disposición y se entregarán todos los antecedentes que requiera el Ministerio Público".

"Somos los más interesados en que esto se esclarezca y se aleje todo manto de dudas".

Rodrigo Díaz, gobernador regional del Biobío