La encargada del Departamento de Gestión de Redes Asistenciales (Digera), Fabiola Jaramillo, detalló que hasta ayer había una ocupación nacional del 78,1% de las camas críticas pediátricas, un 79,8% en el sistema público y un 73,7% en el sector privado. Además indicó que hay 1.354 camas habilitadas, lo que representa un alza de 83,5% respecto de la dotación base, que era de 738 en la red público-privada.

A nivel regional la ocupación va desde un 25% en Magallanes hasta 95% en Ñuble, mientras que a nivel de Servicios de Salud, la situación más complicada es la del Metropolitano Occidente, donde la ocupación llegó al 100%.

Respecto a la circulación viral, un 52% de los casos detectados corresponden al virus respiratorio sincicial, virus que no tiene vacuna y que afecta principalmente a menores de un año de edad.

Carolina Collins

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, anunció ayer que instruyó la apertura de un sumario administrativo en contra del seremi de la cartera en la Región del Maule, Rodrigo Hernández (RD), por su vínculo con la fundación Urbanismo Social.

Los cuestionamientos en dicha región surgieron después de que estallara el escándalo por los millonarios convenios directos entre el Estado y la fundación Democracia Viva en Antofagasta. En el Maule los dardos apuntan a la ONG Urbanismo Social, que fundada en 2009 comenzó a recibir millonarios traspasos en 2019, y de la que fue parte por siete años hasta abril de 2022 el seremi Rodrigo Hernández, militante de Revolución Democrática (RD).

El problema habría sido que Hernández se inhabilitó de adjudicar fondos a esa ONG sólo un día después de que la seremi recomendara hacerlo. Producto de ese vínculo reciente, la Fiscalía del Maule abrió una investigación y el jueves pasado Montes anunció el envío de un equipo a la región para realizar una investigación preliminar por los más de $500 millones que se adjudicó dicha ONG en proyectos desde 2019. Ayer informó que "al seremi del Maule hemos resuelto iniciarle un sumario administrativo producto de una información que no coincidía entre el periodo que él solicitó inhabilitarse y en que se tomaron las decisiones".

El ministro dijo el jueves que Hernández "se había inhabilitado" al momento en que se autorizaron los pagos y ese mismo día el Presidente Gabriel Boric dijo que hasta entonces "ni el seremi del Maule ni Daniela Dresdner (delegada del Biobío) tienen responsabilidades políticas que pagar".

Un día después de presentar a la nueva subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, reemplazo de Tatiana Rojas, Montes informó de nuevos antecedentes respecto del caso de Democracia Viva que fueron entregados a la Fiscalía de Antofagasta sobre "una funcionaria que firmó una solicitud de la contratación de ciertas personas, el 1 de febrero de este año". Y sostuvo que "ya pedimos toda la información sobre la situación de Atacama", donde también hay una indagatoria por traspasos a la fundación Comprometidos, cuestionada por cambiar de rubro justo antes de suscribir un millonario convenio. El Gobierno no ha descartado querellarse.