Fiscalía investiga a otra ONG por convenios suscritos con Seremi
La indagatoria surgió en el Maule pero se sumará al caso de Antofagasta. Fiscal que investiga lo sucedido en Vivienda confirmó, en tanto, que en allanamiento a domicilio de diputada hallaron notebook y celular de su cuestionada expareja.
Leo Riquelme
El Ministerio Público confirmó anoche la apertura de una nueva arista en la investigación por convenios suscritos por Seremis de Vivienda con fundaciones relacionadas con militantes de Revolución Democrática. A la iniciada por Democracia Viva, se sumó una pesquisa activada en Talca y que involucra a Urbanismo Social, que también implica contratos millonarios.
El fiscal regional del Maule, Julio Contardo, explicó que las indagatorias se abrieron a partir de la denuncia del senador PS Fidel Espinoza y publicaciones de prensa, en las cuales se acusó que el seremi de Vivienda, Rodrigo Hernández, favorecía a la ONG de la cual antes había sido gerente. Éste respondió que todo se hizo por licitación, proceso del cual se abstuvo de tomar la decisión.
Una investigación de Ex-Ante, sin embargo, asegura que esta ONG suscribió contratos con la Seremi de Vivienda de Antofagasta por 577 millones de pesos por trabajos en esta comuna. Esto se hizo entre octubre y diciembre, igual que con Democracia Viva.
Por esta causa el fiscal derivó todos los antecedentes a Antofagasta. "Es el mismo modus operandi, que eventualmente tiene que despejarse", dijo.
El fiscal nacional Ángel Valencia dijo que por ahora todas estas causas estarán radicadas en Antofagasta, no descartando que se sitúen en otro lugar o incluso las asuma directamente él, como pidieron diputados del Partido Republicano.
"Es prematuro (decidir) por el estado de avance que tienen las investigaciones", comentó anoche.
Ministro y diputada
La nueva arista se conoció el mismo día en que el ministro de Vivienda Carlos Montes, entregó tres archivadores con antecedentes al fiscal regional (s) de Antofagasta, Cristian Aliaga, y al fiscal Cristián Aguilar, quien investiga eventuales delitos en la suscripción de tres convenios por 426 millones de pesos para realizar acciones en campamentos de la zona, contratos cuestionados porque se hicieron por asignación directa entre dos personas que estaban vinculadas directamente con la diputada Catalina Pérez, como son su ahora expareja, Daniel Andrade, y su exjefe de gabinete Carlos Contreras, todos de RD.
"(Contienen) toda la información que tenemos, el conjunto de información necesaria para la investigación, los datos que tenemos de las obras que se están realizando acá", dijo el ministro de Vivienda.
El fiscal Aliaga indicó que las carpetas incluyen 30 resoluciones relacionadas con convenios y traspasos de fondos entre la Seremi y la ONG.
Tras el encuentro, el fiscal Aguilar confirmó que el martes efectuaron un allanamiento a una vivienda en Pedro Aguirre Cerda, que resultó ser de la diputada Catalina Pérez.
"No teníamos antecedentes de que pudiera ser compartido o tuviera vinculación con la diputada", afirmó el fiscal, quien aseguró que la diligencia se hizo ahí porque era un lugar que tenían identificado como un domicilio de Daniel Andrade.
Aguilar precisó que de dicho inmueble incautaron un notebook y un teléfono celular del sospechoso, quien junto al exseremi son los únicos indagados en calidad de imputado en la presunta causa de corrupción.
La diputada Pérez no comentó ayer la diligencia, a pesar de que ha negado que estuviera al tanto de los convenios hechos en su región por personas que eran tan allegadas a ella.
Monsalve destaca
En RD la desconfianza es creciente y ayer a ella se sumó el presidente del partido, el senador Juan Ignacio Latorre, quien hasta hace poco hablaba que había sólo "descriterio" de Andrade y Contreras. "Es muy poco probable que (la diputada) no supiera, porque es su propia región, era su círculo cercano", dijo.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, valoró que la fiscalía allanara la casa de la diputada. "Puede parecer contradictorio pero me parece bien que cuando se investiga un eventual delito de mal uso de recursos públicos nadie esté fuera del alcance de la ley y no haya inmunidad ni impunidad", comentó, agregando que Interior instruyó auditorías en todas las delegaciones presidenciales para fiscalizar todos los convenios que impliquen transferencias de recursos.