Pablo Martínez Tizka

Diputados de la zona exigieron al Ministerio de Vivienda y al gobierno del Presidente Gabriel Boric aclarar una presunta entrega de $148 millones desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), mediante trato directo, a la Fundación Urbanismo Social, en la región del Biobío.

Cabe recordar que actualmente, la Fiscalía Regional de Antofagasta abrió una investigación de oficio respecto convenios suscritos por la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, para la ejecución de proyectos en campamentos de la ciudad, en el que el representante legal de esa fundación era la pareja de la diputada de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez.

"Los hechos que hemos conocido son graves (los de Antofagasta) y acá (en la Región del Biobío) nos encontramos con un nexo entre la delegada Daniela Dresdner y la fundación Urbanismo Social", indicó el diputado Eric Aedo (DC).

El parlamentario exigió a la delegada presidencial y a la Seremi de Vivienda transparentar y aclarar todos los convenios que han entregado a fundaciones y organizaciones no gubernamentales.

"Por los antecedentes que se han hecho públicos, este parece ser un mecanismo que se implementó en todo el país para traspasar recursos a organismos con lazos políticos", dijo.

El diputado pidió que exista una comisión investigadora, además de solicitar información a organismos como Corfo y Sercotec respecto a una posible entrega de recursos por asignación directa a esta fundación.

Sobre la delegada, señaló que "queda en una situación compleja que va a tener que explicar. Junto con lo que ha aparecido en la prensa, he tenido información de que esa fundación habría recibido otro aporte en mayo desde el sector vivienda. Es importante que ella explique cuál fue su rol en esa fundación, así como de quien fue su jefe de gabinete y hoy es encargado de Campamentos en el Minvu".

Por su parte, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) indicó que "hemos pedido, a través de la Cámara de Diputados, que se nos informe respecto de la asignación de recursos que pudieran existir por parte de las seremías en la Región del Biobío, a distintas fundaciones".

La Estrella solicitó una versión de la Fundación Urbanismo Social, sin respuesta al cierre de esta edición.

Delegada

La delegada Daniela Dresdner señaló que "en los casos en que existan sospechas hay que investigar y poner todos los antecedentes sobre la mesa. Cada vez que hemos pillado a alguien que pueda estar en una situación sospechosa, hemos apartado a esa persona del cargo y se han iniciado todas las investigaciones. Eso seguiremos haciendo, que no quepa ninguna duda".

Asimismo, mandó un mensaje a los parlamentarios de la región que se han referido al tema. "Ya que estamos interesados en los temas de corrupción, llevemos adelante las modificaciones legales para la persecución de ésta y para que los culpables no puedan estar en cargos públicos de ningún tipo".

Sobre su vinculación con la Fundación Urbanismo Social, señaló que "yo trabajé ahí, eso está en mi currículum y lo pueden encontrar hasta en Wikipedia. No es algo que se haya ocultado, pero nunca fui parte del directorio. Fui contratada para proyectos específicos en dos periodos y luego no mantuve ningún tipo de relación desde mi salida en 2017".

Finalmente, indicó que la fundación ha tenido contratos en diferentes gobiernos, al igual que en éste, pero que ella no ha tenido nada que ver en ninguno de esos vínculos y que se han realizado de acuerdo con la ley.

Serviu

Desde Serviu Biobío, a través de una declaración pública, enfatizaron en que no existió convenio con Fundación Urbanismo Social, sino que se contrató un servicio.

"Como servicio descartamos de manera categórica que nuestras decisiones, todas debidamente fundamentadas y de público acceso, se deban a preferencias políticas o presiones de ningún tipo. Declaramos que todos nuestros procesos de adquisiciones se apegan a los más estrictos estándares de probidad, fundados en la Ley 19.886 que regula las compras del sector público. Dicho marco legal reconoce la posibilidad de realizar contrataciones directas en forma excepcional".

Por ello, explicaron que "dada la emergencia acontecida a partir de febrero de este año, y atendiendo a la urgencia de dar respuesta rápida y efectiva a 712 familias afectadas por los incendios forestales, contratamos, en la modalidad de trato directo, una asesoría para brindarles apoyo social y jurídico en los procesos de postulación a los subsidios de vivienda definitiva que nuestro Ministerio ha establecido para ayudar a los damnificados".

"Es importante que ella (delegada Dresdner) explique cuál fue su rol"

"Nunca fui parte del directorio (de Fundación Urbanismo Social)

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