Leo Riquelme

La Contraloría inició una investigación a todos los convenios suscritos por la secretaría regional ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta a través del programa de Asentamientos Precarios. Esto, luego que la semana pasada se denunciara el pago de 426 millones de pesos a la ONG Democracia Viva, que es representada por la pareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, polémica que decantó en la renuncia del jefe de la repartición, Carlos Contreras. Los tres son militantes en Revolución Democrática.

Según radio Biobío, la Seremi tendría acuerdos similares con otros organismos por 3 mil millones de pesos, muchos de los cuales no habrían pasado por el proceso de toma de razón del fiscalizador debido a que se asignaron parcializadamente y por montos menores a los $316 millones, que es desde cuando se obliga a hacer revisión.

La Contraloría dispuso que la secretaría regional debe entregar todos los antecedentes en cinco días.

Esta indagatoria se suma a la que abrió por oficio la fiscalía, centrada solo en la denuncia que involucra a Democracia Viva.

El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, indicó que ya hicieron las respectivas solicitudes de antecedentes a la Contraloría y la Seremi. Explicó que por ahora indagan eventuales delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude el fisco.

Ante lo denunciado, el Presidente Gabriel Boric había ordenó "colaboración absoluta" con las investigaciones, pues si "hay sospecha o antecedentes de delitos" le parece "gravísimo y nuestro Gobierno tiene el deber y la exigencia de colaborar en todo el proceso"-

"Tenemos que ser muy claros y firmes: si en el pasado desde nuestro sector político fuimos muy duros en condenar todo tipo de actos reñidos con la fe pública y donde hubiese presunciones de delitos -que le corresponderá a la Justicia decirlo-, hoy cuando quienes están involucrados son personas cercanas al Gobierno debemos tener el mismo estándar e incluso ser más firmes. Acá no puede caber ningún tipo de complacencia ni de protección, sino que tenemos que ser muy claros en que este tipo de situaciones no las vamos a permitir", agregó.

Ayer la oposición endureció su ofensiva, luego que se conociera que la asociación de funcionarios del Serviu de Antofagasta informó en un correo electrónico a la subsecretaria de Vivienda, la también RD Tatiana Rojas, sus cuestionamientos a los convenios que estaba suscribiendo el entonces seremi Carlos Contreras, renunciado ante la polémica.

El ministro Carlos Montes respondió que la notificación que conocía era por supuestas contrataciones indebidas, no sobre los convenios. Aseguró que de ellos sólo se enteró la semana pasada, cuando se divulgó el acuerdo con Democracia Viva. Además, respaldó a la subsecretaria Rojas.

El presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, dijo en radio Concierto que eso sucedió porque "la información que le fue entregando el seremi, lo que nos dice la subse, es que fue como parcial , fue de a poco hasta que la cosa fue como creciendo".

Los diputados de RN concurrieron en la mañana a Contraloría para solicitarle que investigue alguna eventual responsabilidad del ministro Montes al aceptar la renuncia de Contreras, lo que le impediría abrir un sumario en su contra.

Asimismo, solicitaron que se abra una indagatoria contra la subsecretaria Rojas por presuntamente no haber acogido la denuncia de los funcionarios; y se ordene una auditoría en todas las seremis de Chile para revisar este tipo de contratos directos con organizaciones supuestamente relacionadas con el Frente Amplio.

Parlamentarios de la UDI, en tanto, presentaron una querella y pidieron que se abra e acceso a las cuentas bancarias de Andrade, Contreras y de la diputada Pérez, que ha negado tener conocimiento del convenio y fustigó a quienes lo suscribieron.

Un centenar de personas, entre familiares, amigos y conocidos de Rennatta Rozas, quien fue hallada sin vida en Penco a fines de mayo tras permanecer casi un mes desaparecida, se manifestaron durante la tarde de ayer en el centro de Concepción y marcharon por avenida O'Higgins, exigiendo justicia tras la muerte de la joven malabarista.

Se trató de una nueva manifestación encabezada por familiares de la mujer, quienes esperan que se encuentre a quien o quienes sean responsables y que la muerte de la joven no quede impune.

"El motivo de esta marcha es seguir viralizando la negligencia que ha habido en el caso de Rennatta, así como en muchos otros casos donde cuesta mucho que haya una justicia real", comentó a La Estrella Josefa Rodríguez, prima de Rennatta.

"Lo que buscamos es que se siga agilizando la investigación en el caso de Rennatta, la única respuesta que hemos tenido en todo este tiempo es que tenemos que esperar, desde el día uno en que desapareció Rennatta que hemos tenido que esperar, y fue encontrada muerta, y ni siquiera fue encontrada por las policías. Eso es lo que pedimos y por eso nos manifestamos, por el trato que hemos tenido como familiares, no nos guían sobre qué hacer", subrayó.

Josefa Rodríguez añadió que "siguen pasando casos de desaparición, entonces la marcha es no solo por Rennatta, sino por todas aquellas mujeres que han desaparecido y han sido encontradas sin vida", recalcó, apuntando a que ni el caso de su prima u otro quede sin encontrar responsables en nuestro país.