Funcionarios municipales acompañados de carabineros demolieron ayer las ampliaciones irregulares de tres"narco-casas" y también un mausoleo en La Florida. El operativo comenzó ayer en el sector de Bahía Catalina con San Miguel, donde destruyeron un memorial construido en homenaje a un sujeto que tenía causas por robo y porte de armas.

En dicho lugar el personal municipal y la prensa fueron atacados por manifestantes con piedras y manotazos y encararon al alcalde Rodoldo Carter, quien se hizo presente tal como en las cuatro demoliciones anteriores.

Luego de ese procedimiento fueron demolidas tres ampliaciones irregulares de casas en el mismo sector, las que estarían vinculadas al clan familar "Los Tobar", cuyó líder se encuentra preso.

Sobre el operativo, Carter dijo que en una de las viviendas había "indicios de venta de drogas" y que las casas eran difícil de demoler porque eran "pequeños fortines". Agregó que quedan 16 ampliaciones por demoler y que "los operativos se hacen, no se tienen que anunciar".

La delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez, llamó a realizar estas acciones de manera más coordinada para mayor seguridad.

Tras nueve meses de investigación, la PDI desbarató un polígono de disparo ilegal en Quilicura, donde detuvo a siete personas, en el que varios policías habrían participado de estas jornadas de tiro.

Según la investigación, en un sitio eriazo cercano al aeropuerto de Santiago un grupo de falsos instructores, entre ellos expolicías y militares venezolanos con situación irregular en el país, ofrecían cursos de disparos en los niveles de principiante y experto a personas adultas y menores, a quienes habrían cobrado 25 mil pesos por clase y entregado munición ilegal para disparar.

Los encargados habrían operado bajo el nombre de la empresa V- Raptor, le arrendaban el sitio al empresario Juan Pablo Ruiz, quien fue condenado en 2017 por hacerse pasar por policía para atrapar delincuentes, quien también les habría arrendado armas.

Éste promocionó el negocio a través de su empresa en redes sociales.

Según la investigación, al lugar acudieron 18 carabineros y tres PDI. Esta última institución inició un sumario contra los funcionarios participantes, quienes quedaron como testigos del caso, puesto que habrían utilizado sus propias armas y municiones.

En un operativo el sábado la PDI detuvo a seis personas por los delitos de asociación ilícita, tráfico de armas y de municiones. Cuatro de ellos quedaron en prisión preventiva, otro con arresto domiciliario total y una última persona, quien fue detenido por poseer municiones no permitidas, quedó con otras medidas cautelares.

La delegada presidencial Constanza Martínez dijo que "menos armas es más seguridad (...) Necesitamos achicar la cancha a quienes cometen estos ilícitos", para lo que pidió mejorar la legislación.

Actualidad

La Brigada Investigadora del Cibercirmen (Ciber) penquista, al igual que las otras brigadas de esa área a nivel nacional, concretaron allanamientos con el objetivo de poner a disposición de la justicia a sujetos identificados como presuntos responsables de variados ilícitos asociados a pornografía donde están involucrados niñas, niños y adolescentes.

Los detectives del Ciber Concepción tienen jurisdicción desde la Región de Ñuble al sur del Chile, realizando indagatorias que permitieron ubicar y posteriormente detener a un total de 21 personas en esa extensa área del país e incautar más de 50.000 archivos digitales.

"Esta es la segunda operación nacional ligada a delitos asociados a pornografía infantil; este año después de cuatro meses de investigación se realizó esta operación, donde a nivel nacional se detuvo a 95 sujetos y específicamente en el Biobío se aprehendió a doce personas", indicó el jefe subrogante del Ciber penquista, subprefecto Andrés Contreras.

El oficial agregó que la Región del Biobío fue la segunda a nivel país con la mayor cantidad de imputados, y donde a uno de los detenidos se le incautaron más de 28.000 archivos digitales.

Apoyo del fbi

"En base a la cooperación internacional con organismos de otros países recibimos alertas, especialmente del FBI (Estados Unidos), donde sugieren que ciertas personas estarían bajando material relacionado a pornografías infantil, y es ahí donde nosotros iniciamos la investigación, lo que posteriormente es comunicado al Ministerio Público", precisó el subprefecto Contreras.

Desde a PDI informaron que a nivel nacional, además de los 95 detenidos, los detectives del Cibercrimen incautaron un total de 7,73 terabytes de datos, distribuidos en 179.947 imágenes y 37.902 videos.

Para el éxito de las diligencias se efectuaron reuniones de coordinación con la Fiscalía Nacional, Unidad Especializada en Delitos Sexuales y de Explotación Sexual, permitiendo que se designaran fiscales especiales para cada una de las regiones de nuestro país.

95 personas fueron detenidas durante el operativo realizado por la unidad especializada.

50 mil archivos digitales con contenido sexual fueron detectados durante la investigación.