Pablo Martínez Tizka

Tras aproximadamente un año de investigación por parte de la Fiscalía Regional, funcionarios de la PDI lograron la detención de 10 personas, ocho de las cuales pertenecerían a la organización delictual conocida como Tren de Aragua, por delitos de trata de personas, tráfico de drogas y tenencia de armas en Concepción.

Tanto en punto de prensa como en la audiencia de formalización, que deberá continuar hoy, el fiscal José Patricio Aravena explicó el modus operandi de los individuos, que trasladaban a mujeres desde Venezuela para su explotación sexual.

"Existe un líder de la organización, quien era el encargado de realizar el traslado de las mujeres a Concepción desde Venezuela y realizar la explotación. Otras dos personas (un hombre y su pareja, de nacionalidad chileno-argentina), facilitaban medios para la explotación sexual", señaló el persecutor, añadiendo que la pareja del principal imputado "contribuía con tareas necesarias para efectos de realizar la explotación. El resto corresponde a brazos operativos en materia de trata de personas y tráficos de drogas".

El fiscal Aravena indicó que 14 mujeres, 13 de ellas venezolanas y una de nacionalidad colombiana, fueron víctimas de la trata de personas y explotación sexual que se desarrollaba en un inmueble en el sector céntrico de la capital penquista.

"Las instalaciones eran arrendadas por una pareja, ambos imputados y una de ellas de nacionalidad chileno-argentina. A su vez, ellos subarrendaban a la banda, sabiendo la actividad que desarrollaban. También proveían medios de pago, habilitaban sus propias cuentas para recibir dinero por la explotación, todo ello principalmente en el centro de Concepción", indicó.

Durante la formalización, el fiscal mencionó una dependencia ubicada en Aníbal Pinto como el lugar principal, en donde las mujeres permanecían recluidas, en malas condiciones. "Llegaron a Chile caminando por el desierto, descalzas, y el líder pagó el traslado hacia Concepción. Todos estos costos los transformó en una deuda para las mujeres, a la que le llamaron 'multa', con la cual no podían tener su libertad. La suma inicial era de $3.500.000. Esto no fue un acuerdo de libre mercado, sino que hubo abuso, coacción y aprovechamiento".

Otro de los imputados, sindicado como uno de los miembros del brazo operativo, era quien vigilaba el domicilio y cobraba a las víctimas. Asimismo, dos mujeres están acusadas por tenencia de armas de fuego, mientras que otros tres sujetos por infracción a la ley de drogas al operar en la zona.

En cuanto a este último punto, el fiscal Aravena indicó que se encontró cannabis en domicilios ubicados en Nonguén, Teniente Merino y Santa Sabina, entre otros.

El subprefecto Antonio Briseño, de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI, señaló que "hubo una planificación de este operativo con orden de ingreso y registro a 16 inmuebles. Se hizo un allanamiento simultáneo para detener a las personas que ya tenían orden de detención, para así obtener evidencias. Se incautaron drogas, armas y municiones".

reacciones

El alcalde Álvaro Ortiz lamentó la llegada de este tipo de bandas criminales a la zona y señaló que "hay que esperar la investigación, pero lo importante es que el Tren de Aragua fue capaz de llegar a Concepción, no solo con tráfico de drogas, sino también con trata de personas y tráfico de armas en donde se empiezan a arrendar inmuebles para ejercer diferentes delitos y es ahí nuestra preocupación".

Añadió que "en 17 mesas comunales que tenemos en los barrios, la comunidad nos dice los lugares en donde se genera el microtráfico, en donde se ocupan inmuebles para prostitución. Cuando Concepción sale dentro de las primeras comunas del plan Calles sin Violencia es por estas situaciones".

Por su parte, la delegada presidencial Daniela Dresdner señaló que "este gobierno se ha hecho cargo del crimen organizado. Nosotros no les estamos dando espacio, se los estamos cortando".

Respecto a las implicancias de esta investigación para el futuro del Tren de Aragua, la fiscal regional, Marcela Cartagena, sostuvo que "esa es una respuesta difícil de dar porque sería especular. Estamos develando el resultado de cierta parte de la investigación, no significa que está terminada".

La fiscal Cartagena señaló que "es importante que la ciudadanía sepa que este tipo de investigaciones demoran este tiempo e incluso más. Gracias al sigilo durante este proceso, esto ha dado buenos resultados", cerró.