El Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, Región de Valparaíso, aplicó la Ley Nain-Retamal a la condena de una carabinera acusada del desnudamiento forzado de una persona dentro de una comisaría, lo que fue considerado un apremio ilegítimo. Si bien la norma vigente a la fecha de los hechos establecía una agravación de la pena según el Código Penal, aumentándose la pena en un grado, esto no se aplicó porque fue eliminado del texto vigente. Por ello, conforme a la actual normativa del articulo 18 del Código Punitivo no se aplicó la agravación antes prevista y solicitada por el Ministerio Público. De esta manera la uniformada que arriesgaba hasta 5 años de cárcel fue condenada a 541 días de pena remitida, por lo que no irá a la cárcel.

Sobre la causa de Aldo Sanhueza Carrera (consejero constitucional electo del Partido Republicano), el Poder Judicial aclaró ayer que "el Juzgado de Garantía de Concepción acogió el 29 de marzo de 2019 la solicitud del Ministerio Público de suspensión condicional del procedimiento por un año en la causa en contra de esta persona, imputada por el ente persecutor como autor del delito consumado de graves ofensas al pudor. Ilícito perpetrado en marzo de 2019, en la comuna de Penco".

"En la audiencia, el magistrado Gonzalo Rojas Monje declaró la suspensión, solicitada por la fiscalía con la aprobación del imputado, decretando las condiciones de no acercarse, ni contactar a la víctima (...) y fijar domicilio. Luego de un año, sin incumplimiento por parte del Sanhueza Carrera, la causa fue cerrada y el imputado sobreseído", sostuvo el Poder Judicial.

"De acuerdo al ente persecutor, alrededor de las 4 de la madrugada del 29 de marzo de 2019, la víctima viajaba en un bus (interprovincial) cuando a la altura del enlace Penco de la ruta 150, fue tocada (...) por Aldo Sebastián Sanhueza Carrera. El imputado posteriormente fue detenido por funcionarios de Carabineros, luego de ser informados de estos hechos", se agregó desde la institución.

El ahora consejero constitucional electo se había referido al caso a través de Twitter.

Dos adolescentes fueron detenidos en la mañana de ayer en las cercanías del Liceo de Aplicación en Santiago. Cerca de las 11:30 horas, un grupo de encapuchados cortaron algunas calles en la Alameda y se enfrentaron con personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros. Según indicaron desde la institución, los vándalos les lanzaron piedras y cerca de 50 bombas molotov a los uniformados, que detuvieron a dos jóvenes de 17 años por estos hechos. Al arrojar los artefactos incendiarios, a dos jóvenes se les quemó su ropa y posterior a ello ingresaron al colegio. Carabineros dijo que consultaron a los directivos del liceo, que no reportaron alumnos quemados.

Matías Gatica Lindsay

El Presidente Gabriel Boric promulgó en la mañana de ayer la Ley Antinarcotráfico, que persigue el dinero proveniente de esta actividad y del crimen organizado. En la ceremonia, el mandatario adelantó que analiza la opción de implementar una cárcel para los condenados por estos delitos.

Esta ley que amplía el decomiso de bienes a narcotraficantes, permitiendo usar esos recursos en fortalecer la investigación y persecución de las policías y otorgarles espacios a instituciones de prevención y rehabilitación; aumenta las penas a quienes suministren drogas a terceros; y entrega mayores facultades a las policías para fiscalizar a personas que están o deban estar en el registro de precursores y sustancias químicas.

Adicionalmente, establece la justificación del cultivo de cannabis a pacientes de tratamiento médico, que tengan una receta para su uso.

El jefe de Estado dijo que con esta ley "vamos a detener el alza de homicidios que hace años se viene registrando (...) Nuestro objetivo también es golpear con mucha fuerza al crimen organizado".

Sobre esto último, Boric añadió que "estamos pensando en una cárcel especial para los grandes narcotraficantes" y condenados del crimen organizado, como parte de un plan de reactivación de la infraestructura penitenciaria que alista el Ministerio de Justicia.

Con ello buscan evitar que exista "contagio criminal" dentro de los recintos, aunque reconoció que se deben analizar los recursos para que se pueda implementar.

Desde 2012 que no se constryen cárceles en el país. El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que no hay disponibilidad de suelo y que buscan simplificar el trámite para infraestructura. Por ahora, agregó, ampliarán módulos para este tipo de criminales mientras planifican nuevos recintos penales.

Sobre este tipo de cárceles, el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, dijo a radio Cooperativa que es factible implementarlas, pero respetando los DD.HH de los presos y que paguen los líderes, y no "los eslabones más débiles de la cadena".