J. Pablo Fariña López

Un alza en materia de denuncias por maltrato a alumnos y párvulos en establecimientos informó la Superintendencia de Educación del Biobío, que hasta el 15 de marzo presentaba 21 denuncias de este tipo, superando las catorce que había el año pasado, en el mismo lapso de tiempo.

Dentro de aquellas denuncias doce corresponden a situaciones en los que los presuntos victimarios se tratan de alumnos y en otros nueve los hechos habrían sido protagonizados por adultos contra estudiantes, mientras que a nivel nacional el total de casos es de 374.

Si bien en la zona todavía no se han registrado hechos graves de violencia, los apoderados se mantienen atentos a la convivencia de sus hijos con sus compañeros, considerando que el bullyng es bastante común en las aulas.

Respecto al tema, Ester Sáez, presidenta comunal de Centros de Padres de Chiguayante y representante de apoderados en Andalién Sur, opinó que "estamos muy preocupados y creemos que es necesario evaluar año a año la Ley de Aula Segura. Lamentablemente la violencia nos afecta mucho a nivel país y es fundamental que los padres conozcan las reglas de convivencia de cada recinto. Hemos tenido casos de maltrato a alumnos e inclusive a profesores, pero todavía no se ha registrado algún caso grave este año".

Además apuntó que "también hay que prestar mucha atención a los párvulos, ya que ellos a veces no verbalizan las cosas que les suceden y ante cualquier cambio de comportamiento puede estar pasando algo. Es muy difícil lidiar con el bullying".

protocolos

Sobre el rol de la Superintendencia de Educación tras recibir estas denuncias, su director regional, Carlos Martínez, indicó a La Estrella que "se solicita la mayor cantidad de antecedentes a los ciudadanos e información precisa de los hechos denunciados. En paralelo, se pide al establecimiento un informe para conocer las medidas que se adoptaron, tras la situación denunciada".

De las medidas que se adoptan en caso de que el establecimiento no cumpliera los protocolos, la autoridad apuntó que "se realiza un análisis de los antecedentes para determinar si el establecimiento ajustó su actuar a la normativa educacional".

Agregó que "si se detectan incumplimientos, se inicia un proceso administrativo que puede culminar con sanciones de multas en UTM o incluso la pérdida del Reconocimiento Oficial o la inhabilitación de por vida de un sostenedor, en los casos más graves".

Consultado por recomendaciones a los apoderados, apuntó que "es importante que las familias participen activamente de las comunidades educativas, que conozcan el reglamento interno y los protocolos de actuación de los establecimientos ante casos de maltrato u otros relacionados a la convivencia".

Recalcó que "contar con una buena convivencia escolar es fundamental para que se desarrollen los aprendizajes y para el resguardo de derechos de niñas, niños y adolescentes".

Sobre la violencia que se vive al interior de los colegios, Eliseo Lara, director de Pedagogía en Educación Media de la Universidad Andrés Bello, sostuvo que "es sólo el reflejo de una violencia social que hemos acumulado por décadas. Hay que preguntarnos qué estamos haciendo para no reproducirla, ya que los estudios muestran que el origen social actual se sitúa en dos espacios: la desigualdad y la discriminación. Ambos factores están fuertemente presentes en la sociedad chilena y en la fragmentación del sistema escolar".

Añadió que "disminuir la violencia no pasará por aumentar la acción punitiva en los colegios, sino en mostrar que es posible otras formas de convivencia social".