Pablo Martínez Tizka

U n total de 29 proyectos son calificados en la actualidad por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en el Biobío.

Estas iniciativas están distribuidas en 25 presentaciones de Declaración de Impacto Ambiental (DEA) y cuatro de Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Entre los EIA que están en estado de calificación se encuentran los proyectos Eólicos Vientos del Pacífico en la provincia de Arauco, Newen Küruf y Rinconada en la del Biobío. A estos se suman las iniciativas de continuidad operacional del relleno sanitario Hidronor y del Centro de Manejo de Residuos de Concepción (Cemarc).

El proyecto éolico Vientos del Pacífico ingresó al SEA en 2018 y aún no obtiene la evaluación, mientras que Hidronor y Newen Küruf esperan desde 2020.

Esto se diferencia con los proyectos DIA, en que la mayoría de las 24 iniciativas han sido presentadas este año y son de carácter inmobiliario, extracción de áridos o regularización de plantas.

Rodrigo Rivas, abogado especialista en medio ambiente, explicó los motivos por los que los EIA demoran más en ser evaluados.

"La situación es compleja, ya que si uno revisa los diferentes plazos que están en cada evaluación, la inmensa mayoría cumple con lo que establece el reglamento, que son 90 días para las DIA y 180 para las EIA como máximo. Sin embargo, la dificultad se encuentra en los días totales desde el ingreso del proyecto hasta la resolución".

El abogado señaló que "el mayor tiempo de espera se genera dentro del sistema, derivado del proceso de consultas y observaciones que hacen los diferentes servicios. Esto implica que los titulares de los proyectos deben contestar en plazos no considerados en la programación. Si a eso se agrega la participación ciudadana, exigible en los EIA, la extensión puede ser exagerada. Esta puede aumentar aún más si la resoución no satisface a los titulares y hay juicios de por medio en los tribunales ambientales".

Por ende, señaló que "lo que se necesita es que los titulares entreguen la información correcta y de manera oportuna para que los datos no sean insuficientes, pero también se requiere un SEA con mayor conocimiento técnico, ya que hay iniciativas de alta complejidad en que el servicio no tiene las competencias para abordarlo".

Evelyn Habit, académica e investigadora del Centro Eula, señaló que los plazos legales para dar la resolución son prudentes.

"Lo que pasa es que muchas veces no se entrega la información suficiente por parte de los titulares. Cuando eso ocurre, la institucionalidad pide más datos y eso toma un tiempo adicional para volver a generarse", dijo.

En ese sentido, explicó que "uno de los errores frecuentes consiste en que la información de base es insuficiente. Por ejemplo, si se presenta un proyecto relacionado con la Biota Acuática y el titular solo entrega datos de un muestreo puntual en un sector, que claramente no representa toda la dinámica temporal, los servicios públicos pedirán más muestreos extendidos a otras áreas".

Finalmente, la académica dijo que "el SEA necesita más personal para hacerse cargo de la gran cantidad de EIA y DIA que se presentan. La información es voluminosa y se requiere de una amplia capacidad humana, que muchas veces no es la suficiente en la actualidad".

Cpc y seremi

Desde la Cámara de la Producción y el Comercio (CPC) Biobío, su presidente, Álvaro Ananías, señaló que el proceso de calificación del SEA muchas veces es excesivo.

"Estamos hablando de varios años incluso. Lamentablemente esos tiempos de respuesta por parte del organismo muchas veces genera que el inversionista desista del proyecto, ya que en ese periodo de tiempo, por ejemplo, pueden cambiar las condiciones del mercado, y ya hemos vivido situaciones de este tipo en que cuando sale finalmente aprobado, tres, cinco o siete años después, el proyecto para el inversionista ya no es un negocio atractivo, o sencillamente en ese lapso de tiempo encontró otros lugares y otras áreas para invertir".

"Entonces si queremos ser una región atractiva para los inversionistas chilenos y extranjeros, no sólo se debe velar por las condiciones ambientales y de seguridad, entre otras, sino que también debiéramos reforzar al Servicio de Evaluación Ambiental ya sea con más personal calificado o bien acotando y definiendo los plazos de evaluación de los proyectos", agregó.

Por su parte, el seremi de Medio Ambiente, Óscar Reicher, señaló que "los permisos ambientales no son una barrera para el desarrollo, sino que son una condición necesaria para el desarrollo sustentable. Sobre los plazos, Reicher señaló que "no es una discusión nueva y hay distintos estudios que han abordado esta temática. Los datos en la región, solo viendo años fuera de la pandemia, en 2019 hubo un tiempo de tramitación de los EIA que alcanzaron los 1.392 días, de los cuales, 1.099 (78%) fueron tiempos solicitados por los titulares de los proyectos. En cuanto al 2022, el tiempo fue de 2.091 días en promedio para la tramitación de EIA, de los que 1.715 (82%) corresponden a tiempos solicitados por el titular".

Por último, el seremi dijo que "estamos abiertos como Gobierno a establecer una colaboración público-privada que ayude a mejorar los estándares de evaluación ambiental, pero también es necesario que los titulares realicen presentaciones más robustas".