J. Pablo Fariña López
Con los alegatos de apertura por parte de Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) comenzó ayer el juicio en contra seis ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) imputados por delitos de contaminación ambiental ocurridos en agosto y septiembre del año 2018 en las comunas de Talcahuano y Quintero-Puchuncaví (Región de Valparaíso).
De acuerdo a la acusación de Fiscalía, el primer episodio de contaminación ambiental ocurrió durante la descarga de crudo de origen iraní en la Bahía de Concepción. Se detalló que desde las bodegas de un buque se realizaron una serie de venteos (expulsión a presión) de gases contenedores de ácido sulfhídrico (H2S), lo que habría traído como consecuencia la propagación de contaminantes peligrosos. Esto habría generado una nube tóxica sobre las comunas de Concepción y Talcahuano, que inclusive forzó a una evacuación preventiva del centro comercial Mall Plaza Trébol y de pacientes de la Clínica Biobío.
"Comienza un extenso juicio oral llegando al final procesal de una investigación de varios años. Logramos tener la convicción que hubo responsabilidad de personas que tomaron decisiones respecto de la descarga de crudo de un barco a otro y luego el drenaje de las aguas residuales de este mismo producto" indicó la fiscal Ana María Aldana.
Cabe señalar que los imputados corresponden a Álvaro Hillerns Velasco, gerente de la Refinería Biobío; Patricia Cabalá Leiva, jefa de operaciones de Enap Biobío y Jorge Farías Fuentes, jefe del Área Marítima de Enap Biobío. Además se suman Edmundo Piraíno Suez, gerente de la Refinería Aconcagua; Juan Pablo Rhodes Valenzuela, director del Terminal Marítimo de Quintero, y Carlos Lizana Guerrero, jefe del Área Terrestre del Terminal Quintero.
Según indicó el Ministerio Público se solicitó al Tribunal Oral en lo Penal que los ejecutivos de Enap Biobío reciban la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y para los otros funcionarios de Quintero una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo.
"Tomamos esta investigación con la esperanza de dar respuesta penal a una importante cantidad de personas. Acá se trata de dos comunidades grandes con amplia población y en el caso de Quintero, personas frecuentemente golpeadas por este tipo de eventos", recalcó la fiscal Aldana.
De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial en este juicio hay considerados a 284 testigos, 20 peritos, 1.098 medios de prueba documental y 116 otros medios de prueba que se presentarán en el juicio, que se espera, tenga una duración de unos 6 meses.
La defensa
Desde Enap indicaron que van a demostrar que las fechas en las que realizaron sus operaciones no coinciden con la de los hechos indagados por el Ministerio Público.
El abogado defensor Cristián Muga expuso que "la descarga en el Terminal San Vicente ocurrió el 5 de agosto de ese año, es decir, al día siguiente de las evacuaciones ocurridas en Concepción. El trasvasije se efectuó utilizando un sistema completamente hermético, el que fue comunicado a las autoridades regionales y al personal de la Armada, siendo esta última la que supervisó y autorizó el proceso".
Agregó que "las acusaciones en contra de la empresa tienen un sesgo, lo que impidió investigar sobre los verdaderos causantes de la contaminación en Quintero y Talcahuano. Hay antecedentes suficientes que permiten demostrar que la causalidad no tiene relación alguna con la descarga del crudo iraní".
4 de agosto del 2018 se sintió un fuerte olor en el ambiente entre Talcahuano y Conce.
