Leo Riquelme

El Presidente Gabriel Boric defendió ayer el cambio de criterio que tuvo su administración al decidir durante la noche del miércoles la ampliación de una querella por Ley de Seguridad del Estado en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. Esto, luego que cuando el martes se difundió la entrevista en que el dirigente anunció que variarían su estrategia en la Macrozona Sur hacia el "sabotaje", La Moneda consideró que no era necesario perseguirlo.

"Es bueno que un Gobierno sea capaz de revisar sus decisiones, porque gobiernos obstinados, en donde actúan solo así y tratan de estar de acuerdo consigo mismo, la verdad que no traen las mejores soluciones", respondió el mandatario en Mega.

Boric afirmó que en todas las determinaciones que se adoptan en su administración "la decisión final me toca tomarla a mí". Y en el caso de Llaitul, explicó que las consideró "particularmente graves porque se atribuye la autoría de delitos".

El martes y el miércoles temprano, ante los llamados de la oposición y gremios empresariales que pedían una reacción penal ante la convocatoria al "sabotaje" que hizo el dirigente, la vocera Camila Vallejo y la ministra del Interior, Izkia Siches, habían dicho que con el equipo jurídico estimaron mantener las querellas existentes contra Llaitul, que databan de 2019 y habían sido presentadas por el entonces presidente Sebastián Piñera.

Según La Moneda, hasta se momento con eso bastaba para que el Ministerio Público investigara, pese a que el fiscal nacional Jorge Abbott decía que se requería una querella de parte del Ejecutivo.

La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, valoró el cambio de decisión del Gobierno sobre los dichos del líder de la CAM.

"Este tipo de anuncios, que son muy graves, por lo menos tienen que concitar una revisión jurídica para ver si están dentro del ámbito del derecho o no lo están. No puede ser que se digan amenazas en sentido amplio y que esto quede, de alguna manera, bajo la alfombra de una aparente libertad de expresión, cosa que evidentemente no lo es", sostuvo la ministra en Meganoticias.

La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (Anop) de Gendarmería le solicitó al Consejo de Defensa del Estado que recurra contra la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, que acogió una recurso de amparo del ex miembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Emilio Berkhoff, para trasladarlo desde la cárcel de Concepción al penal de Lebu. Según el gremio, en este último recinto no tienen las medidas de seguridad para mantener al condenado como autor de dos delitos de robo con intimidación e incendio. La Corte aceptó la petición de Berkhoff, que se basó en su sentido de "pertenecer" al pueblo mapuche. Según la Anop, la solicitud no fue pedida a Gendarmería, institución que tampoco tendría la potestad para pedir su revocación.

Gobierno decidió no respaldar una candidatura de Claudio Grossman a la Corte de La Haya

Lamento transversal generó en el mundo político y académico la decisión del Gobierno de no apoyar la candidatura de Claudio Grossman a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La determinación fue informada esta tarde por la canciller Antonia Urrejola. "Se ha perdido una oportunidad muy importante para Chile. La única y última vez que tuvimos un juez en La Haya fue hace 67 años con Alejandro Álvarez", afirmó Heraldo Muñoz, ex ministro de RR.EE. del gobierno de Michelle Bachelet. Desde Cancillería señalaron que "una elección a la CIJ implica una campaña de gran envergadura, que se debe trabajar de manera prioritaria y con mucha anticipación" y que el Ministerio "lamentablemente que no está en condiciones de postular esta candidatura para el proceso eleccionario en curso".

La decisión de la Contraloría de abrir una investigación por el uso de recursos públicos en la campaña informativa sobre el plebiscito constitucional, en el que la oposición acusa supuesto intervencionismo, no privará al Gobierno de seguir con ella, advirtió la vocera Camila Vallejo.

"Esa campaña sigue, está todo en regla, nosotros vamos a colaborar y así se lo expusimos en la reunión que sostuvo nuestro equipo jurídico y los funcionarios de Contraloría que están haciendo su trabajo y son ellos lo que se pronunciarán en su momento (...) En eso no vamos a intervenir, porque es parte de su autonomía y su trabajo", dijo.

Vallejo aseguró que le gustaría tener pronto resultados de la fiscalización, para "disipar las dudas" en el proceso, que ha incluido la impresión y reparto de 900 mil textos con la propuesta elaborada por la Convención.

Sobre esto, ayer los diputados de RN concurrieron a Contraloría a pedir que se investigue el contrato directo de impresión de los libros, por un valor de $444 millones. Los límites para ese mecanismo, según los parlamentarios, son $58 millones, pero la Segegob dijo que lo hizo de forma directa por tratarse de un remanente de las platas de la Convención.