Sin cautelares quedan marinos formalizados por homicidio
Tribunal negó petición a Fiscalía, que juntó a querellantes, presentó un recurso de apelación contra la determinación.
Tras varias suspenciones de la audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de Cañete determinó ayer que el teniente segundo, Luis Videla y el cabo Ricardo Seguel, de la Armada, formalizados por el homicidio de Yordan Llempi Machacán (23) quedaran sin medidas cautelares en el marco del desarrollo de la investigación.
El tribunal rechazó la petición del Ministerio Público de aplicar la prisión preventiva a los dos uniformados imputados por la muerte del comunero, ocurrida el 3 de noviembre de 2021 durante Estado de Excepción Constitucional.
El juez de Cañete, Cristián Rosenberg, manifestó que "una vez concluidas las exposiciones, el Tribunal consideró efectivamente los presupuestos materiales del ilícito, es decir la existencia del delito, y la participación de solamente uno de los imputados (cabo primero), no acreditándose la participación del otro (teniente segundo)".
Agregando que "en razón de ello y la necesidad de cautela, estimó el Tribunal que ante la debilidad de la imputación, en cuanto a la existencia del delito, no era proporcional ni pertinente decretar la prisión preventiva, en este caso solamente respecto a un imputado".
apelación
Debido a la decisión del Juzgado de Garantía de Cañete, el fiscal Nelson Vigueras presentó una apelación, respaldado por las otras partes querellantes, correspondientes al Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) y la familia de la víctima.
De esta forma será la Corte de Apelaciones de Concepción la que decidirá mantener o revertir la determinación del Tribunal y hasta que eso no se resuelva los infantes de marina imputados deberán continuar en calidad de detenidos en la Base Naval de Talcahuano.
"El Tribunal declaró la admisibilidad de dichos de recursos de apelación y los concedió, elevando los antecedentes a fin de que la Corte de Apelaciones conozca de los mismos y resuelva. En el intertanto, los imputados deben permanecer detenidos hasta que dichos recursos se resuelvan en el transcurso de la semana en consecuencia", explicó el juez Rosenberg.
Por su parte, a través de un comunicado la Fiscalía del Biobío sostuvo que "considera que en la extensa y detallada presentación de las evidencias reunidas en la investigación encabezada por el fiscal Vigueras, que se prolongó por más de siete horas, se expusieron los antecedentes suficientes que justificaban que se les impusiera a los inculpados la prisión preventiva".
Añadiendo que "con la convicción de que la privación de libertad es la medida cautelar proporcional a la gravedad del delito, se buscará ante los ministros de la Corte de Apelaciones que se revoque la decisión del Juzgado de Garantía de Cañete.