Leo Riquelme
Acompañado por la senadora Fabiola Campillai, que perdió la visión a causa del lanzamiento de una bomba lacrimógena policial en los ojos en octubre de 2019, el Gobierno presentó ayer una agenda "de verdad, justicia y reparación para las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social".
La propuesta considera la presentación de proyectos de ley para asegurar una persecución penal especializada en DD.HH. para este tipo de casos; y para crear un sistema de protección especial para quienes se dedican a la defensa y el activismo en este tipo de causas. Ello, a un nivel similar de lo que consagra el Acuerdo de Escazú en materia ambiental.
A esto se sumará la instalación de una mesa de reparación "integral" para víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidos en ese período. Esta instancia será coordinada por la senadora Campillai, definirá medidas e instancias calificadoras e iniciará su trabajo en julio con "encuentros territoriales" para darle un sentido participativo.
"Como jefe de Estado tenemos el deber de dar respuesta, por eso estamos aquí, no para quejarnos, sino para decir que esto no se puede repetir, pero también que tenemos que hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que haya justicia verdad y reparación", dijo en el acto el Presidente Gabriel Boric.
Campillai criticó que "no se ha hecho nada por sanar las heridas" del estallido y pidió priorizar la agenda.
En el Ministerio de Justicia aclararon que la agenda no se vincula con el proyecto de amnistía que impulsa parte del oficialismo, y que está entrampado en el Senado por la falta de consenso.
Sus promotores alegan un supuesto abuso de las prisiones preventivas en estos casos, relacionándolas con eventuales persecuciones políticas, criterio que el Ministerio Público y el Poder Judicial rechazan aludiendo a que sólo se deben a causas penales.
La vocera de la Corte Suprema, Angela Vivanco, dijo ayer que las medidas cautelares se ajustan a parámetros definidos y agregó que si pretenden reformarlos deben tomarse en cuenta criterios de "racionalidad en los motivos" y la existencia de un sentir en la sociedad chilena que acusa una supuesta "puerta giratoria" en el sistema judicial contra quienes cometen delitos.
"Siempre y cuando las reformas tengan por objetivo una mejora general del sistema, a mi me parecen positivas", dijo. "Las reformas se tienen que hacer para todos los casos en que esto proceda y no para personas determinadas", planteó.