Redacción

Pasado el mediodía de ayer, La Moneda anunció su primera querella desde que Gabriel Boric llegó a la Presidencia: será contra quienes resulten responsables por la quema de 16 casas en Contulmo. Esta decisión se informó en paralelo a la suspensión de la revisión de los recursos de nulidad presentados a favor de comuneros mapuche en la Corte Suprema, por el Caso Raiman.

Ayer se registraron diversas tomas en el marco del ultimatum lanzado por el denominado grupo Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), que pide al Ejecutivo el retiro de su abogado en la causa.

"La delegación va a presentar querellas por lo sucedido en Contulmo", afirmó ayer la ministra vocera Camila Vallejo, en referencia a las 16 casas quemadas a orillas del Lago Lanalhue durante la noche del viernes, hecho que fue acompañado de un ultimatum -que venció en la madrugada de ayer- al Gobierno para detener el proceso contra comuneros mapuche en la Corte Suprema. "De lo contrario se articularán nuevas movilizaciones en todos los territorios", señaló la RML.

Vallejo agregó que "lamentamos el atentado que hubo en los inmuebles durante estos últimos días, pero tan solo en diciembre de 2021 hubo atentados con estado de Excepción en 31 inmuebles, y no se presentaron interpelaciones ni nada por el estilo", aludiendo a la gestión del ex Presidente Sebastián Piñera.

"Llevamos tres semanas, estamos trabajando intensamente, pero en tres semanas no vamos a resolver los problemas que hemos tenido durante décadas y no que no ha podido resolver ningún Gobierno con anterioridad, ningún Gobierno, aplicando las recetas que ya conocemos", sostuvo la vocera del Ejecutivo.

Cam y monsalve

En tanto, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) emitió un comunicado en las últimas horas del domingo afirmando que "no vamos a dialogar con quienes tienen como fin último el aniquilamiento de nuestra gente, como Monsalve (ministro subrogante del Interior) y compañía", porque "vislumbramos que el diseño político y burocrático reciclado para abordar el conflicto con la nación mapuche está condenado al fracaso".

Monsalve respondió en ADN Radio que "el Gobierno va a anunciar un proceso de diálogo, es probable que éste proceso de diálogo tenga veedores internacionales, tal vez a Naciones Unidas (ONU), por eso queremos buscar garantes que ofrezcan garantías a todas las partes".

"No podemos obligar a dialogar y, por tanto, es una invitación a quienes quieran aceptarlo en las condiciones o los límites los marcó el Presidente, él dijo que estaba dispuesto a dialogar con todos quienes querían alcanzar la paz", subrayó.

16 casas y dos vehículos fueron quemados en el ataque registrado el viernes en Contulmo.

30 personas aproximadamente se tomaron ayer dependencias del municipio de Lebu.

Diego Toloza

Un grupo de personas se tomó la mañana de este lunes las dependencias de la Municipalidad de Lebu, capital de la provincia de Arauco. Todo ocurrió pasada las 12:30 horas de ayer, cuando integrantes de la comunidad mapuche Lavkenche se tomaron la casa edilicia, en respaldo a los que denominan "presos políticos mapuches".

En la ocupación habrían retirado a empujones al alcalde Cristian Peña, a funcionarios y público que se encontraban en la municipalidad, ingresando a las dependencias de la casa edilicia, realizando rayados en su interior y desplegando lienzos en el frontis del edificio.

La acción se suma a la movilización que se está realizando en distintos puntos de la provincia de Arauco y de la región de La Araucanía, cuyo propósito es apoyar a los ocho comuneros que fueron condenados a 20 años de cárcel por el crimen de Eleodoro Raiman Coñuel, ocurrido a fines de 2019.

Al respecto Miguel Maliqueo, werken de los denominados presos políticos mapuche de la cárcel de Lebu, se refirió a la jornada de movilización exigiendo nulidad y juicio justo para los mapuches encarcelados de Elicura y el traslado al CET de los condenados Cesar Millanao, Orlando Sáez Ancalao y Oscar Pilquiman. "Hemos llegado con la intención de apoyar a nuestros peñi, que cumplen una pena acá en la cárcel de Lebu", indicó.

"El gobierno no ha generado ninguna posibilidad de poder dialogar como familia de los presos. Hay que decir que necesitamos un juicio justo, no se entiende las condenas que se utilizan para castigar a nuestra gente", manifestó. "Queremos condenas justas, queremos que se dejen de lado los testigos protegidos", dijo Maliqueo.

Por su parte, el alcalde de Lebu condenó este tipo de acciones que afectaron el funcionamiento de la municipalidad. "Lo importante que los funcionarios están todos bien y los usuarios también. Eran unas 30 personas entre hombres y mujeres, no hay grandes daños, este tipo de acciones violentas no las compartimos", enfatizó Cristian Peña.

"Lo importante que los funcionarios están todos bien y los usuarios también".

alcalde Cristián Peña