Mario Vera Sepúlveda

Durante la tarde de ayer el Gobierno ingresó en Contraloría el decreto que establece el Estado de Excepción Constitucional en las provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío; y Malleco y Cautín en La Araucanía. El documento debería entrar en vigencia durante esta jornada.

Es precisamente ese trámite administrativo el cual impide dar a conocer las implicancias de la medida a aplicar, aunque el Delegado Presidencial en Región del Biobío, Patricio Kuhn, entregó ayer algunas luces sobre este proceso que estará a cargo del Contralmirante Jorge Parga.

"Este decreto permitirá que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a las policías en cuanto a logística y transporte, entre otras funciones", señaló el representante del Ejecutivo.

Agregó que esta medida era anhelada por muchos habitantes de la región "que merecen vivir tranquilos en paz y sin hechos de violencia".

Por su parte el Gobernador Regional, Rodrigo Díaz, manifestó su incertidumbre sobre el Estado de Excepción, señalando que lamenta lo que llamo poca información al respecto, así como también que no hayan sido consultadas las autoridades locales sobre la misma.

"Lamentamos la falta de información que existe, esperamos que la medida tenga efectos positivos. No estamos seguros que lo va a tener... Ninguna de las autoridades acá presentes ha sido consultado de la medida y creemos que la participación de la gente del territorio es relevante para construir política pública".

Díaz añadió que "tenemos un problema complejo y uno de los elementos es el que tiene que ver con el orden público, pero también hay un problema político y también existen problemas sociales y a lo que aspiramos más allá de esta medida, es que el abordaje a la problemática que vivimos en la Región del Biobío, sea abordado integralmente". En ese sentido declaró que aspiran a "un plan de trabajo, que participativamente también podamos enriquecerlo".

El alcalde de Lebu, Cristián Peña, en tanto, dijo que existe preocupación porque no se cree que por si solo el instalar el Estado de Excepción vaya a solucionar los problemas de la Provincia de Arauco con los niveles de violencia que hoy tiene.

"Acá lo que se requiere es un rol articulador del Gobierno, para articular las instituciones del Estado, para que se hagan presentes en una Provincia que se siente abandonada por el Estado y que tiene niveles de violencia súper altos... Lo que esperamos es que el Gobierno se haga cargo de una situación que se ha provocado en los últimos 10 ó 12 años en la Provincia de Arauco". También lamentó no conocer en detalle la planificación que tiene el Gobierno al decretar este Estado de Excepción.

Incertidumbre

El presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Cañete, Juan Alfaro, tiene dudas sobre la implementación de la medida, señalando que "esperamos que el remedio no sea peor que la enfermedad".

En ese sentido, el dirigente señaló que no saben qué pasará con esta propuesta del Gobierno, la que ha generado "una ola de comentarios por aquí y por allá y tiene en una total incertidumbre a la población sobre las funciones de los militares en la zona, porque no han dado información oficial".

Añadió que es sumamente necesario dar a conocer detalles del operativo que se va a realizar lo antes posible.

"No se cree que por si solo el instalar el Estado de Excepción vaya a solucionar los problemas".

Cristián Peña, alcalde de Lebu.

Molestia existe entre el gremio de los profesores ante el veto que el Ejecutivo impuso al proyecto de ley aprobado el pasado 9 de septiembre que modifica la Ley N° 19.070 y aprueba el estatuto de los profesionales de la educación, en diversas materias de orden laboral, otorgando beneficios en materia de titularidad docente, evaluación docente y vacaciones legales; entre otros.

En ese sentido, Jorge Barriga, presidente de la colectividad en la Región del Biobío señaló que "nuestro deseo es que se retire el veto o bien que los parlamentario lo voten a la brevedad para no seguir con estas movilizaciones".

En ese mismo sentido declaró que la intención de los profesores no era movilizarse en este escenario, ni interrumpir el proceso educativo.

En esa línea, el seremi de Educación Felipe Vogel, declaró que la actual paralización solo perjudica es a los estudiantes, en un contexto educativo "donde la presencialidad para la recuperación de aprendizajes se hace urgente".

90 por ciento de adhesión habría alcanzado la paralización en la región del Biobío.