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Visan seis cambios que expanden beneficios de bono a clase media

El Congreso y el Gobierno llegaron a un acuerdo y aprobaron el proyecto que incluye crédito y un pago de hasta $500 mil.
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Leo Riquelme

Luego que La Moneda se allanara a un acuerdo, la Cámara de Diputados aprobó ayer los cambios introducidos por el Senado para expandir los beneficiados de diez a 14 millones de personas que recibirán el bono y préstamo solidario para la clase media, además del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El primero llegará a un límite de 500 mil pesos, que serán pagados automáticamente a quienes reciban ingresos de hasta 408 mil pesos. El crédito, en tanto, podría llegar a casi 2 millones de pesos y se pagará con un año de gracia y en 48 cuotas sin intereses, con un límite del 5% de la renta por pago.

Fueron seis las modificaciones claves introducidas por los parlamentarios que finalmente fueron aceptadas por el Ejecutivo. Una es que el Gobierno anunció que no recurrirá al Tribunal Constitucional y permitirá que quienes recibieron el IFE en enero y febrero también puedan acceder a este bono, como demandaron los congresistas en el debate.

Como segundo punto, y dado que el bono se pagará decrecientemente hasta llegar a un techo de quienes ganan 2 millones de pesos mensuales, el Congreso redujo que para acceder hay que haber sufrido un 20% de caída de los ingresos a causa de la pandemia. Inicialmente era 30% y ahora se dispuso además que el cálculo se realizará comparando los pagos recibidos durante los segundos semestres de 2019 y 2020.

Una tercera medida aprobada ayer fue la incorporación de un bono de 100 mil pesos para los pensionados de rentas vitalicias, por retiro programado y del sistema antiguo que reciban jubilaciones inferiores a los 408 mil pesos mensuales.

Este grupo no estaba incorporado en el proyecto inicial y parlamentarios oficialistas calcularon que abarcará a un millón de jubilados.

Como cuarta medida se sumó el incremento del bono para transportistas desde 350 mil a 500 mil pesos. Esto no alcanzó a ser incorporado ahora, por lo que se adosará a través de una ley adicional a tramitarse a la brevedad.

Como quinto y sexto punto se aprobó implementar un sistema de reclamo administrativo para las solicitudes que hayan sido rechazadas; y que la cobertura del IFE subirá del 60% al 80% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares, para todos quienes estén en Fases 1 o 2 del plan Paso a Paso.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dijo que tras la promulgación, realizada ayer or el Presidete Sebastián Piñera, el Servicio de Impuestos Internos tardará 10 días en habilitar la plataforma de postulación. "Ojalá Tesorería pueda pagar el bono en abril", afirmó.

$2.400 millones de dólares desembolsará el fisco en el bono. En el aprobado en 2020 gastó US$1.000 millones.

Gobierno llamó a revocar exigencia de receta para comprar anticonceptivos

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Chile despertó ayer con la palabra "anticonceptivos" como la más utilizada en redes sociales, debido a una disposición del Instituto de Salud Pública (ISP) que exige receta médica para la compra de todos los medicamentos con condición de receta simple, incluidas las pastillas para controlar la natalidad.

Desde temprano, usuarias de la red social denunciaron que los sitios web de las farmacias de cadenas les estaban pidiendo recetas médicas para comprar anticonceptivos, lo que generó una polémica en la que se involucraron autoridades como la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, quien también a través de Twitter anunció que buscará revertir la nueva regla.

"Estamos realizando gestiones para que el ISP revierta en el más breve plazo la disposición de exigir receta médica para la compra de anticonceptivos. Esta medida vulnera aún más a miles de mujeres que ya enfrentan situaciones complejas por esta pandemia", manifestó.

Asimismo, el diputado Ricardo Celis, quien además es ginecólogo, sostuvo que "me parece inaceptable esta barrera de entrada y económica en métodos de regulación de la fertilidad que está ocurriendo en nuestro país".

La Agrupación Ginecólogas Chile emitió un comunicado llamando a las autoridades "a trabajar en facilitar el acceso a la anticoncepción desde ahora y evitar de esta manera los cientos de embarazos no deseados que pueden producirse por la dificultad en el acceso a ésta, y que, por tanto, constituyen una vulneración grave a los derechos de las mujeres".