PTU y reinserción social
Cerca de dos mil personas privadas de libertad y que se encuentran en proceso de reinserción social rindieron la Prueba de Transición Universitaria (PTU). Si bien es un porcentaje bajo (cercano al 5%), debemos propiciar y asegurar más espacios como éste, ya que la educación en los centros penitenciarios apunta a la reinserción social y laboral de personas que buscan recuperar su libertad y dignidad.
Tal como planteó el subdirector del área de Reinserción Social de Gendarmería, Mario Varela, las personas que acceden a hacer esta prueba dan un paso importante para escalar a la educación superior, técnica o profesional, adquiriendo herramientas que les permitirán integrarse adecuadamente a la sociedad en el futuro.
Los mecanismos de reinserción social para las personas privadas de liberad en Chile son escasos, así lo reveló un estudio de Fundación Paz Ciudadana, que dejó en evidencia que el 51% de la población que cumple su condena privada de libertad, vuelve a cometer un delito en los tres años siguientes al egreso de la unidad penal. Por eso debemos buscar espacios que puedan romper con el círculo de la reincidencia, ya que sin duda resulta beneficioso para toda la sociedad.
En la misma línea, estudios de Gendarmería indican que quienes participan en los programas de los Centros de Educación y Trabajo disminuyen la tasa de reincidencia al 22,2%. Por tanto, se torna aún más evidente la importancia del fortalecimiento de prácticas que incentiven la reinserción social, ya que esto dignifica la vida de quienes se encuentran privados de libertad y buscan una segunda oportunidad.
El Papa Francisco, en su discurso en un centro penitenciario de Chile en 2018, recalcó la urgencia de generar espacios que promuevan programas de reinserción y capacitación laboral, que sirvan para devolver la esperanza a quienes están privados de libertad. Además, nos invitó a replantear el actual sistema, ya que considera indispensable que siempre miremos el horizonte, hacia adelante, hacia la reinserción en la vida corriente de la sociedad. Dijo que una condena sin futuro no es una condena humana, es más bien una tortura. Toda pena para pagar una deuda con la sociedad debe tener horizonte, es decir, el horizonte de reinsertarse.
Por estas razones, debemos mirar con optimismo, e incluso apoyar, a las 5.509 personas privadas de libertad que durante el 2020 cursaron sus estudios básicos y a los 7.553 internos que accedieron a la enseñanza media en alguno de los 50 establecimientos educacionales penitenciarios. También debemos enorgullecernos de las 116 personas condenadas que estudiaron alguna carrera de educación superior.
Columna
Constanza Escobar Cárdenas, Directora de Administración Pública, Universidad San Sebastián