Leo Riquelme

Los llamados "brotes verdes" que dicen los economistas que ven en la actividad nacional vinieron aparejados de un fuerte incremento del costo de la vida. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) creció en 0,7% durante octubre, cerca del doble de lo que esperaba el mercado.

El aumento se explica por el encarecimiento que tuvieron los alimentos, bebidas no alcohólicas, vestuario y calzado y servicios financieros, entre otros.

El IPC está conectado a la Unidad de Fomento, que es el valor con que se pagan, por ejemplo, los créditos hipotecarios. El 0,7% significará que durante este mes la UF subirá 202 pesos, para superar a fines de noviembre los 29 mil pesos.

"Es una mala noticia", asumió el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien expresó su tranquilidad porque la inflación en 12 meses llega al 3%, lo que está dentro del rango meta del Banco Central.

Los tomates fueron uno de los alimentos que más subieron. El ministro de Agricultura, Antonio Walker, dijo que eso se debía a que gran parte de la producción hortofrutícola provenía del norte, pero añadió que ya empezaron a cosechar entre Coquimbo y el Maule. Explicó que esto ya se ha traducido en que el tomate bajó de $2.000 de septiembre, a unos $1.500 en este mes. Por lo mismo, agregó que espera una normalización de los valores del sector que se expresará en las próximas entregas.

Según el INE, el gasto financiero subió un 69% mensual. Ejecutivos del ramo explicaron que se debió a que volvió a cobrarse el impuesto de timbres y estampillas a los créditos, que estaba paralizado desde abril por el Gobierno como una de las medidas para enfrentar la pandemia.

Otra alza mensual fue la de los gastos comunes por vivir en comunidad, que subió 3,6%. Dirigentes de la Asociación Gremial de Administradores de Edificios y Condominios explicaron en radio Cooperativa que eso se debe a los mayores costos que se han requerido para cumplir con las medidas sanitarias por el coronavirus.

Pese al revuelo que generó entre los parlamentarios la solicitud dada a conocer el miércoles, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reconoció ayer que la Superintendencia de Pensiones ya les proporcionó la base de datos con los RUT y montos girados por cada uno de los cotizantes que gestionó el retiro del 10% en su AFP.

El economista insistió en que la petición se ajustó a la ley, la información será protegida y sólo será usada con fines estadísticos y para evaluar el efecto de las políticas. En radio Cooperativa comentó que gracias a esos antecedentes ya tienen claro que "más de la mitad de las personas que hicieron su retiro no habían perdido ni sus ingresos laborales formales, ni habían sufrido caídas significativas".

Hacienda hizo la petición en medio del debate por un segundo retiro y la efectuó basándose en una ley de 2008. Sin embargo, el senador DC Francisco Huenchumilla le recordó que desde 2018 la protección de datos personales tiene rango constitucional, por lo que a su juicio el requerimiento sería ilegal.

Parlamentarios han recurrido a la Contraloría y al Consejo para la Transparencia para que estudie lo sucedido. Uno de quienes ha liderado la ofensiva, el DC Gabriel Silber, exigió la renuncia del superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, por haber proporcionado la información y no haber protegido los datos de los cotizantes.

El Ministerio Público informó ayer que el joven Martín Pradenas será formalizado el próximo miércoles por un nuevo caso de presunto abuso sexual, el sexto por el que es investigado el estudiante de Derecho de 28 años.

Según explicó el fiscal Miguel Rojas, el hecho ocurrió en 2012, cuando la víctima tenía 16 años. El persecutor añadió que la denuncia se estampó poco antes del 21 de julio, cuando Pradenas fue imputado por la presunta agresión cometida contra la joven Antonia Barra, quien se suicidó en 2019 tras dejar dos registros acusando al sujeto de violación en una cabaña de Pucón. En dicha audiencia se dio cuenta de otros cuatro hechos similares.

La nueva denuncia no alcanzó a ser incorporada en dicha causa debido a que los investigadores necesitaban más tiempo para recabar antecedentes.

De acuerdo al fiscal, el supuesto ataque que se incorporará al proceso ocurrió en condiciones parecidas a los anteriores.

El imputado se encuentra en prisión preventiva, luego que la Corte de Apelaciones de Temuco primero y la Corte Suprema recientemente revirtieran la decisión del tribunal de garantía de la capital regional, que lo había dejado únicamente con la medida cautelar de arresto domiciliario total.

El estudiante permanece recluido en la cárcel de Valdivia y no Temuco debido a que había sido advertido que correría peligro si era internado en un penal de La Araucanía.