Pablo Martínez Tizka

Mañana se cumplirá un año del llamado Estallido Social, movimiento ciudadano en el cual Concepción ha jugado un papel importante. Vecinos, dirigentes sociales y autoridades que vivieron este momento desde diferentes realidades, reflexionaron sobre este suceso.

El arzobispo penquista, Fernando Chomali, señaló que "en Chile hay muchas personas desalentadas, enojadas y enrabiadas, porque la vida se les hace muy difícil. No ven futuro alguno ni para ellos ni para sus hijos. Reciben promesas que no se han cumplido y sus vidas se vuelven inciertas. Nada más violento que no saber qué tendrás que comer mañana, si seguirás trabajando o si te van a atender en el hospital".

La autoridad eclesiástica indicó que "esos cientos de miles de chilenos lo fueron a decir a la calle y con fuerza. En Chile las personas no quieren que algunos hagan políticas para los pobres, sino que quieren que las políticas públicas se hagan con los pobres. Por supuesto que rechazo la violencia de todo orden, venga de donde venga, pero tiene sus causas. Y no han sido adecuadamente analizadas".

Los recuerdos del intendente Sergio Giacaman sobre ese día son claros. "Cuando conocimos lo que estaba ocurriendo en Santiago, dispusimos una reunión de seguridad para prevenir eventuales situaciones en la región. Lo viví con preocupación y tristeza al ver el nivel de violencia que se generó".

Sobre el rol que han tenido las autoridades del gobierno, señaló que "cuando se levantaron temas que son propiedad de la ciudadanía, el gobierno ha estado trabajando en esa agenda junto con el Congreso y se estableció el plebiscito donde se tiene que fortalecer la democracia".

En lo personal, el intendente tomó una decisión. "Dos días después de iniciado el Estallido determiné no postular a gobernador regional, porque me mueve el compromiso por la región y la vocación social. Además, hay muchas cosas que uno pudo haber aprendido como la humildad y la disposición a escuchar para fortalecer el diálogo. Convocamos a los ex intendentes, escuchamos distintas voces de dirigentes sociales o políticos y estoy convencido que la historia nos juzgará positivamente".

Finalmente, indicó que "los costos personales son altísimos, porque hubo mucho tiempo de concentración para afrontar este desafío sin días libres, con pocas horas de descanso, pero vale la pena, porque el compromiso fue generar espacios de diálogo".

Ministerio público

"Nosotros como Fiscalía vivimos un momento de exigente demanda de intervención del trabajo de los fiscales, a propósito de distintas temáticas, que se instalaron todas al mismo tiempo por el estallido social", indicó la fiscal regional Marcela Cartagena.

"Lo ha expresado el fiscal nacional, más de una vez: la Fiscalía observa con respeto la legitimidad de las demandas sociales que se han presentado en el país, y que se siguen presentando. De forma lamentable, rodearon al estallido social una serie de acciones que se fueron saliendo del marco de las demandas sociales legítimas y pacíficas, traspasando límites que requirieron la persecución penal. En el centro de Concepción se reunió una cantidad extremadamente alta de lo que se denominan saqueos, con acometimientos a locales comerciales donde se violentó el derecho de propiedad y se (...) transgredió el derecho a trabajar, a ganarse la vida. No es para nosotros baladí o menor cómo se afectó al comercio de Concepción", añadió.

La fiscal Cartagena dijo que "la experiencia de los fiscales del Bío Bío, a propósito del terremoto de 2010 y los saqueos ocurridos, nos dejaron mucho aprendizaje, que pudimos poner a disposición de la investigación de estas causas, que significaron un aumento de más de un 100% en la cantidad de detenidos diarios".

"También nos tocó enfrentarnos al desorden público, los daños a la propiedad y el impedimento al libre tránsito de las personas, lo que generó múltiples detenciones. De una forma no tan masiva, hubo atentados incendiarios, como los ocurridos en el edificio de la Caja Los Andes, la Gobernación, la sede de la UDI, Sodimac y las oficinas de una inmobiliaria. Esto provocó una atmósfera de temor en la ciudad, que no habíamos vivido y se generaron las respectivas investigaciones. Todos estos frentes nombrados, se unen a uno muy delicado y muy duro que tiene que ver con los apremios ilegítimos a manos de agentes del Estado, cuyas causas están en desarrollo".

La fiscal explicó que "el desafío para la Fiscalía fue gigante. Hubo una demanda de trabajo inesperada e inusitada. Hubo que recurrir a experiencias anteriores. La Fiscalía respondió, desde el primer día, enfrentando, por ejemplo, jornadas con más de 250 personas detenidas, como fue el domingo 20 de octubre (2019). Esta institución se caracteriza porque todos sus integrantes saben que justamente en momentos como el del estallido social, y también el de la pandemia, somos especialmente llamados a estar atentos al cumplimiento de nuestro deber. Nos sentimos tranquilos y satisfechos con lo hecho hasta ahora".

Derechos humanos

Carolina Chang, jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señaló que a un año de la crisis social resulta relevante comprender las causas y no sólo los efectos del fenómeno. "La ausencia o precariedad de protección estatal tanto en salud como en vivienda, transporte, seguridad pública, justicia y pensiones, entre otras, son situaciones que los ciudadanos y ciudadanas perciben como injustas", indicó.

Asimismo, recalcó que el Indh ha señalado en informes anuales que hay enormes brechas de acceso al pleno goce de derechos en base al género, la edad y la discapacidad, entre otros.

Agregó que "a partir del 18 de octubre se genera una respuesta estatal a las manifestaciones ciudadanas por medio de las fuerzas de orden y seguridad, que lamentablemente genera consecuencias inaceptables en un Estado de Derecho, esto es, las graves y numerosas violaciones a derechos humanos y situaciones de violencia institucional, lo que a nivel regional se ve refrendado por las 791 denuncias recibidas y las 247 querellas interpuestas por la sede Biobío del Indh en contra de agentes estatales". Chang indicó que consideran imprescindible que el Estado se haga cargo de responder oportunamente con verdad, justicia, medidas de reparación a las personas afectadas y garantías de no repetición.

Crisis del comercio

Sara Cepeda era la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Concepción el 18 de octubre. No obstante, en noviembre se convirtió en vocera y, posteriormente, en presidenta. "Por diferentes razones asumí el cargo, ya que nuestro presidente fue víctima de violencia y tuvo que renunciar", dijo.

A un año del Estallido Social, dijo que "es una fecha que recordamos con pena, porque vimos que el centro de Concepción fue destruido. El daño al comercio detallista fue enorme", indicó, agregando que el temor no ha pasado para ellos. "Ya hay manifestaciones anunciadas por redes sociales y el miedo es que vuelvan a destruir lo poco y nada que queda".

"Estamos de acuerdo con el planteamiento inicial que se hizo en su momento en cuanto a temas de derechos, pero poco a poco se transformó en violencia y vandalismo", aseguró.

Robert Contreras hoy descansa junto a su familia en San Pedro de la Paz a la espera de regresar a su trabajo en su estudio jurídico. La llegada del 18 de octubre le hace recordar los momentos que pasó como gobernador de Concepción.

"Fue una época muy dura y difícil que enfrentamos como gobierno desde el punto de vista de la seguridad pública. Hubo manifestaciones pacíficas que fueron alabadas, pero también manifestantes que, teniendo demandas muy legítimas, realizaron acciones vandálicas que perjudicaron a personas de esfuerzo. Es cosa de ver lo que pasó en las calles o la destrucción de semáforos y paraderos. El daño al patrimonio público fue grande", dijo.

En lo particular, Contreras recuerda una situación muy compleja. "El incendio del edificio de la Gobernación el 12 de noviembre fue durísimo porque perjudicó a mucha gente, a los migrantes que venían a hacer sus trámites, a quienes eran beneficiados por el trabajo de Bienes Nacionales y de Desarrollo Social. Eso lo repudiamos. La acción vandálica fue mucho más desmedida y violenta", indicó.

Afirmó además que "a la misma hora se estaba realizando el incendio de la oficina de la Seremi de Educación (...) tomamos la determinación de que los equipos de emergencia fueran hacia allá con el objetivo de prevenir un daño mayor como la pérdida de vidas humanas, entre ellas, la del seremi (Fernando Peña)".

Y enfatizó que "me tocó salir dos veces dentro de un carro policial, antes del 12 de noviembre, porque las pedradas que lanzaban a la Gobernación eran de grueso calibre y algún funcionario podía salir dañado".

Heridos

Muchas personas arriesgaron su integridad durante aquellos días, ya sea en las calles o trabajando en terreno. Fue el caso del camarógrafo Alejandro Torres, quien en medio de un reporteo perdió la visión en uno de sus ojos tras ser víctima de un balín.

Actualmente, el profesional, que entregó su testimonio ante el Congreso, está realizando un documental conmemorativo del 18-O. "Recordar esta fecha me provoca sentimientos encontrados. Por lo que me pasó está la tendencia a deprimirme, pero por otro lado, viendo todo lo que se logró, creo que esto ha valido la pena por ciertos avances como el plebiscito", señaló.

"Sobre lo que me ocurrió, lo presentí porque pude ver la violencia excesiva de Carabineros que era casi sistemática. Fueron tres días de muchos balines, lacrimógenas y represión. Fue así como en medio de la revuelta pude darme cuenta de todo eso", dijo.

"Mucha gente me ha apoyado y pensé que mi caso iba a pasar inadvertido, pero no ha sido así. He podido conversar con otras personas que pasaron por esto, como Rodrigo Lagarini, y estoy trabajando en un documental. Este proceso va a ser duro para todos quienes sufrimos, pero es algo por lo que hay que pasar".

Rodrigo Lagarini perdió la visión de su ojo derecho debido al impacto de una lacrimógena el 22 de octubre. "El Estallido fue una olla a presión que reventó. La gente se cansó de que la hicieran tonta. Lo que hicieron antes los estudiantes fue el pie que tomamos el resto para salir a las calles. Si bien no me vi favorecido y salí para atrás, no me arrepiento de haber estado ahí", señaló .

El docente hoy está tratando de reunir a todas las víctimas por trauma ocular en el país para manifestar sus demandas. "Somos 460 y cada persona viene de realidades diferentes. Es increíble que no tengamos la suficiente ayuda después de recibir un perdigón en el ojo", concluyó.

Parlamentarios

Para el diputado Enrique van Rysselberghe "mi convicción es que a partir del 18 de octubre nuestro país experimentó un proceso insurreccional que buscó desestabilizar a Chile y a través de él imponer por la fuerza (...) políticas públicas que no fueron posibles de aplicarse dado que la oposición actual tuvo una derrota en la elección presidencial de 2017. Ese año, en una elección libre y democrática, ganó el programa que representa actualmente el Presidente Piñera, tiempo después, ese programa que no le gusta a la izquierda más radical de nuestro país fue forzado a cambiar dada la violencia y terrorismo que se utilizó a partir del 18 de octubre para imponer políticas públicas diferentes. En el caso personal, nosotros fuimos junto a mi hermana Jacqueline víctimas también de un ataque incendiario en nuestra oficina, que buscó generar miedo en nuestros equipos, pero no fue logrado y hemos seguido desarrollando nuestro trabajo de servicio a la comunidad".

El senador Felipe Harboe fue parte de las negociaciones que finalizaron con un acuerdo político para la realización del plebiscito. "No es un momento de conmemorar nada, sino de reflexionar. Lo importante es sacar lecciones y la principal es que como clase política entendimos el mensaje en el sentido de iniciar un proceso de transformaciones sociales en paz y en tranquilidad, para hacer un país más justo".

Harboe explicó que, en segundo lugar, "hay que reflexionar sobre por qué hay gente que considera que la ciudad está hecha para unos y no para otros y que esto se utilice como argumento para destruir la ciudad. Lo tercero es ver con detalle el por qué hay un grupo de gente que está dispuesta a justificar la violencia como una forma de reivindicar algunas aspiraciones. Hemos hecho mal como sociedad al no inculcar una cultura de la paz y del diálogo para resolver las discrepancias".

"Lo que logró la política, a partir de las manifestaciones masivas, es iniciar un proceso de transformación de un nuevo pacto social. Tenemos que valorar la oportunidad que nos dará el plebiscito", cerró.