Juan Pablo Fariña
Dos años se cumplieron de la tragedia del Hogar Santa Marta de Chiguayante, donde 10 adultas mayores fallecieron tras un incendio que conmovió al país. Aquella madrugada Marta Ruiz, Herminia Sanhueza, Juana Arriagada, Deyanira Venegas, Laurentina Espinoza, Irma Cartes, Elsa Hidalgo, Francisca Acuña, María Pérez y Amanda Riquelme perdieron la vida al no poder escapar de las llamas, en un siniestro que es investigado por el Ministerio Público.
Macarena Cuevas, nieta de una de las víctimas, indicó a La Estrella que "con el tiempo ya estamos más tranquilos y recordando los momentos felices que vivimos con nuestras abuelitas, porque más allá de un tema personal todos sentimos la pérdida de las diez. Estamos a la espera de saber en definitiva qué pasó en el hogar esa noche y que se haga justicia".
Cabe señalar que varios de los familiares de las fallecidas decidieron crear la Corporación de Ayuda al Adulto Mayor (Cadam) para colaborar con hogares de menos recursos y evitar tragedias como lo sucedido en Chiguayante.
Macarena Cuevas, presidenta de dicha agrupación, explicó que "básicamente nos constituimos como familias de las 10 abuelitas y hemos realizado diversas actividades para acompañarnos. También efectuamos visitas a otras casas de reposo y hogares de escasos recursos, pero bajo la temática de la tragedia tratando de colaborar a otras familias sobre fallas de seguridad y falta de protocolos de emergencias".
Por su parte, Pierre Louit, hijo de una de las fallecidas, sostuvo del tema que "en lo personal por estar más cerca me encargaba de visitar seguido a mi madre y fue muy fuerte lo que ocurrió. El proceso de masticar esta tragedia ha sido largo y doloroso para todos los afectados. Después de lo sucedido, percibimos que hubo muchas irregularidades en lo referente a normas de seguridad, capacitaciones de funcionarios e infraestructura. En ese sentido se deben aclarar las responsabilidades civiles o penales".
Investigación
Ocho de las diez familias son representadas por el abogado Enrique Hernández, quien detalló del caso que "como parte querellante de la causa por incendio estamos colaborando y solicitando diligencias en la investigación que se encuentra abierta. No hay formalizados y esperamos que se impute responsabilidad penal en este caso, puesto que consideramos que existen algunos hechos que pueden ser constitutivos de delitos culposos".
De ese aspecto, el abogado recalcó que "hubo un cúmulo de situaciones que sucedieron para que se originara el incendio. Apuntamos a las labores de la instalación de la estufa a leña, ya que según el informe de Labocar el fuego se originó en la zona de unión del cañón y el techo, y también por los protocolos de emergencia, porque no se contaba con un plan de evacuación", aseguró.
Agregó que "también consideramos que había problemas de infraestructura, puesto que algunas puertas eran más angostas que las camas de las residentes, lo que dificultaba cualquier tipo de salida para personas que tenían problemas de movilidad y requerían asistencia".
Por su parte, desde el Ministerio Público se indicó que la investigación liderada por el fiscal Paolo Muñoz se mantiene en curso, con diligencias en desarrollo por parte del OS9 de Carabineros.
"No hay formalizados y esperamos que se impute responsabilidad penal en este caso.
Enrique Hernández, abogado
