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Jueza escribió libro sobre las demandas al Estado por el 27F

La magistrada Antonella Farfarello analizó las indemnizaciones al Estado de Chile presentadas por familiares de las personas fallecidas por el tsunami de 2010. Un total de 125 causas pertenecen a nuestra zona.
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José Manuel Castillo

E l próximo martes, en la Corte de Apelaciones de Concepción, será lanzado un libro denominado "Responsabilidad del Estado: Terremoto del 27 de febrero de 2010". El texto, escrito por la jueza del Segundo Juzgado Civil de Talcahuano, Antonella Farfarello, condensó en 299 páginas la experiencia judicial en los análisis de las demandas por víctimas del 27F.

La jueza explica que la idea de analizar la responsabilidad del Estado le surge en el contexto de un magíster en Derecho Privado que realizó en la Universidad de Concepción. "Me puse a investigar y encontré una cantidad enorme de materias por las cuales se habían presentado demandas, no necesariamente en contra del Estado, pero demandas asociadas", dijo la magistrada que trabaja hace cuatro años en los tribunales del Puerto.

En este sentido, explicó que relativas al terremoto hay 2 mil 498 causas, puntualizando que estudiar todas las consecuencias jurídicas que se habían presentado, era imposible y por ello se acotó al tema de las Indemnizaciones por Falta de Servicio del Estado, en 125 sentencias.

La jueza Farfarello explicó que lo que se pretendió extraer de todas las demandas fue conocer cuáles fueron las hipótesis de imputación planteadas en contra del Estado por parte de los particulares. Dijo que se encontraron ocho hipótesis o factores de imputación, de las cuales, cinco fueron acogidas por los tribunales.

"Dentro de esos factores está el hecho de no haberse adoptado las medidas necesarias de resguardo por parte de la autoridad pública y de haber retirado la alerta de tsunami aún cuando no se tenía seguridad de que aquello no fuere a ocurrir. Eso fue lo que dijeron en las cortes y en los tribunales de primera instancia y en consecuencia de ello murió gente. Hubo 525 muertos. Consecuencia de ello fueron las indemnizaciones millonarias que se dieron a los familiares".

-De estos casi 130 casos ¿Cuántos corresponden, aproximadamente a nuestra zona?

"Entre un 70% a 75%. El resto, son de la zona del Maule y otros casos aislados en San Antonio y Santiago".

La magistrada explicó que la mayoría de los casos que están con sentencia condenatoria por montos indemnizatorios están con fallos de la Corte Suprema. "Son muy pocas las que que aún falta por dictar fallo. Muy poca. Es residual. Casi todas cuentan con montos indemnizatorios confirmados que fueron fijados por primera o segunda instancia", añadió.

Montos y confianzas

-¿Cuánto dinero, aproximadamente, el Estado de Chile ha cancelado por este concepto?

"La cifras oscilan, por demanda, entre 40 a 20 millones de pesos. Eso es lo que se da por cada familiar fallecido a cada persona demandante. Si uno lo suma, en la totalidad, son miles de millones de pesos".

-En las declaraciones de los afectados en Talcahuano y Dichato, ¿qué se sostenía como común denominador?

"La mayoría de los casos que se presentaron en Talcahuano dicen relación con gente que habiendo tomado la decisión de salir de sus casas, retirarse de lugares cercanos al mar y resguardarse en altura, señalan que ellos, al escuchar a la autoridad a través de la Radio Bío Bío, decidieron, en la confianza que aquello les daba, retornar a sus domicilios y que por esa razón muchos de ellos resultaron muertos (...). En el fondo, el Estado concurrió en falta de servicio a través de sus funcionarios (...) dado que no contando con los antecedentes técnicos suficientes, estando las comunicaciones cortadas o siendo deficientes y no contando con toda la información que se requería para adoptar una adecuada decisión, en consecuencia, no teniendo toda la información, era más prudente y considerando la magnitud del sismo, mantener la orden de evacuar. Ese es el razonamiento. No se le imputa al Estado no tener elementos tecnológicos o tener que prever un terremoto, en ningún caso. Solamente se le imputa que no contando con la información suficiente, mejor es ser más prudente, más cautos y mejor decir mantengamos la alerta".

-En su publicación ¿Usted realiza un epílogo que tenga que ver con algún tipo de enseñanza que esto pueda dejar para la posteridad?

"Mi libro es completamente objetivo. No emite ninguna opinión personal. Solo intenta plasmar una radiografía de cómo fueron los fallos, en qué sentido fueron y la tendencia jurisprudencial que esto nos deja, porque éste es un país eminentemente sísmico y esto se va repitiendo cada cierto tiempo. Cuando se vuelva a repetir un evento como el mismo, se va a saber cómo fallan y cómo piensan los tribunales ante ciertas situaciones. Por ejemplo, casi en la mayoría de las demandas se planteó la excepción de caso fortuito, es decir, que era imposible que el Estado pudiera prever esta situación y por lo tanto esto lo eximía de responsabilidad. Sin embargo, la mayoría abismante de los fallos dijeron que siendo éste un país sísmico, incluso existiendo normas de constructibilidad de alto estándar dando la naturaleza geológica de nuestra tierra, es imposible pensar que un terremoto en Chile es un caso fortuito, porque si bien es cierto es irresistible si es previsible y por ello la autoridad debe siempre tomar todos los resguardos que sean necesarios para efectos de mitigar en su mayor intensidad cualquier daño que un terremoto pueda producir . De hecho también está establecido en la sentencia de los tribunales superiores que no se cumplieron protocolos y reglamentos que estaban vigentes a la época".