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Proponen nueve cambios para bajar precio de textos escolares

La Fiscalía Nacional Económica sugirió propuestas que lograrían ahorros de hasta $87 mil por hijo a las familias.
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Diego Gotelli C.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) detectó una serie de falencias en el mercado de los textos escolares, que han llevado a que los libros que compran los apoderados de colegios privados sean al menos 10 veces más caros que los que adquiere el Gobierno, siendo ambos de una calidad similar, según reveló un estudio dado a conocer ayer en el que el organismo recomendó cambios al sector para abaratar costos.

"Es un mercado susceptible a mejoras que, facilitando y promoviendo la entrada de nuevos competidores, debiesen traducirse en rebajas sustantivas en el precio de los textos escolares", dijo el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco. Según estimó la autoridad, con 9 modificaciones al sistema se abarataría hasta un 70% el precio de los textos que compran los padres.

Tras cinco meses de investigación, el organismo concluyó que el principal problema del mercado es la falta de competencia, ya que el 98% del sector lo concentran las editoriales SM y Santillana, quienes con una red de vendedores sellan acuerdos con los colegios privados para que incluyan sus libros en la lista de útiles, restándole importancia a la opinión de apoderados y el valor del tomo. Una consulta a un quinto de los establecimientos del país detectó que sólo el 7% tiene protocolos escritos para escoger los textos, y la mayoría se guía de lo que el profesor determina.

La FNE sugirió que se exija a los colegios trasparentar -vía informe público a los apoderados- el por qué se optó por ciertos textos, justificando calidad, precios y exhibiendo las opciones. Asimismo, se propuso crear una plataforma con información detallada de la oferta de libros de las editoriales, para que los colegios puedan comparar y se sumen nuevas firmas sin requerir grandes gastos.

El estudio apunta a potenciar el mercado de los textos usados y que las editoriales vendan al público los mismos libros que compra el Gobierno, acto que la ley permite pero muchos no lo hacen acusando bajo interés de los privados. "Pero un 75% de los colegios están dispuestos a utilizarlos", contrastó Riesco.

En lo inmediato, se sugirió que sean los colegios privados los que compren los textos de sus alumnos y transfieran el costo al apoderado. La compra en lote bajaría 25% el precio respecto a la adquisición independiente de los padres en supermercados o librerías, y haría que el establecimiento le dé importancia al valor del libro a la hora de elegirlos.

De aplicarse todas las medidas, se estima que las familias ahorrarían unos $87 mil por cada hijo en edad escolar.

Licitaciones en la mira

El informe también detalla falencias en las licitaciones públicas escolares que suben el costo en que el Ministerio de Educación compra los textos a distribuir en colegios públicos y subvencionados.

Entre las fallas se acusa un plazo reducido para que la editorial imprima los tomos, lo que impide que el trabajo se haga en el extranjero lo que, según la FNE, ahorraría hasta un 30% de sus costos, por lo que se propone alargar los tiempos de licitación.

También se propone licitar el contenido y la impresión por separado.

70% podrían bajar los libros si se aplican las recomendaciones de la FNE, dice la entidad.

SQM: tribunal sobreseyó a Pablo Longueira por delitos tributarios

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El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyó ayer al exministro de Economía en el primer Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), Pablo Longueira, por la acusación de delito tributario en el caso SQM, sobre financiamiento ilegal de campañas políticas. La decisión de la jueza Ely Rothfeld descartó la acusación debido a que no existe querella por parte del Servicio de Impuestos Internos, en el caso de la emisión de 70 boletas ideológicamente falsas por lo que era investigado. El Ministerio Público, a través de la fiscal Claudia Perivancich, declaró que recurrirán a la Corte de Apelaciones para dejar sin efecto la medida.

Perivancich sostuvo que la resolución del Octavo Juzgado de Garantía, no es la decisión que ellos esperaban. "Lo que hemos sostenido ante el tribunal es que efectivamente nuestra interpretación es que la facultad del Servicio de Impuestos Internos (SII) para iniciar una acción por delito tributario no impone la obligación de que esa denuncia o querella deba ser nominativa", añadió.

Longueira seguirá enfrentando una causa por el presunto delito de cohecho en la tramitación de la ley del "royalty" minero. En julio del 2018, el fiscal Pablo Gómez lo acusó en dicha investigación.