J. Pablo Fariña López
Preocupados están los apoderados del Colegio Almondale Valle de Concepción, tras el anuncio de la administración de cambiar a particular pagado el 2020. Según aseguran, la determinación implica un aumento a más del doble del arancel anual, lo que es un problema para los padres, quienes se involucraron para generar modificaciones en la Ley de Inclusión Escolar. Señalan que estos cambios no fueron suficientes para que el establecimiento mantuviera el modelo, ya que busca concretar la construcción de un nuevo edificio.
Rafael Valderrama, presidente del Centro General de Padres de Almondale Valle, señaló que "se nos informó que el colegio será particular pagado. Esto nos afecta, porque teníamos la convicción que cambiando la ley podíamos seguir bajo la modalidad particular subvencionados".
Agregó que "hicimos las gestiones para que se hiciera una reforma, que consiste en que una inmobiliaria pueda tener relación con la fundación, lo que no se podía anteriormente. Así los otros dos colegios Almondale se mantendrán un tiempo más como particulares subvencionados ampliando sus instalaciones, pero el nuestro no".
Consultado por las complicaciones económicas que implica el cambio de modelo, manifestó que "el costo va a subir de forma anual a 98 UF ($ 2.589.700), que es más que el doble de lo que cancelamos. Para los que tienen más de un alumno en el colegio la situación es muy compleja".
Añadió que "tenemos los recursos para pagar la cantidad actual por la educación de nuestros hijos, pero no todos pueden asumir el cambio. Si nos vamos del colegio no sabemos si tendremos cupo en otros establecimientos".
Almondale
Desde la Fundación Educacional Valle, Ismael Palacios, gerente general, aclaró sobre este cambio que "se corrigieron algunos aspectos de la ley, pero hay algunos que no se resuelven para un colegio como Almondale Valle, que está en crecimiento. Necesitamos financiamiento para la construcción de un edificio para los cursos que faltan y estamos al límite".
De ese punto detalló que "la legislación antes especificaba cada aspecto de los costos de construcción y había una certeza para los bancos y las inmobiliarias. Actualmente la indicación no se refiere a cómo se calcula eso y en la práctica imposibilita el acceso a crédito. Luchamos por mantenernos en el sistema, pero ante esta situación se optó por mantener el proyecto educativo y ser particular pagado".
Agregó que "la ley está atrasada y tenemos que terminar el proyecto arquitectónico para el inicio e la obra, que es distinto según el modelo particular subvencionado o pagado. Por eso necesitábamos la certeza para desarrollarlo".
Sobre la molestia de los apoderados, Palacios indicó que "estimamos que cerca de un 27 por ciento de los padres no van a poder pagar el nuevo arancel y lo lamentamos profundamente. Compartimos plenamente su frustración, porque venimos del 2015 asumiendo juntos todas las falencias de esta ley, pero no llegamos a la meta. No podemos volver atrás, porque los plazos para construir están encima".
"Si nos vamos del colegio no sabemos si tendremos cupo en otros establecimientos".
Rafael Valderrama,, presidente centro de padres"