Alfonso Levet G.
Como en las películas, pero por motivos serios y de la vida real, es el servicio que ofrece la unidad de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional del Biobío a las personas que, de distintas maneras, deben participar de procesos penales.
La unidad tiene una dotación de 19 personas, en un equipo conformado por diez psicólogos, cinco trabajadoras sociales, dos administrativos y un técnico de fondos, a los que se suma una facilitadora intercultural, que se desplaza por la región de acuerdo al requerimiento del Ministerio Público.
María Alejandra Monsalve, jefa de la unidad en la región, detalló que el trabajo que realizan se divide en dos áreas principalmente: "Una son prestaciones de apoyo para facilitar que un testigo o víctima participe de las distintas instancias a las que debe concurrir en un proceso penal".
La otra son "prestaciones de protección, que son para aquellas víctimas o testigos que de acuerdo a la evaluación que hacemos, están en situación de riesgo por distintos motivos y necesitan medidas de protección", explicó.
Añadió que "las medidas de protección son amplias, y van desde las medidas cautelares como la prisión preventiva (para el acusado) a medidas de protección que podemos tomar nosotros sin intervención del tribunal".
Cambio de ciudad
Dependiendo del rango de riesgo vital en que esté la víctima o testigo que colabora con el trabajo de la Fiscalía, pueden recibir asistencia para reforzar la seguridad de su domicilio, pueden ingresar a una residencia de acogida o, en casos más graves, se puede reubicar a la víctima en otra ciudad o incluso en otra región.
"La reubicación en otra ciudad es lo más extremo. En el ámbito de la violencia intrafamiliar sí se da mucho la reubicación, pero en el ámbito familiar", afirmó María Alejandra Monsalve, quien comentó que, al ser una decisión personal de las víctimas, a veces no aceptan la propuesta. "No es una tasa tan baja de rechazo como quisiéramos, pero muchas veces las víctimas o testigos minimizan la situación de riesgo".
De acuerdo a los lineamientos de la Fiscalía, la unidad abarca todo tipo de delitos, pero la atención que se ofrece es especializada, o sea, depende del tipo de delito en cuestión y es principalmente para aquellas víctimas que están expuestas a un riesgo.
"Evaluamos el riesgo, de acuerdo al tipo de delito", señaló Monsalve, aunque a veces la evaluación es automática por parte de las policías o el propio Ministerio Público, "estamos obligados a evaluar la situación y ofrecerle las medidas de protección, pero que esa víctima las acepte o no, es una decisión voluntaria. No se puede obligar a nadie a adoptar medidas de protección que no quiere".
Tras recibir la denuncia, "se aplica una pauta de evaluación de riesgo, que es estandarizada y acreditada, después el resultado arroja si esa víctima está sujeta a un riesgo vital alto, medio o bajo".
Seguridad pública
El coordinador regional de Seguridad Pública del Biobío, Claudio Etchevers, dijo que en la región son dos los centros de atención a víctimas, más uno en Chillán, que ahora corresponde a la región de Ñuble.
Los programas intersectoriales del organismo "se activan ante la ocurrencia de cualquier delito de alta connotación pública", explicó Etchevers. "Nuestros especialistas toman contacto con las víctimas y ponen a su disposición la oferta de atención que tenemos".
El coordinador destacó que "también atendemos demanda espontánea, si alguien ha visto un delito o se siente afectado, ofrecemos atención a esos requerimientos tanto para las víctimas directas como indirectas", precisó.
"Muchas veces las víctimas o testigos minimizan la situación de riesgo".
María Alejandra Monsalve,, jefa de Atención a Víctimas"
7.369 personas atendió la Fiscalía durante 2017, la mayoría por delitos de violencia intrafamiliar.
