En el Balneario Municipal de Curanilahue trabajó el Gope de Carabineros para hallar a Francisco Henríquez, quien se encuentra desaparecido desde octubre pasado.

"La búsqueda se focalizó en varios sectores, uno de ellos fue el Balneario Municipal de Curanilahue, sector Ruta 160, Hijuela Cinco y otros lugares de difícil acceso. Desafortunadamente no hubo resultados positivos", señalo el mayor Jonathan Larraín, jefe de la Cuarta Comisaría de Curanilahue.

Durante las últimas semanas, la familia del vecino desaparecido ha realizado diversas labores de búsqueda junto a sus colegas de trabajo y vecinos, sin tener hasta ahora pistas sobre su paradero.

Cabe recordar que al padre de familia y ex dirigente vecinal se le perdió su rastro el pasado 5 de octubre, cuando, según versión de sus familiares, el hombre, que se desempeñaba como trabajador de los proyectos PMU, salió temprano desde su casa con el fin de retirar su sueldo, situación que nunca ocurrió y desde aquel entonces se desconoce qué sucedió con él.

Defensa de Andrés Larraín pide ir a juicio oral por acusación de lesiones

Paula Villalobos, abogada de Andrés Larraín (ex pareja de Antonia Garros, la joven fallecida tras caer de edificio en febrero de 2017), señaló ayer que, en la causa por lesiones contra la joven que su representado enfrenta, la defensa rechazó todas las imputaciones y resolvió ir a juicio oral.

"Cabe recordar que la justicia ya determinó que en la muerte de Antonia Garros no hubo intervención de terceros", indicó Villalobos. "Con ello se confirmó lo que sostuvimos desde un principio: Andrés Larraín no tuvo participación directa ni indirecta en el lamentable fallecimiento de la joven. Éste no es un caso de violencia en el pololeo", añadió la abogada.

Cabe señalar que La Estrella contactó a la madre de Antonia Garros para solicitar su opinión al respecto, pero se excusó de hablar por el momento.

75 días desaparecido lleva en Curanilahue el trabajador Francisco Henríquez.

7 de febrero de 2017 ocurrió la muerte de Antonia Garros, en el sector Pedro de Valdivia, en Concepción.

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó ayer los recursos de apelación presentados por las defensas de Mauricio Edmundo Vera Cortesi y Jaime Fernando Pedro Barría Sánchez, en contra de la sentencia que condenó a los carabineros en retiro como coautores del delito de homicidio de José Rigoberto Randolph Segovia. Ilícito perpetrado en mayo de 1985, en Talcahuano.

En ese entonces, el joven estudiante "se escapó de la comisaria tras su detención por un accidente de tránsito", según indica el documento del Poder Judicial. El dictamen detalla que ambos condenados iniciaron una persecución para dar con el paradero del universitario. "Por ello descargaron en él toda su ira, dándole un castigo inhumano, ensañándose en la golpiza y tortura que le propinaron causándole en definitiva la muerte", se indica, añadiendo que "todo lo cual, no es propio de un homicidio común como pretenden las defensas".

Familia

Por su parte Catina Randolph, hermana de José, sostuvo que "no me importa la cantidad de días, finalmente. Ellos se encontraban con una pena remitida y con ello estaban prácticamente en libertad, sueltos por la calle. En este caso específico, se nos negó durante 33 años, por lo que estamos conformes con la condena y esperamos que lo que la corte dictamine, se mantenga si es que apelan en la Suprema. No se puede cometer un homicidio tan atroz y sin esperar que se haga justicia, ya que ellos destruyeron a nuestra familia".

Juan Pablo Fariña López

Seis personas, que integraban un presunto clan familiar, quedaron ayer en prisión preventiva tras ser formalizadas por tráfico de drogas. En tanto, otra joven fue imputada por microtráfico y dejada en libertad, pero con firma mensual. Esto luego que la PDI los detuviera tras el allanamiento de diez casas en la población Candelaria de San Pedro de la Paz, donde se decomisaron ocho kilos de pasta base y otras especies, todo avaluado en más de $120 millones.

La fiscal Pamela Lillo señaló que "se incautaron ocho kilos de droga y se logró la detención de siete personas. Esta sustancia ilícita iba a ser comercializada en el Gran Concepción y ellos trabajaban de forma coordinada. La investigación es secreta y todavía no está finalizada".

Respecto al operativo, el subprefecto Mauricio Jorquera, jefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI, detalló que "se allanaron de forma simultánea 10 inmuebles para neutralizar a un clan familiar. Se sacaron de circulación 123 mil dosis que iban a ser distribuidas en Navidad y Año Nuevo, que sumado a las otras especies tienen un avalúo que supera los $120 millones de pesos".

"Se requisaron también 30 gramos de cocaína, un jeep, un rifle marca Winchester antiguo calibre 44 operativo, un revolver a fogueo y municiones", agregó el jefe policial.

Sobre cómo operaba esta banda, sostuvo que "tenían inmuebles para distintas funciones. Unos (eran usados) como centros de acopio y otros para confeccionar papelillos y bolsas. También tenían casas exclusivamente para la venta de la droga. El centro de operaciones era en la población Candelaria, ya que muchos de los detenidos son originarios de ese sector, sin perjuicio que en la actualidad residan en otras comunas".

Por su parte, el gobernador de Concepción, Robert Contreras, señaló que "esto ayuda a reducir el tráfico en las calles durante el periodo de fiestas y vacaciones. Suelen ser los mismos lugares donde se encuentran estas cantidades de drogas y estamos trabajando con la Subsecretaría de Prevención del Delito para poder focalizar el trabajo en esos lugares específicos".

En tribunales

Los siete detenidos, cuatro hombres y tres mujeres, fueron puestos a disposición del Ministerio Público y en el Juzgado de Garantía sampedrino seis fueron formalizados por tráfico de drogas, quedando todos bajo la cautelar de prisión preventiva por los cuatro meses fijados para el cierre de la investigación.

Cuatro de los inculpados quedaron a cargo de un defensor particular, mientras que los otros dos son representados por la Defensoría Penal Pública.

El abogado Moisés Vilches, que defiende a dos hombres, de 53 y 62 años por este delito, indicó que "discutí la prisión preventiva para ambos. Como la investigación está reservada solo tuve acceso al parte policial de la detención y cuestiono la participación de mis representados en el tráfico, ya que ellos simplemente colaboraban acopiando droga en sus casas, sin dirigir este grupo. Uno de ellos también está formalizado por tenencia ilegal de arma de fuego (el rifle Winchester)".

"Se sacaron de circulación 123 mil dosis que iban a ser distribuidas en Navidad y Año Nuevo".

Mauricio Jorquera,, jefe Brianco"