Michael Seguel P.

La vida de Alberto Chang continuará, por ahora, en Malta. Esto, luego de que la Corte de Apelaciones de La Valleta rechazara la solicitud de extradición a Chile del fundador del Grupo Arcano, quien está acusado de lavado de activos, infracción a la Ley de Bancos y de estafar a cerca de mil personas, entre 2009 y 2016, por US$ 100 millones.

A todos los convencía de entregarles su dinero para realizar supuestas inversiones de alta rentabilidad, que nunca hizo. En cambio les devolvía las supuestas ganancias obtenidas y se quedaba con el resto.

"Estoy tranquilo" y "confío en la Ley maltesa", dijo Chang antes de ingresar a la audiencia, según consignó T13.

El fallo de ayer ratificó la sentencia del tribunal maltés de abril de 2017.

El abogado de Chang, Alex Caroca, se mostró conforme con la decisión aunque dijo que la esperaba porque "la solicitud enviada por Chile no satisfacía los estándares internacionales en la materia. Se enviaron declaraciones y documentos en una etapa en la cual recién la investigación se estaba iniciando, por lo tanto, no habían peritajes contundentes".

El fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, dijo que "vamos a tomar contacto con Cancillería para ver si hay posibilidad de recurrir a otra instancia, como el Tribunal Constitucional de Malta, a fin de ver si podemos insistir en esta petición".

Guerra también lamento que no exista un acuerdo de extradición entre Chile y Malta, cuestión que habría favorecido el proceso. Por ende será la Cancillería la que asumirá la representación del Estado de Chile en la causa.

Rafael Gómez, uno de los abogados de las víctimas, dijo que otra opción que podría tramitar Cancillería es la vía migratoria, pues Chang tendría su visa de turista vencida hace más de dos años, consignó Emol.

Desde Cancillería aseguraron que "han cumplido con sus obligaciones durante el proceso".

Entre ellas: traducir y cursar los documentos de la causa. Además de su legalización y la contratación de un abogado local como asesor y para reforzar el seguimiento de las audiencias, afirmaron.

"Vamos a tomar contacto con Cancillería para ver si hay posibilidad de recurrir a otra instancia como el TC de Malta",

Manuel Guerra,, fiscal"

En el segundo día de paro nacional indefinido de cinco gremios de gendarmes, el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, quien lidera la negociaciones con los manifestantes, calificó ayer de "ilegal" la paralización. "No pueden afectar el oportuno control de la delincuencia ni los derechos y la seguridad de la población penal", dijo. Los gendarmes, agrupados en el Frente de Trabajadores Penitenciarios, piden desde hace cuatro meses mejoras a la carrera funcionaria: bono de incentivo al retiro, bonificación de egreso y redistribución en las plantas carcelarias. "El Gobierno siempre estará abierto al diálogo, por ello no entendemos las medidas de presión adoptadas por las agrupaciones gremiales", dijo ayer Ossa.

Fueron cerca de 70 personas, con sus rostros cubiertos, las que con barricadas cortaron ayer el tránsito en el frontis del Liceo Darío Salas de Santiago. El hecho terminó con siete detenidos por Carabineros: cuatro encapuchados y el inspector general del colegio, una paradocente, además de una segunda inspectora.

El capitán Daniel Barrera, de la 3° Comisaría de Santiago, dijo que los encapuchados lanzaron elementos contundentes y bombas molotov a personal de Fuerzas Especiales.

Barrera dijo que luego del ingreso de Carabineros al establecimiento "se logra la detención de dos mayores de edad y un menor", por desórdenes. En cuanto a los funcionarios del colegio, el policía detalló que "se les detiene por oponerse a la acción de carabineros de servicio, porque tratan de impedir la detención". Durante la tarde los funcionarios quedaron en libertad, al igual que los cuatro encapuchados que quedaron a la espera de ser citados por la Fiscalía.

El Centro de Padres del Liceo Darío Salas rechazó el ingreso de Carabineros al liceo, afirmando que se "violó la autonomía del establecimiento, exponiendo a toda nuestra comunidad con el uso de violencia (...). Las fuerzas policiales ingresaron al establecimiento lanzando gases lacrimógenos y haciendo uso de armas de perdigones sobre la comunidad". Esto ocurre una semana después de que dos bombas molotov fueran lanzadas a la oficina del director del Internado Nacional Barros Arana (INBA), Jaime Uribe. Además, ayer comenzó la discusión en la Cámara de Diputados del proyecto "Aula Segura" que busca dar mayores facultades a los directores de colegios ante hechos de violencia.