Alfonso Levet G.

Alejado de los cuestionamientos sobre la construcción que lleva adelante en Paicaví, a pocos metros de la línea férrea, Benjamín Hernández (56 años) reclama su derecho a seguir construyendo su vivienda familiar.

Reticente a hablar en un principio, pero locuaz para plantear su ideas, Hernández explica que la demora en delimitar la línea de edificación, luego de dos expropiaciones sucesivas, lo obligó a demoler ya en dos oportunidades anteriores el trabajo que había comenzado, "¿y eso quién lo paga?", dice.

Sobre la orden de demolición emanada desde la Municipalidad de Concepción, Benjamín Hernández responde que "quieren demoler porque les interesa la estética, porque yo no pago impuestos y por mi pobreza".

Permiso de edificación

Afirma que la muni no tiene argumentos para exigirle una demolición, porque desde 2004 tiene un permiso de edificación de la Dirección de Obras, que lo autoriza a contruir dos pisos en ese lugar y que no existen motivos para que tal permiso esté caduco porque "la obra gruesa está y yo he seguido trabajando". "Así no me la van a quitar, porque es mi propiedad, no puede ser que el sistema llegue y ofrezca pagar una miseria (por el terreno)", plantea.

Hernández, que trabaja como independiente haciendo estructuras de aluminio, confidencia que la falta de dinero le ha impedido avanzar con mayor celeridad en la construcción, pero que ésta "está como se planificó, que se vean materiales o la casa no les guste es otra cosa".

Desmiente, asimismo, que la construcción se esté haciendo con desechos. "Lo que pasa es que yo no voy a buscar material a las grandes ferreterías, pero todo lo que tengo aquí tiene un propósito y lo he comprado en ventas chicas, feria de las pulgas o me lo han regalado desde obras".

"El material puede ser reciclado, pero no desechos; esta construcción soportó el terremoto de 2010 y no pasó nada", relata mientras recorre los distintos niveles de su edificación, que actualmente tiene cuatro pisos en los que almacena distintas cosas, "pero eso no es (mal de) Diógenes", asegura

Afirma ser constructor autodidacta pero, sin embargo, presentó los planos correspondientes firmados por un arquitecto en su oportunidad.

Según el plano, la construcción tiene dos locales comerciales en el primer piso, además de una servidumbre, mientras que en el segundo nivel hay dos departamentos, destinados a él, su esposa y su padre, y otro para su hermano y su familia. "No he construido sobre la calle", explica, mientras muestra que lo que sobresale de la edificación es un cierre perimetral, bajo un alero que es parte del diseño de la casa, porque las paredes exteriores de la vivienda aún no están construidas.

Municipalidad

Desde la muni penquista, el administrador municipal Aldo Mardones indicó que "hay una orden de demolición que fue dispuesta por la municipalidad" y agregó que "nuestra Dirección de Obras Municipales se apersonó en el lugar, y se determinó que la obra no cumple con los requisitos que la ley prevé".

Según Mardones, Hernández presentó un recurso de protección "con el fin de dejar la orden sin efecto, el cual fue rechazado".

Desde el municipio afirmaron que se mantienen conversaciones con el dueño, para que sea él quien costee una eventual demolición, "porque le corresponde en primera instancia (...) no lo ha cumplido y estamos viendo hacerlo con recursos municipales", aseveró Mardones.

De lo contrario, y si la orden se cumpliera, el municipio debería contratar un servicio externo, con un costo aproximado de 15 millones, de acuerdo a lo informado por la dirección de Construcciones.

"Existe un riesgo, no dimensionado de qué magnitud, pero nuestros inspectores concurren al lugar de forma habitual", concluyó.

En ese sentido, Enrique Candia, que tiene un taller de electromecánica junto a la polémica construcción, aseguró que "nos han caído cosas sobre las planchas del techo del taller".

El propio Hernández, asegura haber recibido en su propiedad a una persona que llegó a evaluar la infraestructura para eventualmente presentarse a la licitación para demoler.

De acuerdo al propietario, el interesado habría desistido de la tarea al ver por dentro las características de la construcción. Por ahora, la orden de demolición sigue pendiente y Hernández asegura que se jugará sus cartas para evitarlo.

344 mil pesos pagó el padre de Benjamín Hernández, por el permiso de edificación, en 2004.