Felipe Saavedra

El claro diagnóstico de un problema o identificación de una deficiencia es básico en las familias, las empresas y también lo es en el Poder Judicial. Sólo así se pueden buscar soluciones y remediar males que en la labor jurisdiccional se traducen en críticas por parte de los usuarios a los jueces y funcionarios que llevan a cabo esta vital tarea.

Ingresar a la oficina del presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, el ministro César Panés Ramírez, ubicada en el cuarto piso del Palacio de Tribunales al menos llama la atención. En el primer piso, decenas de personas esperan su turno apretadas para poder realizar alguna gestión en los Tribunales de Familia. En su gran mayoría se trata de mujeres, acompañadas por pequeños. El espacio es incómodo y la espera es larga.

La situación de hacinamiento es pública y notoria, dice el ministro presidente. "Basta entrar por el lado de Castellón para darse cuenta de las condiciones indignas en que están los usuarios y en que también trabajan algunos funcionarios".

Para remediar esto, adelanta que trasladarán el Tercer Juzgado Civil a dependencias que arrendaron en el edificio del Mall del Centro. Así se liberarán poco más de 300 metros cuadrados para el uso de quienes acuden a la justicia a fin de regular situaciones tan urgentes como el pago de pensiones alimenticias y la protección de los menores. Esto será transitorio, pues ya están asignados los dineros para la construcción un edificio, pero el proceso tardará al menos dos años y medio.

De esta naturaleza son los habituales urgencias que le ha correspondido enfrentar a Panés como presidente de la Corte desde marzo desde 2018, cargo que ocupa tras una carrera que lo llevó por los juzgados de Los Ángeles, Laja, Natales, Ancud y Concepción. "La nuestra es una jurisdicción muy grande y hay hartos incendios que apagar. Incluso he tenido poco tiempo para integrar sala. Sólo cuando se está en la presidencia uno se da cuenta cómo es mover un buque tan grande como éste", comenta.

Al ministro parece importarle la opinión de las personas sobre su institución. Se ha preocupado por mantener una relación fluida con la prensa en el convencimiento de que una política de puertas abiertas y un discurso simple permitirá entender la labor que desarrollan.

-¿Cómo cree usted ministro que aprecian el trabajo del Poder Judicial en los barrios?

"Espero que lo aprecien bien. Nosotros estamos llanos a resolver las consultas que sean y a solucionar los problemas de la gente. Recordemos que los tribunales están hechos para eso, resolver problemas de tal trascendencia que llegan a lo jurisdiccional".

-¿Qué les podría decir a los vecinos de Boca Sur, Michaihue, Lota y Coronel, que están cansados de las balaceras, del microtráfico e incluso de los homicidios?

"Les podría decir que la investigación (y en eso insistimos desde hace tiempo, desde el 2003) ya no es exclusiva, no es propia del Poder Judicial, en tanto tal, como órgano jurisdiccional. La investigación la lleva a cabo un órgano independiente que es Ministerio Público".

"En cuanto a lo preventivo son otros los órganos que tienen esa labor - tanto constitucionalmente, como legalmente- de afianzar políticas que tiendan a preveer esas situaciones y de coordinar sus actividades. Nosotros como garantes de la constitucionalidad y la legalidad de las actuaciones, no podemos coordinarnos ni con la policía, ni con los municipios, ni con la intendencia ni con el Ministerio del Interior para tales efectos. Somos controladores de la labor que realizan estos órganos".

-Tras muchos crímenes, se conoce que tanto victimarios y víctimas tienen extensos registros de condenas. En ese momento, de los vecinos surge la crítica y la pregunta ¿por qué estaban en libertad?

"Generalmente, las personas culpan al sistema de justicia en general, pero no hay que olvidar de que aquí, e insisto y reitero, hay un organismo persecutor. Y éste es el que debe entregar las herramientas pertinentes para que, finalmente, con esos insumos los jueces puedan dar la respuesta jurisdiccional que sea procedente, a través de una sentencia absolutoria o condenatoria. Y no olvidemos que el legislador estableció un alto estándar probatorio que es más allá de toda duda razonable. Nosotros no es que por propia voluntad o mero arbitrio que decimos a este señor lo vamos a absolver. Eso la gente lo tiene que entender. Eso no es responsabilidad del Poder Judicial, ni responsabilidad del Ministerio Público y ni de las policías. Esa es responsabilidad del Poder Legislativo. Éste es el que estableció ese sistema en el Código Procesal Penal en 2002".

-Usted no es el encargado de evaluarlos, pero los ve trabajando ¿Los fiscales son gente competente y bien preparada?

"Me parece que sí. Creo que en la medida que ha transcurrido el tiempo los operadores jurídicos se han ido perfeccionando. Incluso, a veces, hemos tenido reuniones, con algunas personas de la Defensoría, y de la Fiscalía que nos preguntan cuáles son sus falencias y nosotros le hemos señalado, desde nuestra perspectiva, cuales serían los aspectos a mejorar. También escuchamos cuales son los aspectos que nosotros debemos mejorar. Y así hemos hecho convenios en orden a los días en que vemos las causas criminales, la forma de autorizar los poderes, por ejemplo, y otras más de carácter técnico", asegura el ministro comentando en general sobre quienes participan del sistema y con los cuales se ha ido relacionando y creciendo en conocimiento, desde el inicio de la reforma procesal penal en la región hace 15 años".

-¿Los vecinos que sufren delitos y crímenes pueden confiar en la justicia penal?

"Yo creo que sí tienen que confiar en la justicia penal, pero sobre las labores preventivas, usted tiene que preguntarle a otro órgano. Ahora por qué eventualmente podría haber una descoordinación de las policías y de los persecutores, no soy el que tiene que responder a eso".

-¿Qué le ha parecido el debate público en torno a denuncias sobre supuestas violaciones y abusos de sacerdotes de nuestra comunidad en contra de menores?

"Me parece criticable y tengo entendido que ya están siendo pesquisados y la respuesta jurisdiccional las tendrán en su día y en su hora".

-¿Está en antecedente de los casos de los curas Enríquez y Méndez?

"Estoy en antecedentes por la prensa. No he tenido la oportunidad de ver algún antecedente fehaciente desde la perspectiva judicial. Como cualquier ciudadano de esta región me he enterado de los casos".

-¿Qué le parece la entrega de carpetas del Arzobispado a la Fiscalía?

"Cualquier antecedente que se entregue sobre estos casos, provenga de donde provenga y que pueda dar luz sobre la verdad de los hechos que ocurrieron, bienvenido sea".

-¿La materia le parece delicada, compleja, digna de la preocupación de todos?

"Sí, por eso le dije que es preocupante y creo que es necesario investigarlo. No obstante que podrían o no estar prescritos los ilícitos, porque por lo que he leído algunos han ocurrido con bastante antelación, hace muchos años. De todos modos hay que investigar y establecer los hechos y establecer los responsables, y ahí se verá si estaba o no prescrito. Eso es lo que le da legitimidad a los órganos del Estado y fundamentalmente al órgano que pesquisa, que este caso puede ser el Ministerio Público y si son casos acaecidos con anterioridad al 2003 en nuestra región, los jueces o ministros que eventualmente se designen para tales efectos en visita extraordinaria y en la medida en que se haga pesquisa fundada y las resoluciones sean fundadas, eso da legitimación a nuestra labor y la democratiza".

CASO MATUTE

De acuerdo al trabajo desarrollado por la ministra Carola Rivas y un equipo de la Brigada de Homicidios de la PDI, el deceso de Jorge Matute Johns ocurrido en 1999 se produjo por la ingesta de un fármaco pentobarbitral, suministrado con la intención de inhibir su voluntad y agredirlo sexualmente.

Panés no opina sobre las conclusiones de su colega. "Eso se lo tiene que preguntar a la ministra Rivas, ella tiene su hipótesis al respecto" y agrega que el 7 de agosto les tocó ver la queja presentada por el ex comisario Arenas, la que fue rechazada.

-¿La resolución de Caso Matute es prioritaria para usted?

"Sí, claro, no solamente en el caso Matute. Yo creo que cualquier familia que enfrenta una situación como la que ocurrió al señor Matute estaría desesperada y necesita como seres humanos tener una respuesta sobre ese respecto. Y no dudo, no vamos a escatimar esfuerzos para tal fin".

MARCHAS Y FEMINISMO

Panés fue por largo tiempo presidente de la Asociación Regional de Magistrados, su sensibilidad sobre la situación de sus pares parece no admitir duda.

- ¿Qué le parece que los jueces salgan a la calle pidiendo mejoras salariales?

"Es respetable la posición que ellos asumen, pero creo que nosotros por el cargo que tenemos no debiéramos mezclarnos en manifestaciones de ese tipo. Si un juez o ministro quiere salir con un letrero a protestar en la calle es su opción, él responderá. En mi caso no lo haría, yo creo que no es adecuado, para ponerle un adjetivo calificativo, porque nosotros somos órgano 'supra parte'. Creo que el juez no sólo tiene que ser sino también parecer. Y desde esa perspectiva hay que guardar bastante la probidad".

El presidente de la Corte de Apelaciones tiene 60 años y estudió leyes en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

-¿Cuál es su opinión del movimiento feminista?

"Si nosotros vemos el movimiento feminista como aquel grupo de interés o de presión que quiere adquirir nuevos espacios, en el ámbito público o en el ámbito privado, por ejemplo, que en el ámbito privado los sueldos de un gerente de una tienda sean los mismos sueldos de la mujer gerente, me parece muy bien. Las capacidades no están dadas por el género. El Poder Judicial ha dado muestras ostensibles de paridad. En nuestra Corte ya estamos casi equiparados el número de hombre y mujeres ministros. Es un tema que todavía está en avance, pero a mi cuando me preguntan esto (no es la primera vez), cuando se lleva el feminismo a ultranza creo que no es bueno. Todas las cuestiones son conversables y son perfectibles".

-¿Como parte de la expresión pública de este movimiento entiende que las mujeres muestren sus pechos en la calle?

"Si es su opción no tengo reparos en eso. Creo que usted me lo pregunta en base a la manifestación que hubo de un ministro acá (Freddy Vásquez). Nosotros lo vimos ese caso. El ministro dio las explicaciones pertinentes. Nosotros las estimamos adecuadas porque fue en un contexto según lo que el expresa de jocosidad y desde esa perspectiva vimos que no había hechos que ameritaran una investigación disciplinaria o la aplicación de sanciones. En todo caso, desde mi perspectiva personal, creo que tienen el legítimo derecho a hacerlo. Si ellas estiman pertinente, siempre que no infrinjan las leyes o reglamentaciones pertinentes, no le veo problema".

"Si un juez o ministro quiere salir con un letrero a protestar en la calle es su opción, él responderá".

César Panés Ramirez,, presidente de la, Corte de Apelaciones."